Por Bruno Verdenelli
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La detención de un adolescente de 16 años acusado de participar en una violenta “entradera” en el barrio San Carlos volvió a poner en primer plano, la semana pasada, la participación de menores en hechos delictivos graves en Mar del Plata. Pero también dejó expuesto otro fenómeno que preocupa a quienes trabajan en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil: la utilización de jóvenes por parte de delincuentes mayores para cometer robos.

El fiscal Marcelo Yanez Urrutia, integrante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, advirtió públicamente en los últimos días sobre un incremento de situaciones en las que adultos involucran a adolescentes en hechos delictivos. Según explicó, en ocasiones termina aprehendido el menor mientras los mayores consiguen escapar. El caso de San Carlos fue uno de los ejemplos recientes.

El dato adquirirá una dimensión diferente desde el próximo sábado, cuando comience a regir en todo el país la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil. La norma establece que las personas de entre 14 y 18 años quedan comprendidas en el sistema de responsabilidad penal adolescente cuando se les atribuya la comisión de un delito.

La “entradera” en el barrio San Carlos, registrada en un video tomado por una cámara de seguridad, funciona como un claro ejemplo de lo que ocurre en la ciudad en materia delictiva.

Pero la reforma no solamente incorpora a los adolescentes que antes eran no punibles. También modifica sustancialmente el universo de hechos que hasta ahora podían quedar fuera de una persecución penal efectiva por la edad del acusado y por la escala de la pena prevista para el delito.

El resultado que esperan en los tribunales marplatenses es, por lo tanto, lógico: un aumento de las causas. Y allí aparece la principal preocupación: la estructura judicial deberá atender un universo mayor de expedientes sin que hasta ahora haya recibido un incremento equivalente de recursos.

Actualmente funcionan cuatro fiscalías especializadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata. Cada una tramita alrededor de 400 causas anuales, es decir, unas 1.600 en conjunto. Para el volumen actual, la cantidad de personal es considerada adecuada. Pero la situación puede cambiar a partir del sábado.

No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal ya se solicitó la incorporación de más recursos humanos ante la perspectiva de que buena parte de las investigaciones que hasta ahora terminaban archivadas deban continuar indefectiblemente. El pedido, según pudo saber LA CAPITAL, todavía no tuvo una respuesta concreta.

Causas que antes se archivaban

La modificación del régimen no implica solamente que los adolescentes de 14 y 15 años pasarán a ser alcanzados por la responsabilidad penal.

Hasta ahora, el régimen de la Ley 22.278 establecía que los menores de 16 años no eran punibles y contemplaba, además, determinados supuestos en los que las investigaciones contra adolescentes podían ser archivadas en función de la pena prevista para el delito.

La Ley 27.801 deroga ese régimen y establece la responsabilidad penal desde los 14 años para los delitos contemplados en el Código Penal y las leyes especiales.

En la práctica, esto significa que investigaciones por hechos que hasta ahora podían no avanzar por la edad del adolescente o por tratarse de delitos de menor escala pasarán a tener otro tratamiento.

Desde la Justicia de Garantías de Menores explican que allí estará uno de los principales impactos de la reforma. Delitos como “daños” y “hurto” (habituales, por ejemplo, en las roturas de portones de garajes, hechos por los cuales muchas veces fueron atrapados menores no punibles durante los últimos años) que anteriormente no ingresaban efectivamente al sistema penal juvenil podrán ahora generar una investigación.

Un dato aportado desde ese ámbito permite dimensionar el cambio: en una sola jornada reciente, una magistrada del fuero firmó alrededor de 40 archivos de causas, muchas de ellas por este tipo de casos. Una parte de esas investigaciones, según explicó, ya no podría tener entonces el mismo destino con el nuevo régimen.

La consecuencia será inevitable: más expedientes para un sistema que ya pidió que se amplíe su estructura.

No todos terminarán presos

El aumento de causas no significa necesariamente que todos los adolescentes de 14 y 15 años que sean aprehendidos quedarán privados de su libertad.

En el fuero señalan que deberán aplicarse criterios de oportunidad y razonabilidad y que la respuesta judicial dependerá de las características de cada hecho. La propia Ley 27.801 contempla mecanismos alternativos a la continuidad del proceso, como criterios de oportunidad, mediación y suspensión del proceso a prueba en los supuestos previstos por la normativa.

La cuestión será determinar, en los primeros meses de aplicación, cuántos adolescentes efectivamente ingresarán al sistema y cuántos de ellos quedarán sujetos a medidas restrictivas de su libertad.

La diferencia es particularmente importante en los delitos de menor cuantía. En los hechos graves, en cambio, el panorama será distinto.

El propio fiscal Yanez Urrutia explicó tras la “entradera” de San Carlos que la privación de la libertad se reserva para situaciones de mayor entidad -como esta- y que en los casos graves puede solicitarse la prisión preventiva. El adolescente de 16 años detenido por ese hecho no declaró y quedó a disposición del Fuero Penal Juvenil.

A partir del sábado, ese mismo procedimiento podrá alcanzar también a jóvenes de 14 y 15 años. En suma, si en un caso como aquél en vez de estar incriminados jóvenes de 16 años los hubiera habido no punibles, el expediente hubiera quedado archivado en el fuero de Menores y hubiera sido derivado directamente a la Justicia de Mayores, para que trate la situación procesal de los adultos.

Ahora, con la ampliación de la edad de imputabilidad, el margen para que más hechos deban ser investigados por la Justicia de Menores, con -ni más ni menos- los mismos recursos que tenía hasta ahora, crece, a las claras.

El problema siguiente

El verdadero interrogante, sin embargo, aparece una vez que termina la intervención estrictamente judicial.

