El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 dará a conocer la sentencia por la causa de “licencias truchas” el próximo 12 de julio, en la que Juan Carlos Belmonte y otras nueve personas fueron juzgadas por integrar una organización ilícita que emitía y vendía licencias de conducir irregulares. Del mismo juicio participó el medíatico Federico Bal, acusado de haber utilizado conscientemente una de esas licencias.

Ante los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone, el fiscal Marcos Pagella había pedido condenas que van desde los 5 a los 15 años de prisión, mientras que para Federico Bal, de 3 años de prisión en suspenso.

Durante un extenso juicio, para el fiscal quedó probado que el extitular del Distrito Descentralizado El Gaucho, Juan Carlos Belmonte, era el líder de una organización ilícita que comercializaba licencias de conducir irregulares y, ante tal situación, pidió para él una pena ejemplar de 15 años de prisión.

Para el resto de los imputados por ser parte de la la organización, Pagella solicitó que Albertos Carlos Zelaschi fuera condenado a 12 años de prisión, Viviana Beatriz Pared a 9 años; Luis Alberto Belmonte y Fernando Eduardo Peña a 8 años; Raquel Araya a 7 años y 6 meses; Sabrina Aylen Soria, Verónica Noemí Benedetti y Raúl Ernesto Hernández a 6 años y Ester Carolina Bonfini a 5 años.

En el caso del mediatíco Federico Bal, el fiscal Pagella solicitó una pena de 3 años de prisión en suspenso por considerar que quedó probado que utilizó un registro de conducir irregular, sin ser parte de la organización ilícita.

Imputados, calificaciones y pedidos de penas

Juan Carlos Belmonte: 15 años por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Alberto Carlos Zelaschi: 12 años por los delitos calificados de asociación ilícita y falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Viviana Beatriz Pared: 9 años asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Luis Alberto Belmonte: 8 años por los delitos calificados de asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Fernando Eduardo Peña: 8 años asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Leda Raquel Araya: 7 años y 6 meses por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Sabrina Aylen Soria: 6 años por los delitos calificados de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Verónica Noemí Benedetti: 6 años por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Raúl Ernesto Hernández: 6 años asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Ester Carolina Bonfini: 5 años asociación ilícita.
Federico Bal: 3 años en suspenso utilización de instrumento público falso agravado.

El caso

Inicialmente los imputados fueron 25; respecto de 7 de ellos se suscribieron suspensiones de juicio a prueba; otros 6 exfuncionarios municipales fueron ya condenados mediante la modalidad del juicio abreviado.

El 7 de marzo de 2015 el Ministerio Público Fiscal dio por terminada la investigación y pidió la elevación a juicio. A partir de allí se sucedió la etapa intermedia y los ofrecimientos de pruebas de las partes que llevó a un extenso análisis debido a la cantidad de material aportado y la complejidad del caso.

En total se detectaron 7.031 carnets irregulares emitidos por la gestión municipal anterior en el período que la fiscalía investiga. La investigación dio inicio hace aproximadamente tres años, cuando se determinó el allanamiento del Distrito Descentralizado El Gaucho y se procedió a tomar declaración a funcionarios de la gestión anterior y de empleados municipales ante la Justicia, bajo la figura de asociación ilícita, defraudación al erario público, falsificación de documentación pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.