La Justicia suspendió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el ente público que regula las concesiones viales y que se encarga del mantenimiento de las rutas, ordenada por decreto del presidente Javier Milei.

La decisión fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, que hizo lugar a una medida cautelar que había presentado el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, uno de los gremios del sector, y significa un revés para el Gobierno de Javier Milei.

La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad fue ordenada por un decreto firmado por el presidente el pasado 7 de julio, el último día de vigencia de las facultades legislativas que el Congreso Nacional le otorgó por un año.

El fallo determina que el Estado Nacional debe “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad del personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.

La jueza Martina Isabel Forns consideró que el ente, que es autárquico y fue creado por ley hace 93 años, no está incluido en la delegación de facultades legislativas con las que contó Milei.

En sus planteamientos, la jueza Martina Isabel Forns se refirió a los trabajadores como un sector “socialmente vulnerable” e hizo lugar a los reclamos por la “posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria” derivados de “eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales”.

Por eso, determinó: “Esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permite justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

De acuerdo con datos oficiales, en la Dirección de Vialidad Nacional trabajan 5.194 personas. El organismo está encargado de controlar el cumplimiento de los contratos de concesión de autopistas y carreteras nacionales administradas por empresas privadas.

El decreto 461/2025 ordenó también el cierre inmediato de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismos que no se verán afectados por la decisión de la jueza.