LA PLATA (Corresponsal).- Cuando tras el coloquio de IDEA que se realizó en Mar del Plata se conoció la noticia que la Nación le transferiría a las provincias el costo de los subsidios al transporte, que abarcaba a las líneas de colectivos no interjurisdiccionales (es decir, que no cruzan a otra provincia o a la Capital Federal) los municipios bonaerenses pusieron sus economías en estado de alerta.

Lo que sucedió fue que un tiempo más adelante, esos fondos que el Estado Nacional dejó de transferir a las provincias pasaron a ser una parte importante de la negociación del presupuesto en Buenos Aires, ya que la intención de la gobernadora María Eugenia Vidal era que cada comuna los asumiera como propios, algo que finalmente no sucedió.

La negociación por los subsidios al transporte formó parte de un “paquete” en el que también estaban incluidos la “tarifa social”, los costos de la Ceamse, el tope de incremento a las tasas, a cambio del apoyo de los legisladores al proyecto de Endeudamiento y a la posibilidad de incluir nombres propios en lugares vacíos que hay en el Tribunal de Cuentas y en el directorio del Banco Provincia.

“Los pagos que correspondan a la compensación tarifaria y del gasoil de los servicios prestados en los municipios no comprendidos en el artículo 2º de la Ley Nacional 25031, por encima del importe destinado por la Nación durante el Ejercicio 2018 por el mismo concepto, serán recuperados por la Provincia mediante su compensación con los recursos correspondientes al régimen de coparticipación de la Ley 10559 y sus modificatorias, previo convenio con el municipio respectivo”, señala el texto modificado en la ley de presupuesto que se refiere a los subsidios del transporte.

Allí se marca también que el Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios en los que “la Provincia asuma la obligación de pago de las compensaciones tarifarias”, o tomar medidas “a los fines de la implementación del traspaso del subsidio al transporte público automotor de pasajeros”, “suscribiendo convenios con los municipios”.

Lo que se ahorró Arroyo

Tras las negociaciones en la jornada que terminó con la aprobación del presupuesto, la comuna de General Pueyrredon evitó hacerse cargo de 847.997.065 pesos, cifra que supera holgadamente los 260 millones iniciales que contemplaba la Ley de Leyes para Mar del Plata e incluso duplica por mucho el monto final, luego que se le anexaran obras por 118 millones más.

Muchas sillas vacías

Pero las negociaciones no solamente abarcaron el subsidio a los transportes, también se centraron en la ocupación de lugares que desde el Ejecutivo provincial consideran claves para la gobernabilidad del territorio bonaerense, como las vacantes que hay en el directorio del Banco Provincia y el Honorable Tribunal de Cuentas.

Con apenas dos miembros en funciones desde mediados de 2018, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires se quedó sin el mínimo de tres necesarios (la mitad más uno de los cinco miembros que tiene cuando funciona a pleno) para poder dar quórum en sus sesiones, lo que trae aparejado varios problemas en el normal funcionamiento de la administración bonaerense.

La creación del organismo está legislada en el artículo 159 de la Carta Magna Provincial donde se especifica que “Este se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación”.

El texto también indica que las atribuciones del organismo serán examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos; así como inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley. Allí se aclara también que las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal corresponderán al fiscal de Estado.

Su presidente, será de vital importancia en los procesos eleccionarios, ya que participará de la Junta Electoral, junto a los titulares de la Suprema Corte de Justicia de tres Cámaras de Apelación del Departamento de la Capital.
En relación a los municipios, el inciso 5 del artículo 192 de la Constitución Provincial, remarca que los regímenes municipales deberán remitir los presupuestos aprobados en los Concejos Deliberantes al Tribunal de Cuentas para su revisión.

Con su actual conformación, el tribunal no puede emitir fallos, ya que con solo dos integrantes los mismos estarían viciados de nulidad, por lo que no estaría autorizado a aplicar sanciones como las que ya aplicó antes de quedar sin quórum al intendente de Mar del Plata y a algunos de los integrantes de su gabinete.

La situación en la que se encuentra hoy el organismo revisor de cuentas de la provincia, comenzó en 2016, con el fallecimiento de la vocal Cecilia Fernández. Luego, en abril de 2017, se jubiló Héctor Giecco y más tarde lo hizo el vocal Gustavo Fernández.

Siguen las negociaciones

Por estas bajas, sólo quedaron en funciones el presidente Eduardo Grinberg y el vocal Miguel Teilletchea, lo que obligará a que en la sesión del jueves, el Ejecutivo promueva los pliegos para que el senado apruebe las designaciones, para las que de momento, hay negociaciones en curso que se manejan bajo un hermetismo total.