Este lunes, tras cuatro meses, 600 alumnos recuperaron su boleto estudiantil. Un grupo de mujeres revirtió la decisión “arbitraria” de la empresa. La política intentó sacar rédito a último momento, pero la lucha de unas diez mamás fue lo que terminó de revalidar el derecho de sus hijos.
De un día para otro, los colectivos que casi 600 chicos tomaban para llegar a la escuela dejaron de reconocer los boletos estudiantiles como un derecho. “Cambió la empresa”, les dijeron. Pasaron de no pagar, a enfrentar un boleto que cuesta entre 36 y 180 pesos para ir a estudiar. Esa realidad se revirtió hoy. El derecho fue revalidado. La política apareció a último momento para intentar llevarse el rédito, pero la breve historia de la lucha que condujo a revertir aquella decisión “arbitraria” que tomó la empresa, tiene como protagonistas a unas diez mujeres humildes de Batán, El Boquerón, Chapadmalal, Otamendi, Miramar y Mar del Plata.
Este lunes, después de cuatro meses, la mayoría de los chicos volvió a subir al mismo colectivo y su derecho fue reconocido. Las unidades de la empresa Costa Azul debieron volver a aceptar el boleto estudiantil. Y entonces, el sacrificio, la organización, el hacerse escuchar, la protesta y el mantenerse unidas valió la pena. Todo valió la pena.
Los pases gratuitos con los que cuentan todos los estudiantes a partir de la ley provincial N°14735 comenzaron a verse amenazados cuando la firma Costa Azul -que tomó las rutas de la Rápido del Sud, que se presentó en quiebra- dejó sin efecto este beneficio para quienes asistían a establecimientos subvencionados y éstos pasaron a abonar el pasaje con un descuento del 20%. Los alumnos de colegios públicos, en tanto, iban a dejar de contar con el pase gratuito a partir de noviembre.
La primera volanteada y protesta del grupo de mamás en Batán, sobre la ruta 88
En pleno invierno, aquellas mismas mujeres -primero unas pocas y luego varias más, con el apoyo de más vecinos y docentes- alzaron la voz, se unieron ante la injusticia, crearon un grupo de Whastapp (“Pase estudiantil!” hoy integra a más de 100 vecinos), recurrieron a los medios, protestaron en la ruta 88 y volantearon su reclamo.
No alcanzó. Entonces se manifestaron en la estación Ferroautomotora -desesperadas llegaron a tomar una boletería- y hasta debieron enfrentarse a presiones sindicales y a un cordón policial dispuesto insólitamente para frenar la “avanzada” del grupo de mamás con cartulinas entre sus brazos y sus hijos alrededor.
Cubrieron las ventanillas de Costa Azul en la terminal de Mar del Plata con sus reclamos.
De a poco sumaron gestos de apoyo. Gremios docentes, organizaciones estudiantiles, universitarios, gente que adhirió al reclamo de la devolución de los pases por entenderlo justo y legítimo.
A veces eran apenas cinco. Otras, más de veinte. Instalaron el reclamo y luego de cuatro meses, recién la semana pasada, el Concejo Deliberante las citó. Ese día expusieron desgarradores relatos en el recinto de sesiones.
En medio de llantos y pedidos desoladores, al no sentirse escuchadas por el gobierno, debieron intervenir concejales para que “algún funcionario” subiera la escalera que separa a la planta baja de la Municipalidad con el segundo piso, donde está el Concejo, para ceder unos minutos a oír el pedido de estas madres que hace meses mueven su pedido más allá de los límites del partido de General Pueyrredon.
Los minutos siguientes fueron un papelón protagonizado por la política. Concejales, consejeros y madres recorrieron los pasillos de la Municipalidad en busca de los funcionarios que se habían ausentado de la convocatoria de la Comisión de Educación. Encontraron a Alejandro Vicente, el secretario de Gobierno de Carlos Arroyo, charlando con otro hombre distendidamente.
El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, al discutir con las madres de los afectados.
Lo sorprendieron, quedó acorralado y le exigieron explicaciones ante su ausencia, pero también por la falta de gestión para resolver un conflicto que dejó sin pase gratuito a 600 estudiantes que van a escuelas ubicadas en las zonas de las rutas 11, 2 y 88.
Entre gritos y reclamos, la respuesta del funcionario de Arroyo despertó el enojo de los presentes: “Perdimos la elección y ganó Montenegro”, dijo por lo bajo. Los ánimos se recalentaron y la tensión se apropió del Palacio Comunal.
Poco más de una hora después se abrieron los primeros canales de diálogo y se deslizó la posibilidad de llegar a un acuerdo. Dos días después, el gobierno anunció en conferencia de prensa que “entre lunes y martes” los chicos recuperarían su derecho de viajar en colectivo con boleto estudiantil para llegar a la escuela. El derecho, sin embargo, está garantizado “hasta diciembre”. Marzo será problema de la próxima gestión municipal.
El secretario de Gobierno no emitió una sola crítica a la decisión de la empresa que generó el problema. Incluso la excusó. Aprovechó además para criticar a la oposición y repartir acusaciones políticas. Y atribuyó al Ejecutivo la gestión para destrabar el conflicto, aunque poco y nada dijo sobre ellas, las protagonistas, las mamás del “Pase estudiantil”, pese a que estaban a su lado. Ni la nobleza lo obligó.
“De a poco está volviendo a la normalidad los boletos estudiantes”, confirmó a LA CAPITAL una de las mujeres de El Boquerón este lunes. “Los chicos de escuelas subvencionadas todavía pagan, ya que tienen que hacer el carnet, pero los demás están viajando con normalidad”, precisó.
La lucha organizada unas diez madres trabajadoras logró ponerle freno a la decisión que tomó la empresa Costa Azul. Mujeres que al ver vulnerados sus derechos y los de sus hijos, salieron a reclamar. Y lo lograron.
Hoy, los chicos recuperaron el boleto estudiantil. No buscaron rédito de ningún tipo, mucho menos político. “Solo lo que corresponde”, pidieron. Esas madres luchadoras que desde el anonimato revirtieron una imposición de la empresa fueron este lunes a acompañar a sus hijos a tomar el colectivo. Algunas de ellas, entre otras, son Nancy, Laura, Paula, Marcela, Eva, Analía, Celeste, Marcela, Adriana y Cristina. Mujeres y madres, fuerza más que suficiente para revertir una injusticia colectiva.