El Gobierno de la Provincia, a cargo de María Eugenia Vidal, envió desde el inicio de su gestión, casi 500 propuestas al Senado para para cubrir las vacantes que se han ido produciendo en los diferentes cargos de jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores tutelares, de todos los fueros e instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo las vacantes producidas en la propia Suprema Corte de Justicia y en la Procuración General.

En este sentido, desde la cartera que conduce Gustavo Ferrari se destacó que esa enorme cantidad de propuestas se materializó “sin perjuicio de haberse encarado, al mismo tiempo, sustanciales y profundas reformas al sistema de selección de los jueces y demás magistrados, las que tienden notoriamente tanto a mejorar esa elección, como a reducir el margen de discrecionalidad política en su designación. La Escuela Judicial obligatoria, la instauración de un orden de mérito que antes no existía, la mejora en los sistemas de evaluación, son todos avances ya hoy vigentes y que se lograron como parte de la extensa reforma judicial encarada por el gobierno de María Eugenia Vidal”.

Los igualmente numerosos apartamientos de jueces y otros magistrados que también se produjeron durante el gobierno de Vidal, con el caso de la juez de Paz de San Vicente como el ejemplo más reciente, demuestran cabalmente la necesidad que había de encarar esas mejoras.

Desde ese Ministerio destacaron también, como otro punto de especial interés ante el reclamo efectuado por la Suprema Corte, “la creación de la comisión de mapa judicial, ámbito en el que hoy mismo se está discutiendo la sanción de herramientas que permitan brindar un mejor servicio de justicia, con un mejor aprovechamiento de los recursos existentes”.