La Fiscalía N°5 abrió una casa para investigar la posible existencia de una “liga inmobiliaria” de compradores en subastas judiciales que, mediante a extorsiones, amenazas y coacciones conseguirían adquirir propiedades a un precio muy por debajo que el del valor del mercado.

Luego del fallo del juez de la Cámara de Apelaciones Ricardo Monterisi en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 y de que la Fiscalía de Delitos Económicos manifestará la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, la Fiscalía General dispuso que el fiscal Alejandro Pelegrinelli investigara la posible existencia de otros delitos, como coacción, extorsión o amenazas.

“La existencia de una liga de compradores es histórica y así es como funciona al sistema de subastas judiciales, es como siempre se reguló”, dijo una alta fuente judicial consultada por LA CAPITAL, quien, si bien se mostró entusiasmada porque la Fiscalía General comience a investigar seriamente el asunto agregó: “Una cosa es saber que existe, otra es demostrar si es delito”.

“Demostrar si es delito” no es sencillo en este caso. Como tampoco es sencillo demostrar si el accionar de esta supuesta “liga de compradores” se hace de manera sistemática con una metodología definida. De comprobar esa situación sostenida en el tiempo estaríamos frente a una asociación ilícita operando a la vista del poder judicial.

La investigación del fiscal Alejandro Pelegrinelli se suma a otra causa que tiene la lupa puesta en la “liga de compradores”, en la que la Fiscalía de Delitos Económicos ya imputó a siete personas por la compra fraudulenta de cocheras del edificio Semar XI en subastas judiciales.

En esa investigación -que también tiene su inicio en el fallo del juez Monterisi- el fiscal Javier Pizzo se había centrado en siete casos de estafas procesales para que cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- llegaran a remate judicial.

Hasta el momento, el fiscal Pizzo imputó por “estafas procesales” al mandatario del consorcio que administra el edificio Semar XI y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a tres compradores.

La causa fue sumando pruebas y, tras el análisis de videos por el desarrollo de otros remates judiciales en los que se habría desarrollado la actividad de manera irregular, el fiscal Pizzo evalúa imputar a otras personas e incluso ampliar la calificación del hecho.

Hay siete imputados por operaciones fraudulentas en el edificio Semar XI.

Una investigación integral

Como ya publicó LA CAPITAL, existieron antecedentes de esta supuesta “liga de compradores” que opera en remates judiciales y que fue denunciada en más de una oportunidad por personas que quisieron participar de esos remates y se sintieron coaccionadas para ejercer su derecho de comprador con libertad.

Esas causas fueron desestimadas en su momento ya que, para los fiscales competentes, no hubo un hecho delictivo que mereciera una investigación.

Sin embargo, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos por “estafas procesales”, Pizzo en un escrito le había manifestado al fiscal general Fabián Fernández Garello la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, conocida públicamente bajo el nombre de “La liga”.

Es que, para el fiscal Pizzo, lo que advirtió en los videos y en su investigación excede a “actitudes coactivas independientes” y podrían estar enmarcadas en una actividad de una sociedad ilícita que perdura en el tiempo.

Pero, como la coacción durante una compra en un remate judicial ya fue desestimada en su momento por un fiscal independiente, Pizzo le manifestó al fiscal general Fernández Garello la “necesidad de englobar las acciones en una investigación con una mirada integral” para poder desenmascarar a una organización delictiva que opera a la vista de toda una ciudad y el sistema judicial.

El fallo de Monterisi que desenmascara a “La Liga”

Las estafas investigadas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

Para el fiscal Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron “acciones ejecutivas fraudulentas” con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez civil y comercial, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en un fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente a ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descrito, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales en Mar del Plata.