El presidente Alberto Fernández, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad, los medios, comunicadores independientes y voces autorizadas concuerdan en que la única “vacuna” para evitar que el coronavirus se propague es el aislamiento social, por eso el decreto de necesidad de urgencia para obligarlo en todo el territorio nacional y, por eso, la bronca de todos cuando las personas incumplen esa medida: quedarse en sus casas y no circular.

Desde la Policía Federal informaron que a partir de este jueves se incrementarán los controles y se endurecerán los operativos para identificar a las personas que circulan por la calle, notificarlas por incumplir con el decreto de necesidad urgencia e imputarlas por violar los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino.

Este jueves por la mañana, la Policía Federal realizó un operativo de control en la Costa, en el Parque San Martín, del que estuvo presente el jefe de área II Mar del Plata, comisario inspector Luis Ferreira,el comisario Ricardo Villarreal, jefe de Delegación Mar del Plata, y el comisario Gustavo Navarro, jefe de Apoyo Operativo Policía Federal.

En las primeras horas del operativo, la Policía Federal notificó a unas veinte personas que salieron de sus casas sin motivo y autorización, infringiendo abiertamente el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Los principales motivos que dieron los vecinos y vecinas que fueron este jueves a la costa y al Parque San Martín es que estaban “aburridos” de estar en sus casas y “el día estaba lindo”. “Los infractores salen a pasear porque no aguantan el encierro, no entienden la gravedad de la situación”, expresó una fuente consultada que participó del operativo.

Cabe recordar, que quienes violan el aislamiento podrían ser penados hasta con 2 años de prisión.

El artículo 205 hace referencia a toda persona que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, en este caso particular el coronavirus. En este artículo se prevé una pena en expectativa que va desde los seis meses de prisión a los dos años.

Por su parte, el artículo 239 del Código Penal “reprime” con prisión de quince días a un año a toda persona que resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia a requerimiento de aquel, o en virtud de una obligación legal.