La Justicia de Garantías rechazó esta tarde el pedido del intendente Guillermo Montenegro para desalojar  la toma de terrenos municipales en el barrio Las Heras al entender que la presentación no contaba con la suficiente información sobre los usurpadores y la situación.

En el fallo, el juez de garantías Saúl Errandonea, resolvió no hacer lugar  a la solicitud del fiscal Juan Pablo Lódola tras la denuncia de la Municipalidad de General Pueyrredon y abogó por una “solución pacífica”.

Vale recordar que el intendente Montenegro había denunciado el lunes que los terrenos municipales ubicados en la avenida Fortunato de la Plaza entre Reforma Universitaria y Rufino Inda habían empezado a ser ocupados por varias decenas de personas.

Montenegro se presentó ante la Justicia, en la fiscalía N°12, como particular damnificado, para explicar la situación y “poniendo a disposición toda la documentación con la cuenta el municipio”.

Vecinos del barrio Las Heras habían denunciado el domingo a la noche que los terrenos linderos al Polideportivo municipal estaban tomados y el lunes Montenegro se refirió a la usurpación de tierras y dejó en claro la postura del municipio al afirmar que “el que toma un terreno es un delincuente”.

El jefe comunal explicó que la toma se produce en “terrenos que son municipales, pero que además tienen una función específica para OSSE, que tiene que ver con que es un reservorio que se utiliza para los momentos de inundación”.

El fiscal Lódola, como representante del Ministerio Público, y Montenegro, en su carácter de particular damnificado, solicitaron el “lanzamiento” de los ocupantes, término que se utiliza en el sentido de desalojo. Para justificar esa medida, el fiscal aceptó la documentación extendida por el Municipio y citó los distintos agravios con la esperanza de que la Justicia de Garantías autorizara medidas para liberar ese predio.

Sin embargo, el juez Errandonea rechazó el pedido por considerar que no había un informe del riesgo de esas tierras ni tampoco un relevamiento preciso de las personas que las ocuparon, de manera que ordenó se agregue esa información para poder tomar una medida.

“Ya libraron esas órdenes para relevar si hay mayores, menores, mujeres embarazadas, hombres, para poder diseñar, en caso de que se avale un desalojo, un operativo sin riesgos. Asimismo la Municipalidad debe entregar un reporte de Obras Sanitarias en el que se explique qué riesgos generaría para las napas de agua un asentamiento en el ligar”, explicó una fuente consultada por LA CAPITAL.

En la resolución, Errandonea decretó una medida de no innovar para el “la prohibición de ingreso de nuevas personas al predio y que se arbitren las medidas necesarias para procurar un canal de comunicación, transporte y provisión de alimentos, agua y elementos sanitarios y/o médicos para las personas que se encuentran en el lugar”.

Desde el municipio, adelantaron que apelarán la medida, mientras que el fiscal Juan Pablo Lódola analiza si es conveniente. “El juez pidió más información no hubo un rechazo de fondo, por lo cual apelar un pedido de tiempo o más información sería incorrecto”, explicó una fuente judicial