Los cuatro hombres acusados de liderar “La Liga” y haber violentado subastas judiciales se negaron a declarar y si bien todos se encuentran detenidos, solo Héctor Monteros está encerrado en la Unidad Penal 44 de Batán mientras que Oscar Larluz, Luis Puga y Adolfo Salminci se encuentran con prisión domiciliaria. Ante esta situación, el abogado que defiende a Monteros, Cristian Moix, solicitó su excarcelación o, al menos, una morigeración en sus condiciones de detención.

“Los verdaderos responsables están con arresto domiciliario“, dijo Moix al ser consultado por LA CAPITAL y consideró que Monteros es el único detenido por ser el más joven de los cuatro señalados como líderes de la asociación delictiva y tener 57 años, una edad que no sería suficiente para justificar el arresto domiciliario.

Además, Moix agregó que Monteros “no tuvo casi vinculación con remates judiciales en cinco años”, pero sí reconoció que ha realizado “algunas compras dentro del Colegio de Martilleros”.

Según la investigación realizada por el fiscal Alejandro Pellegrinelli y el Cuerpo de Instructores de la Fiscalía General (CATI), Monteros entre el 2013 y 2018 ganó 75 subastas judiciales, 23 para sí mismo y 52 para terceros, por un total de 40.121.950 pesos.

“Monteros no tuvo nunca nada que ver con apretar  gente, ni subastas fraudulentas ni tampoco es un gran inversor”, explicó su abogado defensor y agregó: “Lo tienen solo detenido a él, cuando en 30 años jueces civiles y el Colegio de Martilleros no vieron nunca nada, no denunciaron nada”.

El CATI creó una carpeta digital en un drive de Google para que todas las partes pudieran acceder a la voluminosa investigación. El martes la causa llegará a manos de los abogados y, además, comenzarán a declarar las 31 personas que se encuentran imputadas, entre ellas abogados y empresarios de la ciudad.

Monteros, quien se desempeña como gerente de seguridad de barrios privados, está imputado por “asociación ilícita” y “tenencia ilegal de arma de guerra” y continuará detenido en la Unidad Penal 44 de Batán mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales consultadas por LA CAPITAL informaron que paralelamente a la causa que lleva Pellegrinelli la Justicia Federal abrió un expediente para investigar los posibles casos de lavado de activo y organización ilícita, lo que complicaría aún más la situación de los imputados.

La causa que investiga el accionar de “La Liga” se centro en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 3 de octubre de 2018, donde supuestamente un grupo de personas -liderados por Larluz, Praga y Monteros y otro por Salminci- habrían cometido plurales delitos en el ámbito de las subastas judiciales, en la sede del Colegio de Martilleros, con el fin de hacerse del total o parte de bienes inmuebles rematados al valor más bajo posible o al menos inferior al que una puja libre hubiere determinado.

Según consta en la causa, “sus conductas no solo afectaron el normal desarrollo de la administración de la justicia al menguar y mancillar la seriedad y transparencia de su actuación, perjudicando el patrimonio de acreedores y deudores, la libertad y en algunos casos la integridad moral y física de terceros, sino que también desde el punto de vista impositivo causaron un quebranto a las arcas públicas nacionales y provinciales a partir de la percepción de importantes comisiones por su intervención forzosa e ilegal o bien de las ostensibles diferencias económicas obtenidas en posteriores transacciones simuladas con los bienes adquiridos en las subastas judiciales, cuyos montos reales se desconocen y que, por lo tanto, habrían escapado a todo tipo de control impositivo del Estado, transformando la subasta judicial en un ámbito propicio al lavado de activos”.

Las maniobras empleados por “La Liga” 

• Desalentar ilegítimamente a eventuales postores o captar a posibles interesados para que compren forzadamente a través de ellos.
• Favorecer a personas interesadas en adquirir la propiedad subastada recurriendo al expediente de no pujar a cambio de una “comisión”.
• Lograr que las subastas de base alta sean declaradas desiertas, absteniéndose deliberadamente de pujar e impedir que otras personas ajenas a la organización pudieran ofertar, para que se realicen nuevas subastas a menos precio.
• A la inversa de la anterior, subir el precio de la subasta con ofertas ridículas y exorbitantes al solo efecto que los otros legítimos interesados no resultaran ganadores. Luego, el “ganador” de esa subasta explica que no tiene dinero para pagarla, por lo que el bien se adjudica a otro oferente o se debe realizar de nuevo la subasta.
• “Blindar” la sala de subastas del Colegio de Martilleros para impedir el ingreso de terceros al recinto, para que uno de los integrantes de la organización ofertara en soledad, como único postor, sin contendientes.
• Abusar de la situación de vulnerabilidad e inexperiencia de los deudores propietarios de inmuebles que se rematan.
• Arreglar de antemano la suerte de la subasta y el valor final del bien.