Arrojar residuos en la vía pública es una conducta reprochable, y configura la violación de ordenanzas municipales, y de leyes provinciales que regulan la gestión de residuos urbanos. Es, técnicamente, una contravención y no un delito. Esta diferenciación nos permite situarnos en el tratamiento que debemos darle a esta problemática, en orden a erradicar los basurales a cielo abierto en la ciudad.

La ley provincial obliga a cada municipio de la provincia a presentar un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y requiere la elaboración de una propuesta ante la Autoridad Ambiental Provincial, indicando la caracterización de cada etapa que conforma la gestión de residuos, como son la generación, disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, valoración y disposición final. También, dentro del programa de tratamiento integral, se deben incluir acciones de difusión y educación, a fin de lograr la participación activa de la comunidad.

En cuanto a los llamados basurales a cielo abierto, estos programas que presenten los municipios deben tener como objetivos erradicar la práctica del arrojo en vía pública e impedir el establecimiento de nuevos basurales a cielo abierto en sus respectivas jurisdicciones. Por eso, las autoridades municipales están obligadas a clausurar dichos basurales, conforme a los principios establecidos en la Ley Nacional N° 25.675.

En síntesis, hay un sistema de normas que regula la cuestión y que incluye, no sólo el poder de policía, sino la importancia de institucionalizar políticas de erradicación de basurales a cielo abierto. Para ello se debe avanzar acciones coordinadas desde esta planificación, y no con respuestas espasmódicas sobre personas individuales, que pueden que estén incurriendo en contravenciones locales, pero que hacen desviar el foco de un problema más general, que es la falta de gestión de los residuos sólidos urbanos.

Por eso, a los basurales a cielo abierto, y a las conductas incorrectas de algunos vecinos, se los combate con control en las calles, esto implica inspectores capacitados y con herramientas institucionales para actuar y no con policía municipal, que tiene como finalidad principal la prevención y represión de delitos, que no son lo mismo que las contravenciones. La policía es una fuerza de seguridad y es necesario que haga lo que le corresponde, sin ocuparse de tareas que se deben controlar con inspectores municipales. Y mucho menos vestidos de civil.

(*): Diputado provincial por Cambiemos.