En la sesión pública especial del Concejo Deliberante convocada para mañana para tratar el caso de Emiliano Giri los bloques de la oposición solicitarían la expulsión del gabinete del funcionario detenido en La Plata.
El presidente del Cuerpo Deliberativo, Guillermo Sáenz Saralegui, firmó hoy le decreto 81 junto con el secretario Juan Ignacio Tonto, de manera que mañana al mediodía, se llevará a cabo una sesión trascendental.
En su transcurso los distintos bloques opositores, en caso de que se llegue a ese momento sin una medida del Ejecutivo en torno a la continuidad o no de Giri en su cargo, pedirían su destitución.
Así se lo hicieron saber a LA CAPITAL fuentes de distintos bloques, que siguen a la espera de que la gestión de Carlos Arroyo se pronuncie sobre el caso y dé a conocer su versión sobre cuál es la situación del funcionario.
Giri fue detenido por orden de la Justicia de La Plata en el marco de una investigación de irregularidades en contratos del Astillero Río Santiago.
El empresario y funcionario de la Municipalidad de General Pueyrredon, mano derecha del intendente Arroyo, está acusado de partícipe necesario en el delito de peculado. Fue trasladado en las primeras horas de hoy a La Plata.
La megacausa surgió cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo –un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de 30 mil pesos mensuales en Astilleros. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar la existencia de los “ñoquis”.
Entre los beneficiarios de estas maniobras se encontraría Giri, quien fue detenido en su domicilio de la calle San Luis, frente a la Plaza Mitre.
En rigor, lo que investiga la fiscalía es la participación de altos funcionarios de Astilleros en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes “truchos”. Fuentes de tribunales anticiparon que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astilleros.
Si bien la fiscalía realizó un recorte de 58 legajos con el fin de delimitar el análisis de la prueba a demostrar, se sospecha que podrían existir un total de 300 empleados “ñoquis” que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años, o en determinados períodos de ese mismo lapso. Los operativos que permitieron hacerse de esa evidencia fueron librados por el juez de garantías Nª 6 de La Plata, Fernando Mateos, a pedido del fiscal Paolini. En tribunales, también investigan una posible vinculación con el presidente de Astilleros Río Santiago, Héctor Scavuzzo, según se desprende de las actuaciones incorporadas al expediente. Ocurre que el máximo referente de Astilleros reside en la zona aledaña a la del denunciante, en Coronel Pringles. Y la fiscalía habría acreditado una serie de contrataciones irregulares de similar factura.