*Por Ariel Martínez Bordaisco

Suelen decir que la regla se evidencia mejor en la excepción o, en palabras más simples, vemos más claramente para qué necesitamos algo cuando, por alguna razón, eso no está donde siempre estuvo, o cuando deja de pasar lo que siempre pasa. Este pensamiento puede aplicarse a muchos aspectos en el contexto de emergencia en el que está, prácticamente, todo el mundo: relaciones personales, afectos, rutinas, todas las formas de la vida cotidiana.

Pero quiero referirme a la política. Más específicamente, a la estructura que la contiene, y que también ha sufrido un drástico cambio en este tiempo de COVID-19: todo el sistema republicano se sostiene en una idea que puede parecer simple, y es la de crear contrapesos que mantengan el equilibrio de la distribución de poder. Es decir, donde hay un poder, hay un contrapoder que lo controla, lo acota, lo interpela.

Por definición, cada institución tiene una función específica, un rol que le da sentido y que tiene que cumplir para garantizar la finalidad que le es propia. Si una institución no funciona, o funciona de manera inadecuada, el propósito para el que fue creado no desaparece, sino que es absorbido por otro estamento, y eso altera los equilibrios fundamentales de cualquier sistema. Por eso, el Estado moderno se estructuró con la creación de tres poderes que funcionan de manera interdependiente, y esa característica es la que hace que ninguno pueda funcionar plenamente sin la existencia del otro.

Pero la excepcionalidad del momento desequilibró el tablero. Los poderes ejecutivos de los diferentes gobiernos tuvieron que tomar las riendas, ser motores de las decisiones urgentes. No había otra forma. Los legislativos ayudamos declarando emergencias, proveyendo apoyo institucional, pero la complejidad de la situación dejó en un segundo plano a los otros dos poderes del Estado.

En General Pueyrredon, el Concejo Deliberante nunca dejó de funcionar. Se adaptó, se transformó, pero mantuvo sus tareas y deberes para con la comunidad. Para garantizar el funcionamiento durante la cuarentena preventiva obligatoria coincidimos con todos los bloques políticos en la necesidad de tomar decisiones bajo la forma de una comisión especial y permanente, integrada por todas las representaciones partidarias, para debatir los temas y con el consenso de todos utilizar decretos de Presidencia como el instrumento jurídico que valida las decisiones adoptadas.

Todas las fuerzas políticas se pusieron a disposición, sin mezquindad. La situación de excepción no impidió que se logre que el Ejecutivo tenga más herramientas para enfrentar un desafío sin precedentes inmediatos. Todas las semanas nos reunimos y consensuamos acciones conjuntas, escuchamos a los referentes sociales, sindicales, académicos, sanitarios, económicos. Se trabajó en emergencia, pero en la absoluta convicción de que no podíamos, no debíamos, frenar.

Pero, luego del terrible golpe inicial, ahora es momento de retomar el funcionamiento pleno del Estado republicano.

El Poder Legislativo debe volver a funcionar en su totalidad, y la Justicia deberá buscar la forma de hacerlo, porque necesitamos más instituciones, más planificación para lo que sucederá luego de que esta pandemia comience a retirarse. Necesitamos sostener la paz social, la igualdad de derechos para las personas y seguridad jurídica para las empresas. Ahora el Estado, más que nunca, deberá estar cerca de todos, y ningún poder en soledad puede garantizar eso.

Es momento de analizar de qué manera se podrán reanudar las sesiones presenciales, o a través de qué recursos serán jurídicamente válidas las sesiones plenarias, porque hoy nuestro ordenamiento no contempla las videoconferencias para la toma de decisiones legislativas. En este punto es preciso diagramar una agenda conjunta con Nación y Provincia para desarrollar un esquema que unifique un criterio sobre este tema.

Pero eso se puede ir desentrañando en los próximos días. Lo que no podemos negociar es nuestro compromiso con que los demás poderes del Estado no dejen de funcionar. Más allá de que las decisiones sobre la emergencia están en cabeza del Ejecutivo, en una república es indispensable que los otros poderes estén cumpliendo sus tareas. Eso protege la transparencia y la calidad institucional de las decisiones que se toman.

Por eso, la excepción una vez más confirma la regla: en emergencia es cuando más presente tenemos que estar y hacer, cada uno desde el rol que le toca, ni más ni menos que lo que le corresponde.

* Presidente del Concejo Deliberante