La concesión del estadio José María Minella y del Polideportivo Islas Malvinas volvió a quedar en el centro de la discusión pública, pero la controversia no se agota en el principal escenario deportivo de Mar del Plata. Una investigación publicada por Tiempo Argentino, firmada por los periodistas Esteban Soroeta y Juan Marco Candeloro, puso bajo la lupa el funcionamiento de la concesión y, al mismo tiempo, extendió la mirada sobre otros espacios públicos que en los últimos años pasaron, o están pasando, a manos privadas.

El informe, titulado “Hundan al Minella: la trama detrás de la privatización del Estadio de Mar del Plata”, plantea una pregunta que excede largamente al estadio: qué sucede con el patrimonio público de la ciudad cuando el Estado decide entregarlo en concesión y cuáles son los controles que existen para garantizar que las inversiones prometidas efectivamente se realicen.

En el caso del Minella, los datos que aporta la investigación, ya adelantados por LA CAPITAL, son contundentes.
A seis meses de la concesión, Minella Stadium SA no había concretado las principales obras comprometidas, acumulaba 25 cheques rechazados por falta de fondos por casi $590 millones, atravesaba juicios laborales y había dejado de pagar el servicio eléctrico del complejo.

La situación financiera de la empresa constituye uno de los puntos centrales del informe. La existencia de 25 cheques rechazados por una suma cercana a los $590 millones plantea interrogantes sobre la capacidad de la concesionaria para afrontar no solo los gastos corrientes sino también las inversiones comprometidas en el pliego.

La discusión también alcanza al canon que debe pagar la empresa al municipio. La concesión establece un pago anual de $120 millones, equivalente a unos $10 millones mensuales. El informe de Tiempo Argentino cuestiona el valor del canon en relación con el potencial comercial del estadio y sostiene que una sola actividad de gran convocatoria puede generar ingresos muy superiores.

El Estado municipal entregó la explotación del complejo a cambio de una serie de compromisos de inversión y mantenimiento. Por eso, el verdadero interrogante pasa por saber cuánto se invirtió efectivamente, qué obras se hicieron, cuáles están pendientes y qué mecanismos tiene la Municipalidad para exigir su cumplimiento.

A esta situación se suma otro movimiento que todavía debe ser analizado por el municipio. Minella Stadium SA solicitó autorización para transferir el 87,5% de sus acciones a Perfeta Producciones SA, una firma vinculada al empresario de espectáculos Marcelo Fabio Fígoli.

El informe de Tiempo Argentino también hace referencia a los vínculos empresariales de los grupos que participaron de la operación y a investigaciones desarrolladas en Brasil relacionadas con el denominado Caso Banco Master.

Punta Mogotes, otra pieza de la discusión

Pero el Minella no aparece aislado. El trabajo de Soroeta y Candeloro amplía la mirada hacia Punta Mogotes, uno de los espacios turísticos y costeros más importantes de Mar del Plata y, al mismo tiempo, uno de los sectores donde durante décadas se desarrollaron diferentes modelos de explotación privada.

El complejo representa una cuestión especialmente sensible porque combina patrimonio público, actividad turística, negocios privados y desarrollo inmobiliario.

El debate sobre Punta Mogotes vuelve una y otra vez a la misma pregunta: cómo conseguir que la inversión privada contribuya al desarrollo de la ciudad sin que el Estado pierda capacidad de decisión sobre espacios estratégicos.

Y allí aparece una diferencia fundamental entre una concesión y una transferencia definitiva del patrimonio: el Estado no deja de ser responsable por el destino del espacio simplemente porque otro actor tenga su explotación.

El Camping Municipal y otros espacios

La investigación también incorpora al análisis al Camping Municipal y otros espacios que fueron objeto de concesiones o permisos de explotación.

Cada caso tiene características particulares, pero el hilo conductor es similar: el municipio conserva la propiedad mientras delega durante determinados períodos la explotación, el mantenimiento o el desarrollo de un lugar a un privado.

El modelo puede ser una herramienta válida cuando el Estado carece de recursos para realizar determinadas inversiones o cuando un operador privado puede aportar experiencia, financiamiento y capacidad de gestión.

Pero la ecuación cambia cuando las inversiones no aparecen, cuando se acumulan incumplimientos o cuando las condiciones económicas del negocio resultan desproporcionadas frente al beneficio que obtiene la ciudad.
Por eso, más allá de cada expediente individual, el debate alcanza al conjunto de la política de concesiones de Mar del Plata.

La pregunta puede formularse de una manera sencilla: ¿qué recibe Mar del Plata a cambio de entregar durante años la explotación de sus espacios públicos?

La respuesta no debería limitarse al canon que paga cada concesionario. También debería incluir las obras realizadas, los puestos de trabajo generados, la mejora de la infraestructura, el mantenimiento, los servicios ofrecidos a los vecinos y turistas y, fundamentalmente, el valor que queda incorporado al patrimonio público una vez finalizado el contrato. En otras palabras, el negocio no debería medirse únicamente desde la perspectiva del concesionario.

También debe medirse desde la perspectiva de la ciudad.

Y allí aparece uno de los principales desafíos para el municipio: controlar que aquello que se prometió en una licitación se cumpla efectivamente durante todos los años de vigencia del contrato.

El caso del Minella concentra buena parte de esas discusiones. El Estado debe explicar qué está haciendo, qué controles realizó y qué respuestas recibió de la concesionaria.

Porque el problema no es solamente quién administra el Minella. El problema es qué modelo de ciudad se está construyendo cuando el patrimonio público pasa progresivamente a ser explotado por privados.

Y, sobre todo, si Mar del Plata está entregando sus espacios públicos a cambio de inversiones reales y desarrollo, o simplemente está cambiando de administrador sin resolver los problemas que llevaron a concesionarlos.
Ese es, en definitiva, el interrogante que queda abierto.

Y es una pregunta que excede al Minella: alcanza a Punta Mogotes, el Camping Municipal y al conjunto de espacios que forman parte del patrimonio de todos los marplatenses.