Los dichos de Sturzenegger sobre la pesca que cayeron como una bomba y agitaron las aguas del puerto
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Las declaraciones de Federico Sturzenegger sobre la industria pesquera, durante su participación en Agenda Real, el programa de LA CAPITAL y Canal 8, cayeron como una bomba en el puerto de Mar del Plata y reavivaron una relación que nunca fue precisamente cordial entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad. El funcionario no solo evitó comprometer una reducción de las retenciones que reclama la actividad, sino que avanzó con cuestionamientos muy duros contra los empresarios pesqueros, a quienes llegó a definir como integrantes de una “casta naviera pesquera” que mantiene una deuda con la sociedad argentina. Las expresiones no tardaron en provocar malestar. En un sector que viene advirtiendo sobre problemas de rentabilidad, pérdida de competitividad, dificultades para sostener las inversiones y una creciente presión tributaria, las palabras del ministro fueron interpretadas como una nueva demostración de la distancia que separa a buena parte de la industria pesquera del pensamiento económico del funcionario.

Sturzenegger sostuvo que los recursos pesqueros pertenecen a todos los argentinos y comparó su explotación con la actividad petrolera. “Los peces del mar son de todos los argentinos. Es un recurso público de todos los argentinos, lo mismo que el petróleo”, afirmó. A partir de ese razonamiento cuestionó el régimen de adjudicación de los permisos de pesca y aseguró que la industria tiene una deuda pendiente con el conjunto de la sociedad porque, según su interpretación, nunca se transparentó suficientemente el mecanismo de acceso a las licencias. “Después de muchos años, se creó una industria, yo lo llamo una casta naviera pesquera”, disparó el ministro, que reconoció que su posición genera fuertes resistencias entre los empresarios. “Por eso no me quieren mucho los muchachos”, ironizó durante la entrevista. Lo cierto es que la relación entre Sturzenegger y la pesca viene cargada de tensiones desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

El primer enfrentamiento importante se produjo cuando el Gobierno intentó modificar profundamente el régimen pesquero a través del proyecto original de la Ley Bases. Aquella iniciativa generó una reacción prácticamente unánime de rechazo en buena parte de la actividad, especialmente por las consecuencias que podía tener sobre la flota nacional, las empresas radicadas en el país, la industria naval y miles de puestos de trabajo. El capítulo pesquero finalmente quedó afuera de aquella reforma, pero las diferencias nunca desaparecieron. Por el contrario, se profundizaron con las discusiones sobre los derechos de exportación, los costos operativos, los aranceles y la política oficial hacia una actividad que constituye uno de los principales motores económicos del puerto marplatense. Esta vez, quien decidió responder públicamente fue Domingo “Vito” Contessi, presidente del tradicional Astillero Naval Federico Contessi, una empresa emblemática de Mar del Plata y estrechamente vinculada desde hace décadas con el desarrollo de la flota pesquera argentina. Contessi no utilizó medias tintas. A través de las redes sociales cuestionó directamente los argumentos del ministro y resumió su posición con una frase de enorme contundencia: “Hay una mezcla de desconocimiento, prejuicio y mentira”, alegó.

El empresario dividió sus cuestionamientos en tres capítulos y comenzó por lo que considera una falsedad en la reconstrucción que hizo Sturzenegger del intento de reforma pesquera. “Mentira: El primer proyecto de la Ley Bases planteaba una licitación internacional, no una competencia solo entre pescadores argentinos”, escribió, en abierta contradicción con la explicación que había ofrecido el funcionario durante la entrevista. El segundo punto fue todavía más profundo. Contessi sostuvo que el ministro desconoce el funcionamiento real del negocio pesquero y las consecuencias que podría tener la implementación de un sistema generalizado de licitaciones sobre derechos de captura ya existentes. “Ese sistema no se aplica en ninguna parte del mundo y es inviable. No se pueden renovar las cuotas de captura ya existentes mediante licitación”, advirtió. Para explicar su posición planteó una serie de interrogantes que apuntan al impacto económico y laboral de semejante transformación. “Si un empresario le gana a otro y se queda con sus cuotas, ¿qué hace el perdedor con su barco, su personal y su empresa? ¿La cierra? ¿Indemniza a todos? Es absurdo y no ocurre en ningún país del mundo”, sostuvo.

