Por Ramiro Melucci

No todos los sectores del PRO local han convergido estos años con el mismo entusiasmo con el radicalismo. El del intendente Guillermo Montenegro, creador del “modelo Mar del Plata” junto a Maximiliano Abad, todavía cuida esa relación, aun cuando el modelo esté a punto de cambiar. El del próximo intendente interino, Agustín Neme –referenciado en Emiliano Giri–, siempre se vinculó mejor con La Libertad Avanza. Fue el primero en colaborar con los libertarios en el plano doméstico. Ocurrió desde el balotaje contra Sergio Massa que depositó a Javier Milei en la Casa Rosada, del que hace unos días se cumplió el segundo aniversario. Y del que Montenegro había tomado distancia.

El intendente recién retomó este año la relación con Alejandro Carrancio, el hombre fuerte de La Libertad Avanza en la región, después de una pelea que duró cuatro años: desde que Carrancio, como presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante, tumbó el primer pliego de transporte de Montenegro y el jefe comunal eyectó de la gestión a todos los funcionarios que en ese momento respondían al entonces senador provincial Lucas Fiorini.

En esos años, sin embargo, Carrancio construyó una relación fructífera con Neme y Giri. Crítica del influyente rol de la UCR en la alianza de gobierno municipal.

Esa trama de relaciones, que van mutando y acomodándose a las necesidades del momento, surca la gestación del experimento municipal que nacerá el 10 de diciembre, con Montenegro como jefe político y Neme como intendente interino.

Después de una década de convivir en la misma coalición que el radicalismo, el PRO acudió a las últimas elecciones con el sello y el color de La Libertad Avanza. En el gobierno local ese pacto se traducirá en un puñado de cargos para los libertarios y, muy posiblemente, en la presidencia del Concejo Deliberante. Pero Montenegro ha insistido en la necesidad de que los radicales sigan cerca. Gran parte de lo que se discute puertas adentro en estas horas está vinculado con ese deseo: ¿cuáles son las alternativas para garantizar la gobernabilidad de un intendente que no fue votado como tal en elecciones?, ¿cómo compaginar a todas las partes?, ¿cómo asegurarse que el radicalismo aporte sus votos en el Concejo para restablecer la mayoría caducante? ¿Lo hará siempre o será necesario una negociación ordenanza por ordenanza?

Hace algo más de tres meses, Abad anunció que el 10 de diciembre terminaba su contrato político con Montenegro. La traducción inmediata del mensaje fue que todos los funcionarios radicales dejarían sus cargos. Hoy merecería una reinterpretación. La sociedad política entre ambos no parece en vías de fenecer. Lo que cambiará es rol de la UCR en su vinculación con el gobierno municipal. Los funcionarios radicales de primera línea no seguirían en sus cargos, pero otros podrían hacerlo. Allí se verá la dimensión del consenso.

Montenegro ha insistido en la necesidad de que los radicales sigan cerca. Gran parte de lo que se discute puertas adentro en estas horas está vinculado con ese deseo.

A cuatro días de su función final luego de dos años de hegemonía parlamentaria, en la mayoría del interbloque oficialista que conforman el PRO, la UCR y la Coalición Cívica perduran los ecos de su último desentendimiento.

Un acuerdo entre las partes había reencaminado un proyecto de Guido García (Coalición Cívica) para modificar la ordenanza de grandes superficies comerciales. Las conversaciones derivaron en una corrección consensuada para que la norma, que establece un máximo de tres bocas de expendio por cadena de distribución que se instale en Mar del Plata, directamente fuera derogada. Más allá de que una ley provincial fija el mismo tope, el oficialismo local planeaba a dar una fuerte señal de apertura, a tono con los vientos políticos que soplan.

Pero una previsible nota en contra de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) hizo que el radicalismo retirara el pie del acelerador. El malestar entre los socios se percibió de inmediato. “Con la Libertad Avanza las cosas van a ser distintas”, se entusiasmó un edil ante el inminente cambio en la sociedad principal.

Montenegro, en cambio, casi no tiene reproches para la alianza legislativa que reinó en los últimos dos años. Es cierto que no logró sancionar un nuevo sistema de transporte, que le delegó todos los aumentos de boleto y que tampoco aprobó un nuevo pliego de la recolección de residuos. Pero gran parte de lo que ingresó como proyecto salió como ordenanza: desde pliegos, convenios y prórrogas hasta excepciones, adjudicaciones y nombramientos. El símbolo es la licitación por tres décadas –con opción a cuatro– del Minella y el Polideportivo.

En cambio, pueden anotarse como excepción la frustrada habilitación a aplicaciones de transporte –que alimentaba la batalla contra los taxistas– y la olvidada declaración de esencialidad del trabajo municipal, impulsada por Montenegro en 2024, el año de la guerra con el sindicato municipal.

Pero el desgaste no impidió un sprint final a toda orquesta. En la sesión de octubre se aprobaron la declaración de emergencia de la recolección de residuos y la prórroga del contrato con la empresa 9 de Julio, se adjudicó la concesión del estacionamiento medido y se nombraron tres jueces de faltas.

En la del próximo jueves se declarará por un año la emergencia del transporte y se prorrogará el contrato con las concesionarias; se le dará tiempo al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre para la presentación del presupuesto y se aprobarán más permisos y licitaciones de balnearios. También habrá un aval para que el gobierno municipal eche mano a fondos afectados a otros fines para pagar salarios. Como dijo la semana pasada en el marco de otra discusión un legislador provincial, en un cuerpo legislativo siempre el resultado manda.

Montenegro casi no tiene reproches para la alianza legislativa que reinó en los últimos dos años. Le ha aprobado desde pliegos, convenios y prórrogas hasta excepciones y nombramientos.

La decisión de usar fondos destinados a otras finalidades para pagar sueldos en otro momento podría haber generado una fuerte controversia. Ahora no: Montenegro argumenta que los necesita porque ni la Nación ni la Provincia pagaron lo que les corresponde por el convenio tripartito para financiar el sistema educativo municipal. Ni los que reivindicaban al gobierno de Alberto Fernández, ni los que aplauden al de Javier Milei, ni los que asumen la defensa del de Axel Kicillof han salido a desmentirlo. No pueden porque faltarían a la verdad: la plata no está.

Ninguno, por lo tanto, tiene margen político para una crítica altisonante. Menos si los que están del otro lado esperando ese aval para asegurarse sus salarios son los municipales.

Virginia Sívori (Unión por la Patria) experimenta una diagonal. Habitualmente crítica del manejo de los fondos del gobierno de Montenegro, pide que el Ejecutivo informe con claridad qué fondos afectados son los que se van a usar para pagar sueldos. ¿Los de la tasa vial? ¿Los del Fondo de Promoción Turística? Suposiciones. Hasta ahora la respuesta no llegó.