El jueves 19 de marzo el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus en Argentina. Al día siguiente, las partes de un juicio por venta de estupefacientes debían alegar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. Ese debate -y tantos más- quedó inconcluso, sin fecha cierta para que se reanude.

Los debates orales están suspendidos, todos, por el aislamiento y en los tribunales marplatenses, los operadores judiciales ven “imposible” que se puedan desarrollar bajo un protocolo que tenga en cuenta el distanciamiento social. En la Justicia, el coronavirus dejó en evidencia un reclamo eterno de mejoras edilicias para que se puedan desarrollar los juicios.

Cada dos semanas, el presidente Fernández amplió el aislamiento, que se mantendrá hasta el 7 de junio hasta que vuelva a anunciar su continuidad. Hasta que no aparezca una vacuna contra el coronavirus, la situación no parece modificarse y cada rubro de la sociedad se adapta, como puede, para poder desarrollarse en este mundo de pandemia.

En el Fuero Penal, en los últimos años ya se había comenzado con un proceso de digitalización de expedientes, firmas digitales y un token para que abogados puedan trabajar en expedientes de manera remota.

Sin embargo, los juicios y las audiencias presenciales parecieran ser irremplazables y ante esta situación, LA CAPITAL consultó al juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, Néstor Conti, el fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, la defensora oficial Laura Solari y el abogado particular Mauricio Varela sobre la instrumentación de la Justicia en estos tiempos de coronavirus.

“La actividad se desarrolla, no normalmente, pero sí sigue su curso. El tema está en las audiencias personales y los juicios orales, que son parte de esas audiencias”, expresó el juez Néstor Conti, quien aclaró que la reorganización de los debates suspendido no depende los jueces de cada tribunal.

“Hacer un juicio de manera virtual es muy dificultoso, se toma dificultoso tener audiencias con imputados en lugares de detención, en un juicio oral sería mucho más complejo. Si declara una persona como testigo, un imputado no detenido, tiene que ser fehaciente la acreditación de la identidad”, consideró Conti y agregó que la infraestructura que cuenta hoy Tribunales es “compleja”.

En cuanto al trabajo diario, el juez Conti destacó que desde este lunes primero de junio “se comienza a emplear la firma digital, por lo que la digitalización será para todo el expediente”.

Según pudo saber LA CAPITAL, los primeros juicios que se van a reprogramar cuando vuelva la actividad e Tribunales serán aquellos cuyos acusados se hallan actualmente detenidos en prisión. Los que estaban agendados para la segunda mitad del año contra imputados que están en libertad se suspenderán y serán reemplazados por otros que se iban a realizar en estos meses con personas que están encarceladas.

“Un juicio no se puede resolver con medios digitales”

Para el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, resultaría “imposible” realizar en los tribunales de la ciudad un juicio que cumpla con las normas del distanciamiento social. “El debate oral quizás sea una de las pocas cosas que no podamos resolver mediante la utilización de medios digitales. Es muy difícil hacer declarar a un testigo a distancia, sin saber si el testigo no está coaccionado”, expresó.

“La esencia del juicio oral es lo presencial, es esa posibilidad de advertir gestos, de escuchar los relatos, de contraponer pruebas y esto es muy difícil de hacer, debe ser uno de los pocos problemas que no se pueda resolverse con la digitalización en la justicia”, remarcó Fernández Garello.

“Cuando todo esto pase sería interesante debatir cómo resolver este tema, con todos los juicios por realizar que quedarán. Para poder hacer un juicio por jurados necesitaríamos un espacio que hoy Tribunales no lo tiene”, finalizó el fiscal general.

Foto archivo Infojus

Acceso a la justicia garantizado

La defensora oficial Laura Solari considera que a pesar del aislamiento y la suspensión de debates, el acceso a la justicia está “absolutamente asegurado”. “El fuero penal nunca dejó de trabajar, siempre trabajamos desde Tribunales o nuestras casas. Se habilitó el sistema remoto desde nuestras casas, por lo tanto hemos podido hacer escritos, presentaciones. Así que nosotros atendemos llamados de internos, de detenidos o familiares de acusados. Está más dilatado y es más complejo los casos con las personas que no están privadas de la libertad, pero lo que es con detenidos todo se tramita, nunca dejó de tramitarse”, dijo la defensora oficial.

Solari recibió notificaciones de juicios recién para diciembre, pero sin ninguna certeza de que puedan realizar efectivamente. “En agosto teníamos un juicio por jurados que no se hará. Entiendo la situación, las salas con pequeñas y no se podrían respetar los protocolos de salud que se tienen en consideración. Ni hablar un juicio por jurados, que necesita al menos 18 personas”, expresó.

“La suspensión de juicios muchas veces causa un perjuicio importante para los detenidos, por eso nosotros estamos evaluando en cada caso particular, en el que no se va a llevar a cabo el juicio, hacer presentaciones para pedidos de prisión preventiva”, dijo la defensora oficial y agregó: “Hay casos en que exceden todos los plazos y si no se va a hacer el juicio pedimos que liberen a esas personas para que esperen a su juicio en libertad”.

Solari también explicó que el aislamiento también afectó a la relación de los detenidos con sus familiares, que diariamente aprovechaban las audiencias en Tribunales para poder verlos por unos minutos. “Cuando se abra todo no se podrá permitir que venga mucha gente, los imputados no podrán venir acompañados como solía suceder. Tendrán que poner un control importante en la entrada del edificio”, consideró.

La defensora oficial Laura Solari durante una de las audiencia en el juicio por la muerte de Lucía Pérez.

Acceso a la justicia acotado

Los abogados particulares habían presentado un amparo para que se los considere como parte de las actividades esenciales en este aislamiento y así poder trabajar con cierta “normalidad”. Sin embargo, la jueza Patricia S. Gunsberg rechazó el medida cautelar, pero aceptó darle vía al amparo para que sea discutido en la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires.

Para Gunsberg, jueza del Cuerpo de Magistrados Suplentes del Juzgado Civil y Comercial N° 9, “el servicio de justicia nunca se ha dejado de brindar ni se ha visto interrumpido, sólo se ha regulado de modo razonable”.

“Me siento estafado”, dijo al respecto el abogado particular penalista Mauricio Varela y agregó: “No existe ese pronunciamiento que asegura que ´todos tienen acceso a la Justicia´. Solo se trabajan en causas urgentes. Para el justiciable está parada su situación”.

“A nosotros la Corte nos exigió prepararnos hace un par de años con la firma digital y el token. En esta situación, que ameritaba poder hacerlo, no podemos, no podemos cumplimentarlo. Desde la Asociación Judicial Bonaerense señalan que no tienen que trabajar desde su casa, es una locura”, expresó el abogado.

Varela destacó que “en el fuero penal se mantiene el movimiento. Pero los abogados que están en el fuero civil, laboral o de familia están trabados”.

“No nos permiten trabajar y no le permiten a la gente defender sus derechos. El acceso a la justicia, así, está acotado.
Se siguen dilatando los plazos. Una persona acusada, que le suspendieron el juicio, sigue con la espada de Damocles en la cabeza sin saber qué pasará con su suerte”, criticó Varela.