En la política suele ocurrir que las discusiones se vuelven abstractas. Se habla de subsidios, equilibrio fiscal, eficiencia del gasto, transferencias, fondos fiduciarios y una larga lista de conceptos que terminan perdiendo contacto con la vida cotidiana. Hasta que alguien pone un número sobre la mesa. Eso es lo que acaba de ocurrir con el debate por la exclusión de General Pueyrredon del régimen de Zona Fría. Mientras el Gobierno nacional avanza con la revisión del esquema de subsidios al gas, que deberá finalmente ser tratado en el Senado, un informe elaborado por el economista Carlos Guillermo Schwartzer comenzó a circular entre empresarios, funcionarios, legisladores y dirigentes políticos de distinto color partidario. El dato que más llamó la atención no fue el porcentaje de aumento que podrían sufrir las boletas. Tampoco el detalle técnico de la normativa. Más de uno se sorprendió al conocerse el dato en el agasajo a la prensa realizado por la UCIP a la prensa.

Lo que encendió las alarmas fue otra cifra: entre 28.000 y 32.000 millones de pesos anuales dejarían de permanecer en los bolsillos de los usuarios marplatenses para terminar en el sistema energético nacional, reconoció el titular de la UCIP, Blas Taladrid en el agasajo en el cual estuvo secundado por Diego Mulé, Eduardo Mayer, Adriana Ferreiro, Eduardo Porta y Juan Pablo Uriona. La cifra es tan grande que cuesta imaginarla. Son aproximadamente 2.500 millones de pesos por mes que dejarían de circular en la economía local. Dinero que ya no se gastaría en los centros comerciales a cielo abierto, en los negocios barriales, en gastronomía, en servicios personales, en reparaciones del hogar o en actividades recreativas. Dinero que, simplemente, cambiaría de destino. Por eso el debate empieza a salir del terreno energético para ingresar en otro mucho más sensible: el de la actividad económica. En el municipio observan el tema con creciente preocupación. No porque desconozcan la necesidad de ordenar las cuentas públicas. La administración de Agustín Neme ahora, y antes la de Guillermo Montenegro, han acompañado buena parte de la agenda económica del Gobierno nacional. Pero una cosa es respaldar el objetivo del déficit cero y otra muy distinta explicar por qué una ciudad con inviernos rigurosos debe afrontar aumentos de semejante magnitud.

La cuestión tiene además una particularidad política. A diferencia de otras discusiones que dividen aguas de manera automática entre oficialismo y oposición, la Zona Fría genera coincidencias inesperadas. Intendentes radicales, peronistas, vecinalistas e incluso dirigentes cercanos a La Libertad Avanza comparten un diagnóstico básico: el problema no es solamente cuánto se paga de gas sino qué efecto tiene esa erogación sobre las economías regionales. Mar del Plata no es una ciudad cualquiera dentro del esquema energético argentino. Posee una de las mayores concentraciones de usuarios residenciales conectados a la red de gas del país y registra consumos elevados por razones climáticas. El gas no funciona aquí como un bien de confort. Durante buena parte del año es una necesidad básica. Por eso la eliminación del beneficio impacta directamente sobre la capacidad de consumo de cientos de miles de hogares.

El informe estima que existen alrededor de 250.000 usuarios residenciales conectados a la red en General Pueyrredon. La cuenta política es sencilla. Si una familia debe destinar entre 15.000 y 25.000 pesos más por mes al pago del gas durante los meses de invierno, ese dinero deja de gastarse en otra parte. Y cuando ese fenómeno se multiplica por cientos de miles de hogares, la consecuencia deja de ser individual para convertirse en un problema económico de escala. En las cámaras empresarias ya comenzaron a sacar cuentas. La preocupación no pasa únicamente por los mayores costos energéticos que deberán afrontar los comercios. El temor principal es una nueva caída del consumo. Porque la economía local ya viene soportando una combinación compleja de salarios rezagados, menor actividad y retracción de las ventas. Un golpe adicional sobre el ingreso disponible de las familias podría profundizar una tendencia que preocupa especialmente a los sectores vinculados al mercado interno. Algunos dirigentes comenzaron incluso a hacer comparaciones que buscan poner en contexto la magnitud de la cifra.

Treinta mil millones de pesos equivalen a una masa de recursos capaz de mover buena parte de la actividad comercial de la ciudad durante varios meses. No es un número menor ni una corrección marginal. Es dinero que hoy circula dentro de General Pueyrredon y que mañana podría hacerlo fuera de él. Por eso la discusión empieza a adquirir un volumen político inesperado. En los próximos días probablemente aparezcan nuevos proyectos legislativos, presentaciones judiciales, reclamos institucionales y gestiones que se renovarán ante el Gobierno nacional. Habrá argumentos técnicos de ambos lados y debates sobre la sustentabilidad del sistema. Pero detrás de toda esa ingeniería normativa seguirá apareciendo una pregunta mucho más simple. ¿Cuánto dinero puede darse el lujo de perder una ciudad que todavía intenta recuperarse de años de estancamiento económico? La respuesta, según los cálculos que hoy circulan por los despachos marplatenses, ronda los 30.000 millones de pesos. Y esa cifra, por sí sola, explica por qué el tema ya dejó de ser una cuestión tarifaria para convertirse en un problema político.

