Cámaras y armadores de la pesca fresquera elevaron esta semana una extensa nota al Consejo Federal Pesquero (CFP) en la que formalizaron el pedido para declarar la emergencia en la actividad y, además, reclamaron la intervención del Gobierno nacional para frenar la crisis que atraviesa el sector.

Luego de la suspensión de una reunión pactada para mediados de mayo, en medio de múltiples reclamos de los gremios y titulares de embarcaciones, este miércoles un grupo de empresas e instituciones de la cadena pesquera fresquera fue recibido por el órgano colegiado en sus oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo del encuentro, según explicaron en un comunicado, fue reiterar “la situación critica del sector” en cuanto a la falta de rentabilidad y el perjuicio que viene generando el aumento de combustible (superior al 80%) y la falta de desregulación en la operatoria del sector (más de 143 tramites), lo que “ha agravado” la crisis del sector.

“La situación ya no admite diagnósticos parciales, respuestas tardías ni medidas meramente simbólicas. Hemos dicho basta. No claudicaremos hasta que se escuche nuestra voz”, señalaron en la nota que entregaron a las autoridades.

Desde el sector advirtieron que está comprometida “la continuidad de un sector centenario, de capital nacional, generador de empleo argentino y de valor agregado en tierra”.

También recordaron que la pesca fresquera forma parte de “la historia productiva nacional”, y de Mar del Plata en particular, y que los problemas actuales son el resultado de décadas de “decisiones equivocadas”.

“Hoy sentimos que se nos sigue ignorando. Por eso esta presentación no constituye un reclamo coyuntural: es una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial”, afirmaron.

“No venimos a echarle la culpa de todo al Gobierno. También asumimos nuestra propia responsabilidad”, expresaron los empresarios admitieron y remarcaron que “la crisis no es nueva”, sino que la pesca fresquera “arrastra más de dos décadas de descapitalización, caída del valor agregado, costos dolarizados, regulaciones obsoletas y estructuras laborales y administrativas ancladas al pasado”, aunque afirmaron que “la actual política económica no causó la crisis” sino que “la desnudó” y “la agravó”.

Enseguida, añadieron que “el Estado terminó de empujarla al abismo” mediante decisiones que afectaron directamente la competitividad del sector.

Entre los principales factores mencionaron el “aumento del 500%” Derecho Único de Extracción, el incremento de la Tasa de Asignación Inicial de Merluza, la suba del gasoil, la continuidad de los derechos de exportación, las demoras en las devoluciones de IVA y la persistencia de una elevada carga burocrática.

“Hoy ya no estamos pidiendo que nos salven. Cuando el barco todavía está a flote, es salvavidas sirve. Cuando el sector está veinte metros debajo del agua, se necesita un buzo para el rescate”, advirtieron.

La presentación incluye un diagnóstico económico sobre la actividad. “La rentabilidad operativa de un fresquero merlucero de 3.000 cajones, que en 2018 podía ubicarse en torno al 20%, cayó a valores negativos cercanos al 21% e incluso al 30% por efecto del combustible”, apuntaron.

Por otro lado, afirmaron que el costo laboral sobre facturación pasó de entre el 32% y el 54%, mientras que los costos de descarga crecieron significativamente y el poder de compra de una tonelada de gasoil se redujo alrededor del 52%.

El documento también advierte sobre las consecuencias en tierra. “El cierre de plantas de fileteado, fasoneras y conserveras reduce oferta de procesamiento, inmoviliza pescado fresco, destruye empleo y deteriora el valor agregado”, sostuvieron.

Según el texto, el valor agregado de las exportaciones pesqueras habría descendido desde niveles cercanos al 50% a menos del 20%, mientras que varias plantas procesadoras de Mar del Plata presentan actualmente rentabilidades negativas.

Otro de los reclamos es la creciente participación de buques congeladores en la flota nacional. “Argentina exhibe además una anomalía mundial: alrededor del 46% de la flota está integrada por buques congeladores, más del doble que España, cinco veces más que Noruega y veintitrés veces más que Islandia”, remarcaron.

Luego, destacaron: “El problema no es el modelo. El problema somos nosotros: regulaciones ineficaces, costos incompatibles, impuestos asfixiantes, falta de incentivos, desregulación inexistente y decisiones administrativas que desalientan las cadenas de valor”.

Medidas concretas

Los empresarios reclamaron que la crisis sea abordada por el Gobierno nacional y solicitaron una serie de medidas concretas.

Entre ellas figuran la declaración de la emergencia pesquera fresquera, la eliminación de los derechos de exportación y la reducción del Derecho Único de Extracción a valores de 2018.

Por otro lado, solicitaron la implementación de un gasoil productivo sin impuestos, la devolución ágil del IVA, líneas de crédito para modernización de flota y plantas, desregulación operativa y la conformación de una mesa ejecutiva permanente entre Nación, provincias y sector privado.

También exigieron “el archivo definitivo del Proyecto de Optimización Productiva de Merluza”, al considerar que podría favorecer el traslado de cuotas desde buques fresqueros hacia congeladores.

Finalmente, reclamaron: “El Consejo Federal Pesquero tiene en sus manos la decisión de ser el vehículo que ayude a reconstruir este sector centenario, o el responsable de firmar su acta de defunción”.

Los firmantes solicitaron una respuesta institucional urgente, con “medidas, plazos y responsables”, y advirtieron que la situación “ya no admite más demoras”.