Por Ariel Ciano
Como docente de Derecho Procesal Penal de la UNMDP, abogado, concejal, como ex Fiscal y Defensor Oficial, y también en reuniones sociales, he participado en más de una oportunidad en planteos sobre la necesidad de la reforma de nuestra justicia penal.
Por tal motivo, escribo estas líneas e invito al lector al debate y a la reflexión sobre el tema, pues creo fehacientemente en que la reforma del sistema de justicia penal debe llevarse a cabo. No caben dudas que nuestra sociedad reclama, y con derecho, un cambio en nuestra “justicia”.
El análisis invita a pensar entonces, cuál sería el camino idóneo para la reforma que ha propuesto el Ejecutivo Nacional, sabiendo de las críticas a las que ya es sometido, incluso con Acordadas- que son acuerdos de jueces- que plantean de antemano la invalidez de una Reforma que aún es un Proyecto de Ley.
Creo, como hombre de consensos, que el único camino es a través de la presentación de un proyecto de ley, que es lo que ha hecho nuestro presidente Alberto Fernández, cumpliendo no sólo con una promesa de la campaña electoral sino también con lo planteado en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, algo tan esencial como el debate democrático en el Congreso de la Nación es cuestionado por los representantes de “Juntos por el Cambio”.
Alcanza con mencionar que no concurrieron a la presentación del proyecto a la que habían sido invitados, tomando esa determinación sin tener conocimiento del texto de la reforma. Vale recordar que fue además el ex presidente Macri quien intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto.
En referencia al Consejo Consultivo que propuso el Presidente, es innegable la experiencia y capacidad de quienes lo conforman, aunque como en toda elección entre tantos juristas reconocidos, siempre quedarán grandes referentes al margen, como por ejemplo Alberto Binder, que a mi criterio es de los expertos que no deberían quedar fuera de ninguna reforma judicial.
Como miembro de un cuerpo deliberativo, insisto en que el ámbito para discutir la reforma judicial es el Congreso de la Nación, donde se esperan largos debates y habrá diferentes matices, pero si algo nos demuestra la historia, es que las mejores decisiones surgen del respeto de los disensos y la búsqueda de los consensos.
Como antecedente local, cabe recordar cuando tiempo atrás se comenzó con el Plan Piloto para el Fortalecimiento del Sistema Acusatorio o Sistema de Flagrancia, una reforma judicial que también fue objeto de críticas, que se inició en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que se transformó en una Ley Provincial y hoy se replica en diferentes lugares del país.
Desde el Frente Renovador siempre hemos señalado que se necesitan políticas públicas que apunten al desarrollo productivo, a la protección de las PYMES, al cuidado de los jubilados y a la reforma y modernización del sistema de justicia, que no sólo debe contemplar una modificación normativa, sino también un cambio cultural para que sea cercana, brinde soluciones reales a los problemas concretos, con perspectiva de género y asuma su verdadero rol de servicio público.
En definitiva, lo que deseamos es tener una justicia del siglo XXI moderna, porque los argentinos y argentinas necesitamos un sistema eficiente y ágil que proteja nuestros derechos en forma rápida y transparente.