El Concejo Deliberante volverá este año a poner en su agenda el debate por la Zona Roja. A diferencia del último tramo de 2021, en el que la discusión estuvo impulsada por un proyecto de la oposición para prevenir delitos donde se ejerce la prostitución, el gobierno municipal retomó la iniciativa con la propuesta que promueve multas y arrestos para quienes realicen la actividad fuera de las zonas permitidas.

La iniciativa oficial, presentada el 30 de diciembre, establece que la oferta o demanda de sexo en la vía pública “solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal”. Y no podrá realizarse “en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

Contempla un plazo de 45 días corridos, a partir de su promulgación, para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios permitidos. Vencido el plazo, el Ejecutivo “los determinará sin más trámite”.

De verificarse la oferta o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados se impondrá a los participantes una multa 1000 a 5000 Unidades Fijas (UF), que en la provincia de Buenos Aires tienen un valor de $ 91, por lo que serían de entre $ 91.000 y $ 455.000, o el arresto de entre cinco y 30 días.

En caso de aprobarse el proyecto, la Secretaría de Seguridad del municipio será la autoridad de aplicación y estaría autorizada para “requerir la asistencia policial necesaria para la correcta ejecución de lo dispuesto”.

El proyecto fue recibido con críticas en el Frente de Todos. “Un año de debates, de muchos proyectos en tratamiento y de una audiencia pública. Sin embargo, Montenegro no entendió nada. Cuando gobierna el pasado, en vez de incluir y reparar, se criminaliza y excluye”, disparó Sol de la Torre.

Sol de la Torre.

La concejala es autora, junto con Nicolás Lauría (Crear Juntos), del proyecto opositor que había avanzado en las comisiones del Concejo en los últimos meses del año pasado. Según la propuesta, la Secretaría de Seguridad “acordará con quienes ejercen la prostitución en la vía pública las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad de forma segura para quienes habiten dichos espacios, el cual será sin frentistas, debiendo asimismo observar de manera rigurosa que quienes demanden dicha oferta sexual no incurran en acciones violentas ni realicen desmanes ni nada que el municipio considere fuera de lugar”.

Indica además que la Secretaría deberá tener en cuenta diversas medidas generales para la implementación del programa, como generar una adecuada y funcional iluminación; instalar baños de acceso público, refugios y depósitos de desechos; garantizar cámaras de seguridad en la zona y promover el Programa Alerta Mar del Plata –que consiste en la colocación de alarmas en viviendas de vecinos ubicadas en zonas de alta criminalidad–.

También debería reforzar la presencia del cuerpo de Patrulla Municipal y coordinar intervenciones integrales para abordar consumos problemáticos y déficit habitacionales.

La iniciativa fue aprobada en primer lugar por la Comisión de Seguridad y luego por la de Políticas de Género. En cambio, cuando el Frente de Todos buscó tratarla sobre tablas en la de Legislación, el oficialismo se lo impidió. El principal argumento del interbloque de Juntos por el Cambio contra el proyecto es que no dice nada en caso de que la Secretaría de Seguridad y quienes ejercen la prostitución no lleguen a un acuerdo. “¿Cuál es la capacidad del municipio para acomodar esa situación?”, preguntó el presidente del bloque de Vamos Juntos, Agustín Neme.

La que ya quedó enterrada es la primera apuesta legislativa del oficialismo, impulsada en abril de 2021 por Lauría ‒que entonces era el presidente de la bancada‒ con el respaldo de la Secretaría de Seguridad, que directamente promovía el traslado de la Zona Roja a la diagonal Canosa.

El ahora edil opositor (se peleó con el intendente por el armado de las listas electorales) explicó su cambio de enfoque a partir de los argumentos que escuchó en la audiencia pública de mediados de octubre. “Trabajamos con la concejala De la Torre y el bloque del Frente de Todos. Lo que hicimos fue armar prácticamente un proyecto nuevo, que garantiza algunas situaciones importantes tanto para las chicas trans como también para los vecinos. Sin duda me parece que es un buen proyecto integral, por eso le pusimos Programa de Zonas Seguras de Protección Integral”, dijo al defender el proyecto opositor, y comentó que el texto también incorporó “la mirada de género”.

La que ya quedó enterrada es la primera apuesta legislativa del oficialismo, que directamente promovía el traslado de la Zona Roja a la diagonal Canosa.

Por su parte, el otro bloque del Concejo (Acción Marplatense) había presentado originalmente una propuesta para generar “un espacio mixto de participación en el cual se puedan relevar las situaciones de conflictividad, las condiciones de identidad, residencia y salud de las personas que realizan oferta sexual y recibir testimonios directos de los vecinos que permitan determinar casos de venta de estupefacientes”. Finalmente, pareció darse por satisfecho con el planteo del Frente de Todos y Crear, porque lo acompañó en las comisiones que lo consideraron.

 De todos modos, la nueva conformación del Concejo (con mejor reparto para Juntos por el Cambio pero sin una mayoría automática) y el flamante proyecto del gobierno municipal parecen marcar el inicio de otro capítulo en el marco de un debate todavía abierto.