Por Laura Impellizzeri

La modificación de la Ley de Glaciares se llevará a cabo durante las sesiones extraordinarias, que comienzan el próximo lunes 2 febrero, y el debate sobre este tema en particular probablemente tendrá fecha el martes 10.

El proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei pretende redefinir la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, puntualmente en artículos claves relacionados con la relevancia hídrica y con brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus recursos.

En este contexto, se espera un debate intenso con los sectores parlamentarios opositores a La Libertad Avanza (LLA), como es el caso de la mayoría de los legisladores de Unión por la Patria (UxP), a los que se suman las ya anunciadas manifestaciones de organismos ambientalistas que rechazan el tratamiento, debido a que la modificación de la ley actual (26.639) dejaría sin efecto la prohibición de actividades mineras y de hidrocarburos que puedan afectar la condición natural de los glaciares, el ambiente periglacial y las cuencas hídricas, todas ellas consideradas reservas de agua.

Es decir que, mientras el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminería y con ello facilitar el desarrollo económico, especialmente en los sectores de hidrocarburos, el bloque peronista defiende su preservación para conservar las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, que es el principal objetivo de la ley vigente.

En esta misma línea, el bloque libertario del Senado aseguró que la ley actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, por lo que el proyecto que impulsan busca restringir el objeto de protección solo a aquellos glaciares que “cumplan una función hídrica efectiva y estratégica” y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.

Fuentes legislativas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que, de ser conseguida esa modificación, otorgará mayor autonomía a cada una de las provincias para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de Litio y Cobre, como son San Juan, Catamarca y Jujuy.

Los legisladores opositores de estas provincias se encuentran “bajo presión”, ya que la normativa actual frena proyectos mineros y genera un debate sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.

Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.

Asimismo, los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar “certezas técnicas” para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.

NA.