Panorama político nacional de los últimos siete días.
Por Jorge Raventos
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York que el último viernes dio la razón a Argentina y revisó una sentencia arbitraria y sesgada de la jueza neoyorquina Loreta Preska que condenaba al país y a YPF a pagar 18.000 millones de dólares fue el resultado de una postura persistente que, atravesando grietas y sobreactuaciones de diferentes gobiernos, el país fue capaz de sostener como una discreta política de estado.
El todo es más que la suma de las partes
La jueza Preska había beneficiado a la parte demandante, el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos litigiosos de la familia Eskenazi con el argumento de que: Argentina, al expropiar el 50 por ciento de las acciones de YPF en 2012, hab’ia incumplido el estatuto de la empresa al no lanzar una oferta pública de adquisición por el total de las acciones. La defensa argentina, cuyo contenido esencial mantuvieron los diferentes gobiernos (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei), fue que un estatuto de empresa no puede ponerse por encima de las leyes del país y que la operación de expropiación (que incluyó, por cierto, una indemnización acordada) estaba perfectamente encuadrada en el sistema legal argentino. En esa postura está basado el fallo que la Corte de Apelacione difundió el último viernes, que señala a Preska que “no entendió suficientemente la ley argentina”. .
En ese contexto, hay que considerar las declaraciones de partes locales que pretenden monopolizar el mérito de la decisión de la Corte de Apelaciones neoyorquina como intentos más o menos previsibles, de llevar agua al molino propio. El Presidente, por caso, declaró que su gobierno tuvo que “venir a arreglar las macanas (empleó una palabra más fuerte) que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.y se vanaglorió del “mayor logro jurídico de la historia nacional”. Los líderes políticos son consumidores adictos del espejito, espejito de la madrastra de Blanca Nieves.
En rigor, la Segunda Cámara de Apelaciones de Nueva York le facilitó al Presidente un argumento -fuerte en el contenido, forzado en la interpretación- para intentar cambiar la conversación pública, que venía discurriendo por senderos poco convenientes para el oficialismo.
Otras voces, otros ámbitos
Las masivas movilizaciones en repudio a la última dictadura militar, en un nuevo aniversario del 24 de marzo – la de Plaza de Mayo y las de otros grandes puntos de concentración en el interior del país-, adquirieron una dimensión que excede la conmemoración habitual. La amplitud de la convocatoria y su carácter transversal sugieren que no se trató únicamente de un ejercicio de memoria, sino también de una intervención en el presente y sin duda pueden interpretarse como una reacción frente a ciertos gestos y discursos oficiales objetados por su “negacionismo” y también frente a determinadas consecuencias sociales del ajuste económico. La reafirmación de consensos básicos en materia de derechos humanos funciona, en este contexto, como un límite simbólico. La sociedad vuelve a señalar que existen umbrales que no están sujetos a revisión, más allá de los cambios de signo político y le pasa el mensaje al gobierno.
Para el oficialismo, ese mensaje tiene implicancias concretas. Evidencia que la legitimidad electoral no agota las fuentes de validación del poder: existen reservas sociales que pueden activarse cuando se perciben amenazas a consensos arraigados, particularmente cuando otros datos del contexto colectivo empiezan a fallar. Ya había ocurrido en las marchas sobre el tema discapacidad o sobre la situación universitaria.
La confianza decae
Lo que la calle expuso esta vez con su propio sesgo se refleja en estudios más asépticos. En lo que va de 2026, el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella acumula una caída del 6,5%. Con ese retroceso, el promedio de la gestión de Javier Milei desciende (en la escala 1 a 5 de esas mediciones) a 2,43 puntos, el registro más bajo desde el inicio del mandato. Más significativo aún es el detalle de los componentes: la evaluación general del gobierno cae un 9,2%, mientras que la percepción sobre la preocupación por el interés general retrocede un 6%. No se trata sólo de una baja coyuntural, sino de “señales que apuntan a dimensiones sensibles de la legitimidad”.
Otro serio estudio reciente (el capítulo argentino de Latin Pulse, iniciativa conjunta de Bloomberg y AtlasIntel) confirma más intensamente aquellas tendencias. El Presidente obtiene un 61 por ciento de desaprobación de la opinión pública, lo que representa una desmejora de 8,8 por ciento en relación con enero de este año. En cuanto a la evaluación del gobierno, la desaprobación asciende a 57,4 por ciento, casi 10 puntos (9.8) más que en enero. Resulta interesante observar dónde obtiene el gobierno las notas más bajas. Por ejemplo, el rechazo de las mujeres (66,3 por ciento) supera largamente la media general. En una clasificación por edades, el segmento de las personas de entre 35 y 44 años es el más reticentre: 71,5 por ciento desaprueban, más de 10 puntos por encima de la media. En la clasificación por nivel de ingreso, Milei es rechazado en todas las categorías por encima del 50 por ciento, salvo en el sector que supera los 3 millones de pesos de ingresos mensuales donde, aunque no llega al 50 por ciento (49,5 por ciento) prevalecen los aprobadores. En la segmentación por regiones, sorprende el dato de que el gobierno es más rechazado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (66,4 por ciento) que en el Gran Buenos Aires que, con 61,5 por ciento de desaprobación corre bastante parejo con el Norte Grande (60,9 por ciento) y las provincias del Centro (59,5 por ciento).
