El oficialismo busca abrogar la norma que fija el establecimiento de hasta tres bocas por cadena de distribución. Sin embargo, la entidad empresarial indicó que la propuesta tiene "un vicio de nulidad" por contradecir la legislación provincial.
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) manifestó un contundente rechazo al proyecto del oficialismo que busca abrogar la ordenanza 18.788, que establece un límite de hasta tres sucursales para las grandes superficies comerciales que se radiquen en el distrito de General Pueyrredon.
El proyecto de la Coalición Cívica tuvo un primer despacho en la comisión de Obras y fue tratado ayer en Legislación. El objetivo es propiciar la llegada de inversiones y la generación de trabajo sin “obstáculos” en Mar del Plata, según expuso el edil Guido García, autor de la iniciativa.
“Entendíamos que esta ordenanza no solamente generaba una duplicidad normativa, sino que era aún más restrictiva que la propia ley provincial y sometía a General Pueyrredon a una merma en sus posibilidades de desarrollo”, señaló el legislador.
Junto con la abrogación de la ordenanza, se pretenden incorporar modificaciones en el Código de Ordenamiento Territorial (COT). La intención es que, a medida que los locales a radicarse sean más grandes, se instalen en sectores más alejados del centro, y viceversa: solo se permitirán en el área céntrica los de hasta 350 metros cuadrados.
El proyecto establece que esa zona estará delimitada por las calles Alvarado, 20 de Septiembre y la costa. También deberán tener hasta 350 metros cuadrados los locales que se radiquen en el sector comprendido por las avenidas Juan B. Justo, Champagnat, Della Paolera y Estrada, pero si lo hacen en alguna de esas avenidas, podrán alcanzar los 600 metros cuadrados.
En el resto del partido (con excepción de Batán, Sierra de los Padres y estación Camet) se admitirán superficies comerciales de hasta 1.799 metros. Si superan esa dimensión, solo podrán ubicarse en parcelas con frente a avenidas, ruta o autovía.
A través de una nota incorporada al expediente, la UCIP planteó su oposición a la propuesta, e hizo foco en lo que plantea la Ley Provincial N° 12.573. Esta ley establece que no pueden radicarse tres locales de una misma cadena de distribución en distritos con poblaciones de más de 300.000 habitantes.
Según la UCIP, el proyecto impulsado por la Coalición Cívica “cuenta con un vicio de nulidad” que debe advertirse para “evitar el trabajo contrario a la ley por parte del cuerpo legislativo local”.
En la misma línea, la organización que preside Blas Taladrid recordó una nota de la Dirección de Comercio bonaerense, que remarcó que la “cantidad máxima de locales que podrán instalarse por cadenas de distribución en General Pueyrredon no podrá ser en ningún caso superior a tres”.
“La Ley 12.573 fue promovida para regular con resguardo y protección. En consecuencia, viene a reconocer que el comercio pyme es el alma de los pueblos y merece una legislación acorde a su importancia. Sostenemos enfáticamente que las políticas comerciales del distrito tienen que estar definidas sobre un contexto general de armonía y regulación sin actores de gran porte dominantes”, consideró la UCIP.
Y añadió: “No es cierto que la ordenanza vigente atente contra los derechos de propiedad o el ejercicio del comercio e industria, sino que actúa sobre la potestad del municipio de organizar su territorio con reglas claras que eviten conflictos entre los vecinos, tal como lo hace el Código de Ordenamiento Territorial, y sobre la potestad de ordenar y habilitar el comercio y la industria según parámetros de seguridad, salubridad, tránsito, dimensiones, polución visual, etcétera”.
Además, la UCIP resaltó que “no deviene legítimo que, a pocas horas de terminar el mandato constitucional y legal, los concejales salientes pretendan fijar semejante modificación” en la normativa vigente.
En el esquema actual, tanto la legislación local como provincial han permitido la instalación de “nuevos emprendimientos y pequeñas cadenas, haciendo la oferta más atomizada y menos concentrada, para avanzar hacia un mercado más perfecto donde se pueda ejercer la ley económica de la oferta y la demanda”.
“Se necesitan reglas claras para un desarrollo sostenible que debe ser planificado, sin que quede todo sujeto al libre albedrío. Y en pos de los derechos individuales se avasalle los del otro”, concluyó la UCIP.
A partir de estos planteos y teniendo en cuenta que el proyecto original tuvo modificaciones, el expediente quedó en comisión. Los ediles también acordaron solicitar un informe a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda para que analice la propuesta.