En una sociedad y un Estado que con sacrificio y esfuerzo intentan dejar atrás una de las peores crisis económica y social de los últimos años, alguno de los poderes del Estado parecen no estar a la altura.

El Poder Judicial se ha enquistado como una casta difícil de remover y con sus fallos a veces solo logran retrasar. Es difícil de entender cómo jueces o tribunales laborales aplican sin titubear normas retrógradas que se convierten en máquinas de impedir y perjudicar.

Quienes deberían impartir justicia, con el afán de tutelar o proteger derechos individuales se olvidan de los intereses generales que deberían ser un norte o faro en sus decisiones. Dañar a muchos para supuestamente proteger a uno no se parece mucho a un concepto de justicia integral que las sociedad les debería exigir.

Actualizaciones desorbitadas y sin ninguna lógica del mercado como lo que generó la forzada aplicación del Fallo “Barrios” en los Tribuales locales o las sentencias condenatorias a locatarios frente a obligaciones laborales de los eventuales inquilinos en locales o paseos de compras no parecen ir de la mano de donde apunta nuestra sociedad.

Fallos de este estilo, que abundan en este fuero, ponen en peligro las fuentes de trabajo, a las empresas y al resto de los trabajadores que allí se siguen desempeñando con esfuerzo y dedicación para que todos sigamos avanzando. Sentencias con alguna lógica jurídica pero sin ninguna lógica social definitivamente no es justicia.

¿Será justicia o será el momento de replantear?