También rechazó la interpretación histórica del ministro acerca de los permisos pesqueros. Según Contessi, no es cierto que durante la gestión de Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca se otorgaran permisos exclusivamente a quienes construyeran embarcaciones en el país. Recordó que la pesquería estaba abierta y en desarrollo, que podían acceder a permisos los proyectos que cumplieran con los requisitos de inversión y que una parte importante de los barcos incorporados fueron unidades usadas bajo el régimen establecido por el decreto 440. Pero el tercer capítulo de su respuesta fue el que puso sobre la mesa una de las cuestiones más sensibles de la discusión: la rentabilidad de las empresas y la carga tributaria que soporta la actividad. “Prejuicio: Sigue insistiendo en que la pesca paga pocos impuestos, sin saber qué sectores ganan y cuáles pierden plata”, cuestionó Contessi. Y agregó: “Equiparar la pesca con el petróleo, sin considerar los márgenes completamente distintos de una y otra actividad, es un error grave”.

El empresario reprochó además la falta de diálogo del Gobierno con los distintos actores de la cadena pesquera. Señaló que nunca se realizó, a su entender, un análisis suficientemente profundo para determinar qué segmentos de la actividad son rentables y cuáles atraviesan dificultades económicas. También cuestionó que se mantengan los derechos de exportación y que se haya incrementado lo que el propio ministro denomina regalías, en referencia al Derecho Único de Extracción. En ese punto aparece una de las contradicciones que el sector le adjudica al discurso oficial. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de reducir impuestos, eliminar regulaciones y favorecer la actividad privada, la pesca continúa reclamando una disminución de los derechos de exportación y de otros costos que afectan su competitividad internacional. Contessi introdujo además un dato particularmente incómodo para la argumentación del ministro: el reciente otorgamiento de 18 nuevos permisos para la explotación de calamar, aprobado por el Consejo Federal Pesquero durante la actual gestión nacional. “El sistema de licitación solo tiene sentido cuando se otorgan permisos nuevos. Este mismo gobierno acaba de otorgar 18 nuevos permisos de pesca de calamar. ¿Y sabe qué, señor Sturzenegger? NO los licitaron. ¿Por qué no averigua cómo se hizo?”, disparó. El cierre de la respuesta de Contessi fue el más personal y, probablemente, el más representativo del enojo que generó en una parte del empresariado portuario la utilización de la palabra “casta”. “Mi abuelo, mi padre y centenares de pescadores que comenzaron esta industria que hoy está en manos de capitales extranjeros no fueron ninguna casta. ¡Casta es otra cosa y usted lo sabe!”, concluyó.

El domingo, luego del acto realizado en la Base Naval por un nuevo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, representantes de la pesca charlaban informalmente sobre los dichos del ministro, y se hablaba también del Consejo Federal Pesquero que aprobó en agosto la adjudicación de 18 proyectos para incorporar nuevos buques poteros, mediante un procedimiento de presentación y evaluación de propuestas. “Hay 54 millones de preguntas para hacerle a funcionarios del Gobierno o al Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Arturo Idoyaga Molina sobre estos permisos para ampliar la pesca de calamar en el Mar Argentino”, sentenció un dirigente sindical visiblemente molesto. “Somos pocos y nos conocemos mucho”, acotó. Uno de sus interlocutores, en tanto, recomendó seguir con atención todo lo que tenga que ver con la inminente cuotificación del langostino. “El calamar y el langostino son las joyas de la pesca. El año pasado las exportaciones de langostinos llegaron a los 867 millones de dólares con un volumen de 120 mil toneladas y el calamar generó 550 millones a partir de ventas por 193 mil toneladas. Es mucha guita por lo que no llama la atención las gestiones de operadores, abogados y asesores de siempre que en estos días vuelven a tener protagonismo. Esa es la verdadera casta que parece desconocer Sturzenegger. Hay cosas que no se pueden decir pero hay paredes de calles del puerto que hablan”, sentenció por último el más veterano del grupo. Lo cierto es que en una actividad que reclama competitividad, previsibilidad y diálogo, el enfrentamiento político parece seguir ganándole terreno a la búsqueda de soluciones. Y, al menos por ahora, las aguas del puerto marplatense están lejos de aquietarse.

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