La relación del presidente Mauricio Macri con las provincias estuvo signada desde el inicio por la peor correlación de fuerzas que se recuerde para un gobierno nacional. Cambiemos cuenta con poco más de un tercio de los diputados, casi la cuarta parte de los senadores y apenas un quinto de los gobernadores.

Desde esa adversidad de origen, el macrismo tuvo llevar adelante una relación que, en lo político, le dio más frutos de los que se esperaban, aunque con un costo financiero que recién se está comenzando a pagar.

Pero el esquema utilizado esconde en sí mismo una contradicción: el gobierno nacional se gana el respaldo de las provincias por los recursos que les transfiere, pero al final del recorrido los gobernadores, si obtienen los fondos que necesitan, ya no serán tan dependientes del favor nacional.

Son las consecuencias de la aceptación generalizada de una ficción de federalismo, en la que oficialismo, oposición y la sociedad en pleno dan por sentado que todo se trata de cuánto dinero se gira desde el Banco Nación a todos los rincones del país. El ABC de cualquier sistema federal vincula directamente la autonomía de las provincias o estados a su capacidad de fijar impuestos y recaudarlos, no a que esperen transferencias del poder central.

La Argentina adoptó otro camino hace ya más de ochenta años. En la medida que se lo mantenga, lo que gane una de las partes será a costa de lo que pierda la otra. Así fue en 1992 con la primera versión del Pacto Fiscal, cuya cláusula más irritante se comenzó a desandar: la retención de un 15 por ciento de la masa coparticipable para sostener el financiamiento de la ANSES, de la que ya se concretó la devolución de 3 puntos porcentuales.

En números redondos, de esos 3 puntos la ANSES reintegrará 2 a las provincias y 1 al Tesoro Nacional, pero en la cuenta completa, lo que la Nación gana por una ventanilla (rentas generales) lo pierde por la otra (sistema previsional), de lo que resulta que cuando en 2020 finalice el proceso de devolución de la coparticipación a las provincias, la Nación perderá 10 de los 15 puntos.

La devolución a las provincias es de toda justicia y viene a reparar una detracción de casi un cuarto de siglo, pero no por ello dejará de representar un agujero fiscal en las arcas nacionales que el Ministerio del Interior estimó en 310.000 millones de pesos a lo largo de un quinquenio. Si ese es el precio de la armonía entre Macri, Frigerio y los gobernadores, es también el de la preocupación de Prat-Gay y Marconato.

Como lo es también la evolución de la recaudación. Y en este aspecto, no solo hay que prestarle atención a los bajos porcentajes de crecimiento nominal. Es cierto que el 24 por ciento de junio y el 23,4 por ciento de julio son una pálida performance ante una inflación que en el mismo período se ubicó en torno del 47 por ciento.

Pero los números de la clasificación presupuestaria son peores: en los primeros siete meses del año, los recursos para la administración nacional crecieron apenas 21,6 por ciento, contra un 35,2 por ciento de los correspondientes a las provincias. La brecha de más de catorce puntos porcentuales entre los dos destinos es la más amplia de por lo menos la última década, en la que el kirchnerismo apeló a la coerción sin sutilezas.

Las razones de esa diferencia hay que buscarlas en la decisión del gobierno de Macri de eliminar las retenciones en general, que no se coparticipan, más allá de Fondo Solidario financiado con la soja, precisamente el único producto que se mantiene con derechos de exportación.

Y la brecha corre el riesgo de seguir ampliándose con la devolución de la coparticipación. Con el aditamento político ya señalado: para 2019, año de elecciones presidenciales, las provincias habrán incrementado un 14 por ciento su proporción en el reparto de recursos del régimen.

El manejo discrecional de las transferencias a las provincias es uno de los instrumentos predilectos de los gobiernos para ejercer su coerción a las provincias. Queda por ver qué pasará cuando se liberen por completo las ataduras del Pacto Fiscal de 1992 y los gobernadores no tengan la necesidad de las últimas décadas de ser permanentemente asistidos por la Nación.

A diferencia de una serie de transferencias extracoparticipables, las del régimen de coparticipación son diarias, automáticas y no están atadas a acuerdos políticos. ¿Seguirá la armonía en un año electoral, con mandatarios provinciales menos pendientes del látigo y el terrón de azúcar?

Es la riesgosa paradoja de la vía macrista al federalismo.

DyN