La nueva ley no plantea solamente una respuesta punitiva. Entre sus objetivos incluye la responsabilidad, la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes. También contempla herramientas vinculadas con la educación, la capacitación laboral, el deporte, la salud, el tratamiento psicológico y la inserción social.

Ahí es donde quienes trabajan cotidianamente con menores en conflicto con la ley penal advierten una de las principales dificultades para la implementación.

La reforma amplía la cantidad de adolescentes que podrán ser sometidos a un proceso penal, pero a la vez, no hubo un crecimiento equivalente de la estructura destinada a trabajar con ellos una vez que interviene la Justicia.

Según las fuentes consultadas, no se ampliaron las plazas disponibles en los institutos donde son alojados los adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil, ni se dispusieron nuevos. Y es más: en los establecimientos locales, inclusive, hay internos que son trasladados desde otras localidades de la provincia, lo cual hace que estén colapsados y que sus condiciones de recepción sean preocupantes.

El propio Yanez Urrutia también lo señaló públicamente en los últimos días. Y el problema no termina allí…

En Mar del Plata también se advierten dificultades para realizar los traslados de los adolescentes aprehendidos por falta de vehículos suficientes y problemas de infraestructura en los organismos que intervienen en el fuero. Entre ellos, las fuentes consultadas por LA CAPITAL para la realización de este informe señalaron que la Asesoría de Menores, que depende de la Suprema Corte bonaerense, ni siquiera dispone de un espacio físico adecuado para desarrollar su tarea en la ciudad.

El Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán mantiene la misma capacidad y condiciones de alojamiento preocupantes.

La estructura judicial, además, tampoco tendría por ahora un refuerzo equivalente al aumento de causas que se espera.

Adultos que utilizan a jóvenes

En ese escenario aparece uno de los aspectos más sensibles de la discusión: qué sucede cuando el adolescente no es necesariamente quien organiza el delito, sino que es utilizado por personas mayores.

La advertencia fue formulada públicamente por Yanez Urrutia a partir de distintos hechos investigados en la ciudad. El fiscal sostuvo que observa un incremento de la participación de mayores que utilizan a jóvenes y menores para cometer robos y otros delitos. Según explicó, en algunos casos el adolescente termina detenido mientras los adultos consiguen escapar.

El fenómeno agrega una dificultad al nuevo escenario. La baja de la edad de imputabilidad permitirá que esos adolescentes sean investigados penalmente desde los 14 años. Pero una respuesta centrada exclusivamente en el menor no necesariamente permite abordar la estructura delictiva en la que puede estar involucrado.

En ese sentido, el caso de San Carlos funciona como una fotografía del problema que deberá afrontar el sistema desde el sábado: un hecho grave, varios sospechosos y un adolescente entre los aprehendidos.

Yanez Urrutia también señaló que los fiscales del fuero intervienen habitualmente en investigaciones con menores involucrados y que algunas de ellas llegaron incluso a homicidios. Al mismo tiempo, marcó que las edades de los adolescentes vinculados a hechos graves son cada vez menores. Y eso plantea una problemática más: ¿qué pasará si, eventualmente, empiezan a ser aprehendidos jóvenes a más temprana edad?

Un sistema que debe adaptarse

Otro de los interrogantes que existen en Mar del Plata es cómo se instrumentará concretamente el nuevo régimen.
La Ley 27.801 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones procesales y normas administrativas a los principios y garantías establecidos por la nueva legislación.

En la práctica, eso implica que el cambio no termina con la sanción de la ley nacional. Quienes trabajan en el fuero local señalan que todavía existen cuestiones operativas que deberán resolverse.

Entre ellas, qué medidas deberán adoptarse frente a alguien menor de 14 años que sea aprehendido, qué organismo deberá intervenir y cómo se coordinará esa actuación con la Justicia de Familia, los organismos provinciales de niñez y la Municipalidad.

La preocupación se extiende también a la coordinación entre quienes deberán intervenir cuando un adolescente sea detenido: policía, fiscales, jueces, defensores, asesores de menores y organismos provinciales y municipales.

Hasta ahora, conforme trascendió, no hubo ninguna capacitación general que reúna a todos esos actores para establecer un mecanismo de trabajo común. Sí se realizaron, al parecer, reuniones entre integrantes de la Justicia y autoridades provinciales; particularmente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Pero no se confeccionó un esquema integral de implementación, ni nada que se le parezca…

El después

La nueva ley comienza a regir el sábado y la primera consecuencia visible será que adolescentes de 14 y 15 años que hasta ahora eran inimputables pasarán a estar comprendidos por el sistema penal juvenil.

También podrán ingresar al sistema investigaciones por delitos que anteriormente, por la edad del acusado o por la escala penal, terminaban archivadas.

Eso supone más trabajo para las cuatro fiscalías y para los juzgados y organismos que intervienen en el fuero. Por ese motivo ya fueron reclamados nuevos recursos humanos.

Pero la discusión más profunda comienza después. La Justicia podrá investigar más, pero necesitará que el resto del Estado esté en condiciones de acompañar esa intervención.

La nueva normativa establece como objetivos la educación, la resocialización y la integración social. Para cumplirlos se necesitan lugares de alojamiento, equipos profesionales, programas educativos y laborales, atención de salud, seguimiento y recursos para trabajar con las familias y el entorno de los adolescentes.

En Mar del Plata, quienes conocen de cerca el funcionamiento del sistema advierten que esa estructura no creció al mismo ritmo que las obligaciones que ahora tendrá la Justicia.

La pregunta que comenzará a responderse desde el sábado, entonces, no es solamente cuántos adolescentes serán aprehendidos a partir de los 14 años. Es también qué hará el Estado con ellos después de la aprehensión y si tendrá las herramientas necesarias para evitar que el paso por la Justicia sea apenas una estación más de un circuito que vuelve a llevarlos al delito.