La adjudicación del Estadio Mundialista José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas acaba de sumar un nuevo capítulo político y judicial. El fiscal general federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia penal para que se investigue la concesión otorgada por el Municipio a la empresa Minella Stadium SA, integrada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter. La presentación no es menor. Pettigiani pide que se analice si existieron delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El eje central de la denuncia es doble: por un lado, la falta de información pública sobre las obras comprometidas; por el otro, las dudas sobre la solvencia y los antecedentes de la empresa adjudicataria. El fiscal recuerda que la concesión fue aprobada en julio de 2025 por los bloques oficialistas del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica, pese a que existió una sola oferta. La oposición votó en contra y desde entonces varios concejales reclamaron sin éxito acceso al contrato definitivo y a la documentación respaldatoria.

La denuncia también pone la lupa sobre Revee, la firma brasileña que controla el proyecto. Según la presentación, su grupo de origen, REAG, aparece vinculado a investigaciones en Brasil por presuntas maniobras de fraude financiero y lavado de dinero, en el denominado “Caso Banco Master”. Pettigiani sostiene que corresponde determinar si el Municipio verificó adecuadamente el origen de los fondos comprometidos y la capacidad económica real del concesionario. El texto incorpora, además, artículos periodísticos que señalan que, a más de seis meses de la toma de posesión, las obras prometidas siguen sin aparecer, que todavía no se conoce públicamente un plan ejecutivo y que persisten interrogantes sobre el financiamiento del emprendimiento. La pregunta política que sobrevuela el expediente es sencilla pero incómoda: ¿el Municipio entregó uno de los principales activos públicos de Mar del Plata a una empresa sólida y confiable o a un proyecto cuyo respaldo económico nunca fue suficientemente acreditado? La denuncia recién empieza su recorrido judicial. Pero en el tablero político local ya consiguió algo: reabrir el debate sobre una licitación que, desde el primer día, estuvo rodeada de controversias.

De la caída del 25% en los nacimientos en los últimos cinco años en Mar del Plata —tema que ocupó la tapa dominical de LA CAPITAL— y de las múltiples interpretaciones sobre los cambios culturales, sociales y económicos que atraviesa la Argentina, a partir del fenómeno registrado este fin de semana con el último adiós al Indio Solari, se hablaba el domingo en una tradicional peña marplatense integrada mayoritariamente por periodistas que celebraron su día alrededor de una mesa bien servida en el Club 9 de Julio. Entre ensaladas, chorizos, morcillas y anécdotas de redacción, la conversación terminó desembocando en otro asunto que también despierta preocupación y que, de algún modo, habla de la ciudad que somos y de la que estamos dejando de ser: la situación de los supermercados Toledo. Porque hay empresas que son mucho más que una empresa. Toledo es una de ellas. Para varias generaciones de marplatenses, la marca forma parte del paisaje cotidiano. Está en los barrios, en las compras de todos los días, en miles de historias laborales y familiares, y en buena parte de la identidad comercial de Mar del Plata. Por eso, cuando aparecen dificultades, la noticia trasciende los balances y las oficinas administrativas…

La semana pasada se encendieron las alarmas cuando el Sindicato de Empleados de Comercio denunció demoras en el pago de salarios, declaró el estado de alerta y movilización y llevó el conflicto al ministerio de Trabajo bonaerense. La situación generó preocupación inmediata entre los trabajadores y sus familias, pero también en distintos sectores económicos de la ciudad. En las últimas horas llegó una señal de alivio. Tras las gestiones gremiales, la empresa completó el pago de los haberes adeudados y los empleados cobraron la totalidad de sus salarios. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el episodio, el sindicato decidió mantener el estado de alerta y avanzar con una audiencia prevista para este miércoles en el ministerio de Trabajo con el objetivo de obtener precisiones sobre el presente y el futuro de la compañía. Y acaso allí radique el dato más significativo. Porque cuando una demora salarial se resuelve, el conflicto puntual desaparece. Pero cuando persisten las preguntas aun después de regularizados los pagos, la atención se traslada hacia cuestiones más profundas.

