Contra lo que se podría esperar, la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva y el presupuesto 2018 no marcaron un punto final para la discusión de las finanzas municipales en el Concejo Deliberante.

La agenda legislativa marca que el paso siguiente es el tratamiento de las rendiciones de cuentas de 2017, pero los concejales esperan además debatir sobre la eliminación progresiva de una tasa en la factura del gas anunciada por el gobierno municipal y que el Ejecutivo envíe la ordenanza complementaria del presupuesto, que contiene las remuneraciones, bonificaciones y compensaciones del personal municipal.

Ese nuevo “paquete económico” podría alternarse con la discusión sobre el nuevo pedido de aumento de boleto. Parte de la oposición busca además que se empiece a conversar sobre el nuevo pliego del transporte público, del que el gobierno de Arroyo no ha dicho prácticamente nada. Las rendiciones de cuentas de la administración central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias (OSSE) correspondientes al ejercicio 2017 están en Concejo desde fines de marzo. Del 31 de marzo en adelante tienen un plazo de 60 días corridos para ser consideradas. El año pasado el Concejo omitió ponerlas en tratamiento y fueron dadas por aprobadas.

El pronunciamiento de los concejales es meramente político: pueden votar a favor o en contra, pero en última instancia son analizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia, que tiene atribuciones para aplicar sanciones o multas al municipio.

Después de que el presidente Mauricio Macri solicitara un gesto a las provincias para reducir los impuestos que incrementan los costos de los servicios públicos y la gobernadora anunciara un recorte en esos ítems para la provincia, el intendente se alineó y dio instrucciones para eliminar progresivamente la tasa municipal en las facturas de gas.

El miércoles, el gobierno municipal anunció que la Secretaría de Economía y Hacienda “está elaborando un proyecto de ordenanza” para elevar al Concejo. De inmediato, los concejales comenzaron a sacar cuentas del impacto que tendría esa eliminación en el presupuesto de la comuna y algunos funcionarios dejaron entrever su preocupación.

Para algunos concejales oficialistas, sin embargo, el gran debate del año estará vinculado a la ordenanza complementaria del presupuesto, que el Ejecutivo todavía no envió pese a que el radicalismo se lo reclamó más de una vez.

El sindicato municipal sigue esa norma con atención. Sospecha que podría contener recortes. A fines del año pasado, en la audiencia pública por el presupuesto, el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, admitió que la estaba revisando, pero no dio precisiones.

Al margen de los asuntos financieros, al Concejo también llegó un pedido de las empresas de transporte para elevar el boleto de colectivo a $13,20 (hoy cuesta $9,85).

La semana pasada, el bloque de Unidad Ciudadana se pronunció en contra del aumento, anunció la elaboración de una encuesta de satisfacción de pasajeros y pidió debatir el nuevo pliego de licitación del servicio. Es porque el que está en vigencia vence en mayo de 2019 y el gobierno municipal, salvo algunas declaraciones de ocasión del director de Transporte, Claudio Cambareri, no dio pistas de lo que pretende para el futuro de ese servicio esencial.