El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció este lunes falta de transparencia y un posible “negociado” del Gobierno nacional en la licitación para concesionar diversas rutas -entre ellas, la Ruta 226- , por lo que exigió la intervención de la Defensoría del Pueblo. 

Tras un pedido del gobernador Axel Kicillof, la empresa pública Aubasa (Autopistas de Buenos Aires) se presentó en la compulsa para la concesión de algunas rutas nacionales y accesos que pasan por la provincia. La apertura de sobres se llevó a cabo el viernes 27 de febrero.

La firma estatal pretende quedarse con el manejo de la Ruta 226, que comienza en Mar del Plata y une al distrito con Balcarce, así como la Ruta 3, la 205, la Autopista Riccheri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Sin embargo, Katopodis señaló en conferencia de prensa diversas irregularidades.

“Hemos solicitado al Ministerio de Economía de la Nación, ya que bajo su órbita se realiza esta licitación, la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia a los efectos de garantizar la plena transparencia de este proceso de concesión”, anunció el funcionario.

El ministro planteó que la Provincia viene observando “con mucha preocupación” diversos cambios en el proceso licitatorio, decisiones que “van marcando cierta arbitrariedad en la asignación de los concesionarios”.

Katopodis mencionó que una semana antes de que se venza el plazo para la presentación “se modificaron 33 artículos del proceso licitatorio”.

A su vez, la comisión evaluadora “cuestionó sin fundamento la experiencia de Aubasa”. La empresa pública demostró su “capacidad” para operar en esos tramos y marcó que 6 de los 10 oferentes “tienen deficiencias no subsanables”, vinculadas a estados contables, perfiles profesionales, certificaciones y estatutos.

“Si Aubasa quedara afuera, no sería una decisión técnica sino política que comprometería la integridad de la licitación, la confianza de los inversores y la credibilidad del Estado como comitente”, expuso Katopodis.

El ministro consideró que la licitación “está lejos de ser transparente”. Por eso exigió que tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como la de la Provincia sean organismos veedores y agoten todos los medios para “garantizar que no haya ninguna arbitrariedad”.

“La motivación del gobernador es no dejar que las rutas nacionales en la provincia sigan deteriorándose. Lo oscuro de esta licitación se vincula a una intencionalidad, que es hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”, añadió Katopodis.

Y concluyó: “Estaremos en un seguimiento muy estricto de las decisiones del Ministerio de Economía”.