En el índice de Confianza de Bloomberg-AtlasIntel la situación del gobierno de Milei decayó 11,5 puntos desde enero. La misma encuesta mide laimportancia que la opinión pública asigna a distintos problemas. Allí se destacan, por orden de mención, la corrupción (43,3 por ciento), el desempleo (42,2 por ciento, 7 puntos más que en enero), altos precios e inflación (35,3 por ciento, 5 más que en enero) y el debilitamiento de la democracia (31,4 por ciento, 6 puntos más que en enero).
Entre los elementos que contribuyen a ese cuadro, un costado relevante está integrado por episodios que han deteriorado marcadamente el crédito y la reputación del oficialismo.
Uno es el sostenido y a menudo desubicado ataque del propio Presidente a altos directivos empresariales argentinos, una retórica que no lo predispone favorablemente en ámbitos del llamado círculo rojo y que asombra y probablemente intimida a potenciales inversores.
Viajes y mudanzas
Otro caso que ha incidido en la caída de la imagen es la performance del tercer jefe de gabinete del gobierno, el ex vocero Manuel Adorni, a quien en poco más de una semana se lo ha retratado en una sucesión de situaciones incómodas: desde lo que a esta altura parece una simple travesura (el haber subido a su esposa al viaje presidencial a Nueva York), hasta el viaje familiar en jet privado a Punta del Este, la adquisición, desde que ingresó al gobierno, de al menos dos importantes inmuebles – un departamento en la zona más paqueta de Caballito y una casa de campo en un golf country de Exaltación de la Cruz- y discutibles contrataciones familiares en la función pública. La conferencia de prensa que ofreció Adorni el miércoles 25, en las que tenía la oportunidad de desvirtuar sospechas y acusaciones exhibiendo documentos, más bien ratificó que él se ha convertido en un pasivo para el oficialismo. El gobierno empujó a un gran número de ministros a respaldarlo en esa reunión de prensa y los propios hermanos Milei le ofrecieron su sostén, cuestionaron a los críticos de Adorni y prometieron mantenerlo en el puesto. Muchos observadores recuerdan, sin embargo, que también José Luis Espert recibió en su momento garantías de que se mantendría a la cabeza de la lista bonaerense de diputados oficialistas pero el daño ante la opinión pública que provocaba su vínculo con un personaje sospechado de lazos con el narcotráfico evaporó el compromiso y Diego Santilli tuvo que cortarse el pelo para reemplazarlo mientras Espert hacía mutis por el foro. Al parecer, Adorni está a punto de ser imputado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito.
En paralelo al caso del jefe de gabinete, pero con raíces previas y cargas de mayor profundidad, discurre la investigación judicial y periodística sobre el caso $Libra y los datos que surgen del teléfono celular de un asiduo visitante de la Casa Rosada y de Olivos conectado al controvertido lanzamiento de aquella criptomoneda. Los analistas de redes sociales registran un enorme intercambio sobre estos temas en el que no prevalece, precisamente, la buena onda con esos comportamientos. Ese partido los libertarios lo están perdiendo en un terreno en el que durante largo tiempo fueron hegemónicos. Es un lastre más para un gobierno que está trabajando con la mirada puesta en la elección de 2027 y la expectativa de una reelección.
Así, el gobierno libertario atraviesa un momento de desgaste que no logra metabolizar políticamente. Se advierte una dificultad persistente para ordenar el frente interno y construir un relato que amortigüe el impacto de errores propios y la ausencia de una estrategia de comunicación capaz de contenerlos.
O, quizás, la estrategia elegida haya sido apostar a la cronoterapia, que el tiempo permita barrer los hechos complicados bajo la alfombra de algún otro asunto de la agenda política o que la judicialización de estos casos preocupantes termine sepultada en los nichos de expedientes de determinados jueces. Como rezaba el anillo de Julio Grondona: “Todo pasa”. Es una apuesta arriesgada.
¿Funciona?
Podría ayudar que la economía diera mejores noticias, pero la inflación ya virtualmente alcanzó en un trimestre el porcentaje que el presupuesto vaticinó para todo el año y, aunque el campo, el petróleo y la minería sostengan el incremento del PBI (aunque no el empleo, ya que ocupan relativamente poco personal), la mayoría de los rubros productivos, especialmente industria y construcción (que son trabajo intensivas), se hunden. . El escenario presenta claroscuros. Algunos indicadores sugieren cierto ordenamiento macroeconómico, mientras otros —especialmente los vinculados a la actividad y al tejido social— siguen mostrando tensiones relevantes. “¿Y si el plan no está funcionando?”, se preguntaba desde el título de su comentario del último domingo en La Nación el penetrante y equilibrado Jorge Liotti.
A ese cuadro se suma un contexto internacional conmocionado. La prolongación del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán viene contradiciendo las expectativas originales de Washington y Tel Aviv e introduce un factor de incertidumbre adicional. Sus efectos actuales y potenciales sobre los precios de la energía, los flujos comerciales y las condiciones financieras globales no son menores para una economía como la argentina, particularmente expuesta a shocks externos.
La ventaja con la que cuenta el oficialismo es que por ahora no aparece ninguna conducción alternativa en condiciones de capitalizar en beneficio propio sus dificultades y de unificar significativamente lo que la calle y las encuestas de opinión pública empiezan a deletrear.