Hace nueve años, Christopher Mirasolo, secuestró durante dos días, violó y amenazó con matar a una nena de 12 años. Fruto de esa violación, la pequeña tuvo un hijo. Ahora un juez del estado de Michigan le otorgó la custodia compartida y derechos de visita a Mirasolo, que no lo había pedido ni los quiere.

Como si fuera poco, el juez Gregory Ross determinó que el nene, ahora de ocho años, deberá llevar de segundo apellido el del violador y entregó al hombre la dirección de la mujer, que vive en Florida con su hijo.

El polémico caso se originó en un procedimiento burocrático cuando la madre, ahora de 21 años, pidió ayuda al estado para mantener a su hijo. Se realizó una prueba de ADN y se comprobó que Mirasolo, de 27 años, era el padre.

El secuestro y ataque sexual de la nena ocurrido en 2008 constituye un delito de primer grado en Michigan, por lo que no podía tener una pena inferior a 25 años. Sin embargo Mirasolo firmó un acuerdo con la Fiscalía del Condado de Sanilac y fue condenado a sólo un año de cárcel por conducta sexual criminal de tercer grado. Fue liberado a los seis meses y medio para que cuidara a su madre enferma.

En 2010, abusó de otra nena de 14 años y fue condenado a 4 cuatro años de prisión, aunque fue liberado en 2012. Ahora figura como delincuente sexual registrado y no puede estar cerca de un menor sin la presencia de un “adulto responsable”. Pero le acaban de dar la custodia de su hijo.

“Esto es una locura”, denunció Rebecca Kiessling, abogada de la madre del nene. “Nada se ha hecho de la manera correcta desde que se empezó a investigar el suceso. Nunca fue acusado adecuadamente y todavía debería estar sentado detrás de las rejas en algún lugar, pero el sistema está victimizando a mi cliente, que era una niña cuando todo esto sucedió”, agregó.

Según explicó, la corte además prohibió a la mujer “moverse a 100 millas de donde había estado viviendo cuando el caso fue presentado, sin el consentimiento de la corte”, por lo que deberá regresar a Michigan o podría ser condenada por desacato al tribunal.

Por su parte, Barbara Yockey, la abogada de Mirasolo, recalcó que su cliente “nunca inició esto” sino que “es algo que hace rutinariamente la fiscalía cuando una parte solicita ayuda estatal” y dijo desconocer si el hombre tiene “planes o intenciones” de tener alguna participación en la vida del menor.