En los ámbitos empresariales de Mar del Plata hace años que circulan versiones sobre eventuales interesados en adquirir parte o la totalidad de la cadena. Algunas conversaciones existieron. Otras no pasaron de los rumores. Ninguna prosperó. Lo cierto es que la posibilidad de una venta aparece periódicamente en las conversaciones del sector. La diferencia es que hoy el contexto es otro. Una cosa es evaluar alternativas estratégicas desde una posición sólida y otra muy distinta hacerlo en medio de tensiones financieras, incertidumbre laboral y un mercado cada vez más competitivo. Nadie fuera de la empresa conoce con precisión cuál es la magnitud de las dificultades que enfrenta. Tampoco existen elementos para hablar de una crisis terminal. Pero sí hay una certeza compartida por dirigentes sindicales, empresarios y referentes políticos: cualquier problema serio en Toledo tendría consecuencias que exceden largamente a sus propietarios. Detrás de la cadena existe una compleja estructura comercial, logística e industrial que involucra a cientos de trabajadores directos y a una extensa red de proveedores y servicios vinculados a la actividad. Por eso el tema ya dejó de ser una discusión exclusiva entre una empresa y sus empleados. Lo que está en juego es la salud de una de las pocas marcas nacidas en Mar del Plata que lograron transformarse en un verdadero símbolo de la ciudad. Y cuando una empresa emblemática comienza a generar interrogantes, toda la ciudad mira de reojo. Porque en una economía local que no produce demasiadas buenas noticias, la fortaleza o la fragilidad de sus empresas más representativas también termina funcionando como un termómetro del ánimo colectivo.

Mientras la conversación sobre Toledo monopolizaba buena parte de la sobremesa, otro tema comenzó a recorrer las mesas del Club 9 de Julio con el mismo entusiasmo con que circulaban las bandejas de café y postres. La política, los negocios y las operaciones. Y allí apareció un nombre inesperado, al menos en esta historia. Varios de los presentes comentaban la repercusión que tuvo la denuncia realizada días atrás por Alejandro Fantino sobre distintos aspectos vinculados a la concesión de La Redonda. Como suele ocurrir en estos casos, durante varios días abundaron las especulaciones acerca de quién había acercado la información al conductor y cuáles eran los intereses que se movían detrás de semejante exposición pública. Hasta que uno de los asistentes, habituado a transitar tanto los pasillos de la política como los del sector empresario, lanzó una definición que generó sorpresa en la mesa.
—Ya se sabe quién fue el que operó todo eso.
La expectativa duró apenas unos segundos. Cuando mencionó el nombre, varios de los presentes se miraron entre sí. El apuntado no era ninguno de los que aparecían en las quinielas previas. Ni siquiera alguien vinculado a los sectores que venían siendo señalados en voz baja desde hacía semanas. “Lo dejaron afuera del negocio, salió a operar y ahora manda a disparar y acusar a otros”, precisó el que parecía todo saberlo. La revelación abrió una nueva ronda de especulaciones, preguntas y teorías imposibles de confirmar. Como ocurre siempre en las mejores sobremesas marplatenses.

Pero el comentario derivó rápidamente hacia otro fenómeno que empieza a observarse con creciente frecuencia en distintos ámbitos empresariales de la ciudad. La llegada de jugadores externos. Y fuertes. No se trata únicamente de inversiones aisladas ni de empresarios que desembarcan para proyectos puntuales. Según coinciden operadores inmobiliarios, desarrolladores y algunos dirigentes políticos, en los últimos meses comenzaron a aparecer grupos económicos con capacidad financiera significativa interesados en participar de operaciones inmobiliarias, comerciales y de servicios en distintos puntos de Mar del Plata. El tema surgió también en otro encuentro realizado días atrás entre referentes del sector privado. Allí, un conocido desarrollador inmobiliario local resumió la preocupación con una frase que quedó resonando entre los asistentes.
—Vienen grupos fuertes. Y si acá seguimos con la pavada y las divisiones internas, nos van a comer.
La expresión puede sonar exagerada, pero refleja un diagnóstico que empieza a repetirse en distintos ámbitos.

Mientras sectores políticos, empresariales e institucionales locales continúan enfrascados en disputas internas, aparecen actores con otra escala de inversión, otra espalda financiera y estrategias de largo plazo que observan oportunidades donde otros todavía discuten cuestiones menores. La historia no es nueva. Mar del Plata siempre atrajo capitales externos. Lo novedoso es la magnitud de algunos jugadores que comenzaron a mirar la ciudad y el momento en que lo hacen. Una ciudad con activos inmobiliarios todavía competitivos, enorme potencial turístico, proyectos urbanísticos en carpeta y extensas áreas con posibilidades de desarrollo. Por ahora son movimientos dispersos. Operaciones que aparecen aquí y allá. Nombres que comienzan a sonar en reuniones reservadas. Empresarios que visitan la ciudad con mayor frecuencia de la habitual. Nada indica todavía un desembarco masivo. Pero en ciertos círculos económicos ya hay quienes creen que algo está empezando a moverse. Y que cuando el resto termine de advertirlo, varios de los lugares más codiciados ya podrían tener dueño.