Por Jorge Raventos

El gobierno libertario afronta un fin de año paradójico. Después del shock vitamínico proporcionado por la rotunda victoria electoral de octubre –que, con ayuda de Washington, revirtió la inquietante declinación de las semanas anteriores-, el oficialismo engordó notablemente sus bloques legislativos a los que se sumaron amigos del campeón procedentes de otras filas. En esas condiciones, el Poder Ejecutivo acarició la idea de concluir el año con dos trofeos: la aprobación de la ley de Presupuesto y al menos una media sanción de la ley de “modernización laboral”.

Pisando el acelerador, abriendo la caja y sin excluir los tratos pampa con diferentes sectores de la desperdigada oposición, el gobierno consiguió en la medianoche del miércoles 17 que la Cámara de Diputados diera media sanción a su proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Senado la ratificara, la Argentina volvería en 2026 a tener presupuesto después de dos largos ejercicios sin ese instrumento (una ausencia que beneficia los manejos discrecionales del administrador).

Sin embargo, pese a aquel ímpetu, a aquellos trapicheos y a maniobras de técnica legislativa como establecer que el tratamiento en particular no fuera artículo por artículo sino capítulo por capítulo, el oficialismo no consiguió atravesar con éxito la votación en particular, no pudo imponer el capítulo que incluía la anulación de las leyes referidas al presupuesto universitario y a la problemática de discapacidad que el Congreso había sancionado y luego reafirmado (contra el veto del Ejecutivo). Un mal cálculo político había convencido a los estrategas del gobierno de que podían alcanzar una aprobación completa -.sin objeciones- blindando las anulaciones con concesiones que habilitaban beneficios y reivindicaciones de otros sectores, desde provincias hasta la Justicia; imaginaron que amontonar unas y otras en el mismo capítulo disuadiría cualquier intención de rechazarlo. Tal cosa no ocurrió: el oficialismo sufrió así una derrota en una jornada que preveía parecía triunfal. Los temas universidades y discapacidad han sido una piedra con la que el oficialismo se ha empeñado tercamente en tropezar.

Ahora el Poder Ejecutivo está decepcionado con lo que ocurrió en la Cámara Baja (y quizás con los responsables propios de la negociación: ¿Martín Menem, Santilli, Luis Caputo?). Ahora se encuentra ante el dilema de aceptar un presupuesto  que pone en duda su particular estrategia de combate al déficit fiscal o vetar el presupuesto semi aprobado si la Cámara Alta lo ratifica.  Esto sería un  nuevo desafío al Congreso que no armonizaría con las sugerencias de apertura política y búsqueda de consensos  planteadas por Washington.

El gobierno  optará por  tragar amargo y escupir dulce; tendrá que acordar con sectores de la oposición y con gobernadores para que  el Senado acepte corregir un poco los desequilibrios financieros sin reincidir en la intención anulatoria que fracasó en Diputados. Entretanto, con la batuta de Patricia Bullrich, los libertarios avanzaron en la búsqueda de la media sanción de la modernización laboral en el Senado. Apelando a una suerte de bilardismo legislativo, la senadora Bullrich se aseguró la presidencia de la comisión respectiva y también  la aprobación de un dictamen, pero la experiencia de lo ocurrido en la Cámara Baja con el presupuesto la indujo a postergar hasta dentro de una semanas el examen más riguroso  que se juega en el recinto, en el plenario de los senadores.Se resignó a la paciencia. Fue advertida de que el dictamen, tal como estaba redactado, no sería aprobado y decidió abrirlo para conseguir más consenso,(es decir, para limar sus bordes más agresivos).

La movilización que convocó el jueves la CGT fue deliberadamente contenida: la nueva conducción del sindicalismo mostró moderación y capacidad para desplegar una movilización controlada; lo que equivale a decir: disposición a acordar cambios sensatos o para resistir activamente (en la calle, a través de un gran paro general) las pretensiones más aventuradas. En el cuadro hay que sumar la  evolución de  las relaciones del Ejecutivo con los gobernadores después de lo ocurrido  en Diputados con  el presupuesto: todos los actores son conscientes de que el gobierno es el jugador más fuerte, pero también de que sus cartas no le permiten jugar en soledad; necesita aliados, necesita construir consensos.

En rigor, hay, de fondo, un acuerdo sobre la necesidad de modernizar la legislación y facilitar el blanqueo  de una fuerza de trabajo mayoritariamente empleada en negro. El gobierno se anotará un triunfo si sale alguna ley  allí donde otros gobiernos de centro derecha fracasaron. Aunque sus voceros políticos se muestran intransigentes. ha venido negociando discretamente concesiones a los gremios. Es posible que, si logran consenso, algunos de los oficialistas más duros se muestren decepcionados. Los sindicatos, que en principio caracterizan el proyecto como inconstitucional y lo enfrentan, negocian por puntos específicos. El diablo está en los detalles.

Feliz fin de año

Sumando a las paradojas de fin de año, el gobierno ha introducido ajustes en su política cambiaria y en su disposición a comprar reservas. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, informó que la entidad comprará reservas a partir de enero. Es un compromiso que da satisfacción a los reclamos discretos del Fondo Monetario Internacional y admite las hasta ahora desdeñadas advertencias de un gran elenco de economistas profesionales, aunque en los hechos prescinda de la reciente advertencia del Presidente, cuando afirmó que “si el Banco Central compra dólares sube la inflación”.

En verdad, la inflación viene subiendo, así sea suavemente, desde el mes de abril, incluso si el Central desaprovechó mejores oportunidades de comprar dólares . En cualquier caso, los mercados reaccionaron positivamente y el riesgo país quebró la barrera de los 600 puntos y cayó hasta los 572 puntos.

En materia cambiaria, pese a que se declaraba que las bandas de referencia para el tipo de cambio estaban “muy bien calibradas”, habrá modificaciones desde enero, y ya no se corregirán al 1 por ciento mensual, sino siguiendo la inflación de dos meses antes, un ajuste que duplica el que venía practicando). Tanto este cambio en las bandas como la intervención del Central en la compra de divisas, hacen prever un alza en el precio del dólar , lo que empuja especulaciones por sus efectos sobre la inflación. El gobierno parece haber modificado sus prioridades y pone en primer lugar la acumulación de reservas a riesgo de  que la inflación se desacomode.

El gobierno salió al mercado a buscar fondos para cubrir un vencimiento de más de 4.000 millones de dólares a principios de enero y sólo consiguió menos de 910 millones a una tasa anual del 9,26%. (superior a la que pagaron Santa Fé y la ciudad autónoma). Tendrá que conseguir más dólares porque a mediados de enero hay un vencimiento de más de 4.000 millones.

El gobierno finaliza un año con menos alegría de la que había soñado. Pero dispuesto, pese a todo, a ver el vaso medio lleno, no medio vacío.