Por Mariano Vilar
El proyecto de reforma laboral incluye, entre otras cláusulas regresivas para los trabajadores, la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema nacional del seguro de salud. Lejos de tratarse de una medida neutra o meramente técnica, esta decisión impacta de manera directa sobre el financiamiento del sistema solidario de salud, en un contexto de fragilidad estructural ya reconocido por todos los actores del sector.
El sistema de obras sociales se financia actualmente a través de un esquema contributivo compuesto por un aporte del trabajador del 3% de su remuneración y una contribución del empleador del 6%, lo que totaliza un 9%.
La reforma propone reducir la contribución patronal al 5%, llevando el financiamiento total al 8% (3% + 5%). En términos concretos, se sustrae un punto completo del principal mecanismo de sostenimiento del sistema, que equivale a un 11,11% menos de recaudación para el sistema de salud.
Este recorte porcentual se replica de manera directa en la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución, agravando el impacto sobre las prestaciones destinadas a las poblaciones más vulnerables. Todo ello, sin prever ninguna fuente alternativa de compensación.
De lo recaudado, el Estado -a través de la ARCA- retiene el 15% con destino al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), desde el cual se financian las prestaciones de discapacidad, los subsidios automáticos (SUMA, SUMA 65, SUMARTE y SANO) y parte de los costos asociados a prestaciones de alto costo y baja incidencia que brindan los Agentes del Seguro de Salud mediante el sistema SURGE.
Tomando datos oficiales de la última recaudación informada correspondientes al mes de agosto de 2025, la reducción de un punto implicará una pérdida estimada mensual de aproximadamente $16.000 millones para el Fondo Solidario y de más de $90.000 millones mensuales para el conjunto de las Obras Sociales, cifras que deben multiplicarse por trece al considerar el Sueldo Anual Complementario. El impacto anual no es marginal: es estructural.
La menor recaudación del Fondo Solidario tiene consecuencias sanitarias inmediatas. Menos recursos para discapacidad -una de las poblaciones más vulnerables del sistema-, menos fondos para los subsidios automáticos que hoy resultan indispensables para sostener un nivel mínimo de prestaciones, menor respaldo para la cobertura de jubilados a través del subsidio denominado SUMA 65 y menor compensación para monotributistas (subsidio denominado SUMARTE), cuyos aportes mínimos se encuentran muy por debajo del costo real del PMO que la normativa exige garantizar.
Este ajuste se aplica, además, sobre un sistema que ya se encuentra severamente desfinanciado. La caída de la actividad económica, los salarios reales atrasados y el crecimiento del empleo informal han reducido en términos reales los ingresos del sistema. Al mismo tiempo, los costos sanitarios se incrementan de manera sostenida como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías médicas, medicamentos de alto precio, tratamientos innovadores y un creciente nivel de judicialización.
Las obras sociales están legalmente obligadas a brindar cobertura integral únicamente con los recursos provenientes de aportes y contribuciones, lo que las deja sin margen para absorber nuevos recortes sin afectar la prestación.
En paralelo, la reducción de los aportes impacta también sobre los afiliados que acceden a planes de empresas de medicina prepaga, ahora inscriptas como Agentes del Seguro de salud, a través de la derivación de aportes. Cuando esos aportes disminuyen, la diferencia entre el costo real del plan y lo efectivamente financiado se traslada directamente al afiliado o trabajador mediante un mayor pago de bolsillo. El resultado es una mayor carga contributiva individual de los trabajadores para sostener coberturas que, en los hechos, se encarecen sin mejorar prestaciones.
No puede soslayarse, además, que este proceso de debilitamiento del financiamiento de las obras sociales se inscribe en una ofensiva más amplia contra el sistema de seguridad social y contra las organizaciones que históricamente lo sostuvieron. Ajustar sobre las Obras Sociales no es una decisión inocua ni técnica: es erosionar un modelo solidario y avanzar sobre estructuras vinculadas a la organización colectiva de los trabajadores.
Desde una perspectiva institucional, resulta inadmisible que una reforma laboral se financie a costa del sistema de salud. El recorte propuesto no fortalece el empleo ni mejora las condiciones laborales: traslada el ajuste a los sectores más vulnerables y profundiza la crisis sanitaria.
En ese marco, desde la Secretaría de Acción social de la CATT repudiamos este intento de reforma y el desfinanciamiento del sistema nacional del seguro de salud, por atentar contra el modelo solidario de cobertura de salud de las trabajadoras y los trabajadores.
Corresponde advertir, finalmente, que el desfinanciamiento del sistema del seguro de salud no es una consecuencia colateral, sino una decisión política cuyas responsabilidades deberán ser asumidas por quienes la promuevan y la apliquen. Nos encontramos en estado de alerta para evaluar y adoptar las herramientas constitucionales pertinentes en defensa del sistema solidario de salud, bregando por la continuidad de la cobertura médico asistencial de calidad que merecen los trabajadores y trabajadoras.
(*): Secretario General del Sindicato Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina. Especial para NA.