El nivel de morosidad en las cuotas de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, durante el primer cuatrimestre, promedia “el 11 por ciento, con picos que llegan al 14 por ciento en el conurbano“, señaló a LA CAPITAL el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita.

De acuerdo a ese relevamiento, detalló que en el interior del territorio bonaerense la estadística de morosidad es menor, ya que ronda el 8 %, mientras que los picos del 14 se reflejan en el Conurbano, con lo cual el promedio alcanza el 11 por ciento.

La cifra fue catalogada como “alta”, ya que es similar a la que la entidad registró “en 2022”, después de la cuarentena por la pandemia del Covid, mientras que la estadística histórica fue “siempre de alrededor del 4 por ciento”, detalló. Si bien Zurita consideró que la situación es consecuencia de “múltiples factores, empezando por el contexto socioeconómico“, analizó que el tema tiene relación directa “con los empleos” y la informalidad, que “no cuentan con paritarias”.

Aunque desde Aiepba no tienen desglosada la morosidad en General Pueyrredon, calculó que el índice es “similar en todos los grandes centros urbanos del país”.

La provincia de Buenos Aires cuenta con “más del 40 por ciento” de las matrículas en instituciones educativas de gestión privada.

En General Pueyrredon, hay “361 establecimientos de gestión privada”, entre los cuales se encuentran instituciones del nivel primario, secundario, superior, educación especial, formación profesional y secundaria técnica, nucleadas en Aiepba.

Cuidados

Ante la situación descripta, desde la entidad comenzaron a implementar diversas estrategias, aunque aclararon que cada establecimiento tiene una realidad distinta.

“Nosotros seguimos los temas, implementando planes de pago y ampliando en la medida de lo posible porque el cupo ya está completo, las becas”, contó Zurita.

Además, destacó: “No todas las escuelas tienen la misma espalda económica y financiera. Hay algunas que pueden afrontar la situación, pero otras están al límite”.

En ese sentido, advirtió: “Hay un atraso en los aranceles, porque tenemos que esperar la actualización del gobierno bonaerense para las actualizaciones. De los casi 7 mil establecimientos de gestión privada en la provincia, 4.400 cuentan con subvención, por eso no pueden aumentar por su cuenta”.

La cuestión de los valores de las cuotas tiene un arrastre que viene del año pasado: “A fines de 2025, no se acordó la paritaria y pasó a enero. El gobierno y el Frente Gremial arreglaron la paritaria con aumento retroactivo a diciembre, cuando en enero no hay clases ni ingresos y muchas escuelas para pagar el aumento y los aguinaldos debieron recurrir a préstamos”, consignó.

Así las cosas, Zurita detalló que muchas instituciones “arrastran problemas financieros y tenemos que recuperar esos meses atrasados”. Por esa razón, pidieron al gobierno provincial un “aumento prorrateado de acá a fin de año, porque también somos conscientes que no podemos cargar todo de golpe a las familias”.

Otra de las problemáticas que atraviesa el sector, “aunque no es nueva”, aclaró, es la baja de la natalidad. “Es un problema estructural, ya que en los últimos cinco años nacieron 400 mil niños menos, que son 400 mil personas menos en el sistema educativo”, explicó.

A entender de Zurita, la situación “no se va a revertir, sino que se va a profundizar”, por lo que el sector que representa lo sentirá. “En el Estado van reubicando a los docentes, pero en una institución privada, si la matrícula disminuye, sus ingresos también y, por ende, la planta de personal docente y no docente”, detalló.

Finalmente, analizó que el sector enfrenta “un cóctel complejo, con atraso en las cuotas, aumento de los servicios y gastos de mantenimiento y morosidad en las cuotas”.