Muchas son las cosas que estamos viviendo hoy y que parecían inimaginables poco tiempo atrás.

Sin ir más lejos, en estos días podemos ver en nuestra provincia como la política ha decidido aplicarse un ajuste y dar el ejemplo mediante dos avances institucionales fundamentales como son la eliminación de las jubilaciones “de privilegio” y la exigencia de que todos los funcionarios públicos bonaerenses presenten declaraciones juradas patrimoniales, dos demandas sociales reclamadas desde hace décadas.

A partir de ahora los gobernadores, vicegobernadores, diputados y senadores provinciales deberán jubilarse en las mismas condiciones de edad, servicios y porcentaje que el resto del personal de la administración pública.

Por otro lado todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo y un sinnúmero de entidades extrapoderes (empresas estatales, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, entes reguladores, organizaciones receptoras de subsidios o aportes, funcionarios encargados de habilitar o controlar el ejercicio de cualquier actividad, entre muchos otros) deberán presentar ahora declaraciones juradas patrimoniales, que serán públicas y de libre acceso para la población, que las podrá consultar por internet.

Para el Poder Judicial y los poderes municipales la ley será obligatoria sólo si éstos adhieren a la misma, lo cual descontamos que ocurrirá.

Una gran novedad es que esta obligación se extiende ahora a los candidatos a puestos electivos provinciales.
Todas estas reformas son estructurales y permanentes; no hay aquí maquillaje ni oportunismo.

Jubilciones de privilegio

Las jubilaciones de privilegio constituían una inaceptable violación al principio de igualdad ante la ley y restaban credibilidad a los dirigentes políticos en general, situaciones que no sólo afectan la representatividad sino que resienten la gobernabilidad en momentos en que resulta imperioso un reordenamiento institucional y económico que requiere decisiones políticas difíciles y a veces directamente impopulares.

No es razonable ni ético, y quizás ni siquiera legítimo, que la dirigencia política pretenda de la sociedad un compromiso que ella misma no asume.

Por otro carril, el nuevo régimen de declaraciones patrimoniales, amplísimo, público, libre y gratuito, constituye una herramienta fundamental en el combate contra la corrupción desde un enfoque preventivo, al promoverse y facilitarse la vigilancia ciudadana y atacar la sensación previa de impunidad que pudiera sentir un funcionario.

Sin duda alguna estas leyes fortalecen el sistema republicano que adopta nuestra Constitución Nacional al robustecer algunos de sus principios como son el de igualdad ante la ley, transparencia y publicidad de los actos de gobierno y responsabilidad de los funcionarios públicos.

No está de más recordar que estas políticas se encuadran en un marco institucional que comenzó con la limitación de la reelección de todos los cargos electivos provinciales, que estableció incompatibilidades de cargos, que recortó el presupuesto de la legislatura provincial y que adoptó medidas de responsabilidad fiscal, por enumerar sólo algunas.

En un contexto tan auspicioso, y luego del fuerte cambio de aire que han hecho posibles reformas tan trascendentales, creemos que existen condiciones más que propicias para insistir con algunos de nuestros proyectos de transparencia institucional como la Ley Antinepotismo o la Ley de Fueros.

La política está haciendo su parte y pretendemos contribuir a que así siga siendo.