El gobierno bonaerense criticó este martes en Mar del Plata la autorización para incorporar 18 nuevos proyectos destinados a la explotación de calamar mediante buques poteros, resuelta por el Consejo Federal Pesquero por mayoría, con el voto en contra de la representante de la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, dieron su apoyo en una conferencia de prensa a los sectores afectados en la licitación, que otorgaba menor puntaje a aquellos proyectos que definieran hacer el desembarque en Mar del Plata.

“La licitación se hizo con la cancha inclinada”, graficó Rodríguez, que también compartió mesa con el secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), Carlos Mezzamico; el presidente del Consorcio Portuario Regional, Marcos Gutiérrez; el presidente de la Federación de Cooperativas de Actividades Portuarias (Fecooaport), Nazareno Carrasco, y el abogado Fernando Herrera.

Rodríguez habló de un proceso licitatorio “claramente amañado” y de “discriminación” hacia la Provincia y Mar del Plata. “Aquellos empresarios que definieran que el desembarque iba a ser en un puerto bonaerense era castigado en el puntaje, y eso significaba estar en una peor posición a la hora de la clasificación de los proyectos, y seguro le significaba también menos años de permiso”, explicó.

El ministro apuntó: “Todo lo que nosotros señalamos se terminó verificando cuando se asignaron los permisos. Hay un solo permiso de 18 asignado con puerto de desembarque en Mar del Plata”.

También advirtió sobre el perjuicio para los astilleros: “Ninguno de los proyectos está vinculado con astilleros nacionales. Es decir que las 18 embarcaciones van a venir importadas”.

Rodríguez afirmó que la decisión “no se entiende en términos del manejo del recurso”. “No había, como debe haber, un estudio científico del Inidep, solo había una nota del director con muy poco contenido”, acotó.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.

“Un ataque a la provincia”

Carla Seain, que además de subsecretaria es la representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero (la que votó en contra de la resolución), dijo que en ese ámbito se observa “un ataque constante” a la provincia.

“Esto no es algo que se va a ver afectado ahora, ni el próximo año ni el siguiente, pero sí los subsiguientes, cuando empiecen a incorporarse estos barcos importados. El Inidep todavía no realizó un análisis del esfuerzo pesquero de la propuesta de incorporar 18 barcos”, indicó Seain, y recordó que la Ley Federal de Pesca “es muy clara en este sentido: no se puede incrementar el esfuerzo más allá de las posibilidades que tenga el recurso”.

Enseguida añadió: “No solo hay que medirlo por la bodega (de unas 1200 toneladas), sino por la tecnología con la que van a venir esos barcos: hay que multiplicarla por dos, porque los motores, radares, es totalmente diferente a lo que son los barcos poteros con 600, 700 toneladas promedio de carga”.

Por estos motivos “se pone en riesgo la continuidad del trabajo en Mar del Plata”. Para la funcionaria, mientras cada vez es más corta la zafra por cuestiones del recurso y condiciones climáticas, “se le suma ahora otra variable más”.

Seain consideró que “se pone en jaque no solo la producción y el trabajo, sino también la soberanía nacional”, porque las empresas son la gran mayoría extranjeras”.

Por su parte, el secretario del SUPA advirtió que con la incorporación de estos 18 buques poteros “de entre 1200 y 1300 toneladas” la campaña “se va a achicar a la mitad y los trabajadores van a perder uno o dos meses de trabajo”.

Carla Seain, representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal de Pesca.

Reconsideración

La Provincia y los trabajadores recorren dos vías paralelas en rechazo de la medida. Los representantes del gobierno bonaerense contaron que pidieron una reconsideración administrativa en el marco del Consejo Federal Pesquero, al tiempo que están analizando “uno a uno” los expedientes de los 18 proyectos asignados.

En el aspecto judicial, el abogado Herrera informó las novedades de la presentación judicial contra la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero, que habilitó la incorporación de los 18 nuevos buques poteros para la pesca de calamar. Planteó una protesta en la Cámara Federal luego de que el juez de primera instancia de Mar del Plata se declarara incompetente por cuestiones territoriales y se derivaran las actuaciones al Fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El interior de la Argentina no puede ceder al control judicial de la Ciudad de Buenos Aires”, aseveró.

Críticas al municipio

Tanto el ministro como el referente del SUPA cuestionaron la ausencia del municipio en la defensa del puerto de Mar del Plata.

“Me hubiera gustado que desde el municipio nos acompañaran más en estas cuestiones. Que comprendiera que esto es importante para Mar del Plata y no tiene bandería política, sino que es defender el trabajo y la producción”, dijo Rodríguez. “Parece primar algún tipo de especulación política en detrimento del trabajo y la producción de Mar del Plata”, agregó.

Por su lado, Mezzamico aseguró que el intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro “nunca” fue al puerto. “Y al otro que dejó no lo conozco”, afirmó sobre Agustín Neme.