El empresario detenido Lázaro Báez aseguró hoy en el juicio que se le sigue por supuesto lavado de dinero que las obras públicas en las cuales intervinieron sus empresas no tuvieron sobreprecios y sostuvo que el valijero arrepentido Leonardo Fariña fue “guionado” para declarar en su contra.

“Éramos los ladrones de la Argentina, el símbolo de corrupción de la gestión K, pero no nos pudieron decir dónde está la sobrefacturación, lo sobrecertificación”, sostuvo Báez desde el banquillo de los acusados.

Báez declaró durante una hora ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 en el marco de una ampliación de indagatoria solicitada por su defensa para que el imputado pudiera referirse al supuesto “delito precedente” de las presuntas maniobras de lavado de 60 millones de dólares por las que está siendo juzgado.

El empresario sostuvo que se le imputa haber lavado dinero proveniente de sobrefacturación de obras públicas, pero señaló que en ningún momento de la causa le indicaron “qué obra, qué tramitación o qué tramo tenía los sobreprecios”.

“Intentaron introducir la causa de la obra pública como delito precedente con la declaración guionada del arrepentido. En su primera declaración en esa condición llevó anotados los conceptos que tenía que decir, lo que quedó asentado en el expediente. Fariña no conoce la diferencia entre un ladrillo y un block”, aseguró.

“Las obras realizadas tenían una correspondencia en lo construido y lo certificado en un porcentaje cercano al 100”, sostuvo el empresario que citó un peritaje realizado en otro expediente, el que investiga si fue favorecido con el otorgamiento de contratos de obra pública durante el kirchnerismo.

También respondió sobre los eventuales atrasos en la realización de las obras: “Una obra no se atrasa, una obra que se atrasa no beneficia al constructor dado que si no construye no certifica y si no certifica no cobra”.

Al referirse a la certificación de las obras, Báez sostuvo que el Fariña fue “guionado” y que no sabía nada sobre obras públicas “porque decía que era más caro certificar que no certificar” y agregó: “Sin cobrar la empresa se quebraría, máxima cuando hay una tendencia a la suba de precios”.

“Señores jueces, les pido que lean la ley de obra pública y vean que todo eso perjudicó a las empresas”, le reclamó Báez al tribunal integrado Néstor Costabel, Gabriela López iñíguez y Adriana Palliotti.

Báez ya había declarado en el juicio el 20 de noviembre cuando sostuvo que fue víctima de supuestas presiones por parte de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para acusar a la ex presidenta Cristina Fernández y admitir ser testaferro de sus bienes, con el fin de “atacar al modelo de país que imaginó Néstor” Kirchner.

Báez está procesado por supuesto lavado de unos 60 millones de dólares a través de sociedades off shore, cuentas en Suiza con sus hijos como beneficiarios finales y otras maniobras en un caso que investigó el juez federal Sebastián Casanello.

En su anterior declaración, negó ser dueño de financieras como SGI, conocida como “La Rosadita”, donde su hijo mayor, Martín Báez, quedó filmado contando unos tres millones de dólares, y rechazó que sus hijos hayan cometido delito alguno.

Por este caso, Báez tenía decretada una prisión preventiva que le fue levantada la semana pasada luego de que se vencieran todos los plazos para la aplicación de una medida de esas características, aunque sigue detenido en el marco de otros expedientes.