El martillero que está imputado en el marco de la investigación por la compra fraudulenta de cocheras y departamentos en subastas judiciales del edificio Semar XI dijo que se “equivocó” en esas operaciones y que no actuó en connivencia con ninguno de los compradores. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una supuesta “liga de compradores” que actúa como mafia a la vista de todos en los remates judiciales realizados en la ciudad.

El martillero, imputado por “partícipe de estafa procesal” declaró este lunes en la Fiscalía de Delitos Económicos y deslindó cualquier tipo de intencionalidad en el hecho que se investiga.

Sin embargo, para el fiscal Javier Pizzo el martillero está involucrado en cinco transacciones ya que considera que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de la colaboración prestada por el martillero, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia”.

Además, para el fiscal Pizzo el martillero “no respetó el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitió que se consumaran las maniobras y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.

En los próximos días, el fiscal Pizzo dará por finalizada la instrucción y solicitará que tanto el martillero, como otras seis personas, van a juicio oral por el delito de “estafas procesales”

La fiscalía investiga siete casos de fraudes vinculadas a remates de cocheras del edificio Semar XI.

Cocheras a subastas judiciales

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores.

El rol de martillero

La actividad del martillero es fundamental en toda subasta. La hipótesis del fiscal es que, durante estos hechos investigados el martillero favorecía a los otros imputados durante las subastas judiciales y permitía que compraran las cocheras a un precio muy por debajo del valor de mercado.

Según consta en la causa, el martillero permitía visibles amenazas que realizaban algunas personas a otros compradores durante la subasta y, además, dejaba que algunas personas realizaran “ridículas” ofertas solo para aumentar el valor de una propiedad y ahuyentar oferentes, para finalmente retirarse de la misma.

De esta manera, una propiedad que era subastada y que había alcanzado un valor elevado, luego era rematada a un valor mucho menor, en una nueva subasta de la que sólo participaban los imputados.

Según explicó el fiscal Pizzo, la irregularidad es que, cuando un oferente que ganó una subasta luego retira la oferta, no se puede comenzar un nuevo remate sin la autorización de un juez, algo que demora algunos días.
Si bien para la hipótesis fiscal, el martillero actuó con intención de esta manera, el imputado declaró que sólo se “equivocó”.

La Liga

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.