Uno de policías condenados por el caso Dardo Molina también está procesado como colaborador en la causa por asociación ilícita que tiene como principal imputado al exjefe departamental José Luis Segovia. Mientras se depuran las pruebas y testigos para un debate que podría realizarse en 2028, las defensas evalúan presentar acuerdos para evitar el juicio oral.
Por Fernando del Rio
En septiembre de 2010 Juan Santucho y Adrián Fernández perpetraron uno de los crímenes que más impactaron a la sociedad marplatense. En el asalto a su kiosco, Dardo Molina fue baleado en la cabeza. En verdad, Santucho fue el que disparó y Fernández, que entonces tenía 16 años, manejó la moto para llegar y para escapar. Molina murió meses después en un hospital de alta complejidad en Buenos Aires.
Además de los dos asaltantes, cinco policías de la comisaría sexta fueron condenados por haber realizado procedimientos ilegales durante la investigación y por no haber detenido a Santucho pese a haberlo interceptado. Entre los policías condenados se encontraban Miguel Carchio y Juan Pablo Vélazquez, quienes pese a la condena de 2016 nunca estuvieron presos y en los últimos días se emitió una orden de captura, pero los dos permanecen prófugos.
Esta semana se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda particular de Velázquez y la policía no dio con su paradero. Esa ausencia volvió a notarse este viernes por la mañana en Tribunales, al no presentarse -lógicamente- a una audiencia clave por otra causa. Es que Velázquez es uno de los 13 imputados en el expediente conocido como “asociación ilícita mixta” y que tiene como principal acusado al exjefe departamental José Luis Segovia, detenido desde hace más de dos años. Para la Justicia Velázquez, ya inhabilitado de por vida para ser policía, era un “recaudador” de las coimas que llegaban a la Jefatura Departamental.
La audiencia del artículo 338 se desarrolló ante los jueces Federico Cecchi y Gustavo Fissore y estuvio la mayoría de los procesados con sus defensores para escuchar las distintas posiciones. El ministerio público estuvo representado por el fiscal general adjunto Marcos Pagella y su secretaría María Laura Saleme, quienes adelantaron que presentarán más de 150 testigos.
En esta etapa del proceso, lo que se busca es que las partes estén de acuerdo o no se opongan a los testigos y depurar la prueba, además de establecer algunos consensos para no discutir hechos materialmente certificados. Luego sí el Tribunal podrá estimar la duración del juicio que, se sospecha, será de más de dos meses y se celebrará recién en el año 2028 siempre y cuando no haya acuerdo de juicios abreviados.
Los policías
El 23 de abril de 2016 cinco policías fueron condenados por delitos que incluyeron allanamiento ilegal de morada, privación ilegal de la libertad agravada por la condición de funcionario público, falsificación de instrumento público agravada, falsedad ideológica y falso testimonio agravado.
Las penas impuestas oscilaron entre los dos años y seis meses de prisión en suspenso hasta los cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, sumado a inhabilitaciones especiales para ejercer cargos públicos por hasta diez años.
Tras la condena, la defensa interpuso diversos recursos que recorrieron todas las instancias judiciales: Casación bonaerense, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo todos rechazados o denegados. A pesar de que la defensa alegó la existencia de un recurso de queja pendiente ante la Corte Nacional, el máximo tribunal informó oficialmente la inexistencia de tal presentación. En consecuencia, el Tribunal declaró la firmeza de la sentencia con fecha retroactiva a agosto y septiembre de 2021, según el caso de cada imputado.
En la resolución de abril de 2026, el tribunal determinó que las penas de prisión de Pedro Ismael González, Claudio Daniel Cacciacarro y Marcos Andrés Romero se encuentran prescriptas debido al tiempo transcurrido desde que la sentencia quedó firme sin ser ejecutada. No obstante, se aclaró que las penas de inhabilitación especial para estos tres individuos siguen vigentes, con vencimientos programados entre los años 2031 y 2034.
Diferente es la situación para Velázquez y Carchio, cuyas penas de cinco años de prisión e inhabilitación por diez años se consideran plenamente vigentes. El tribunal ordenó su inmediata detención para comenzar la ejecución de las sanciones privativas de libertad. Pero aún están prófugos.
¿Juicio o acuerdos?
En octubre del año pasado se confirmó la elevación a juicio de la causa contra el exjefe de la Policía Departamental, José Luis Segovia.
La Justicia confirmó en su investigación a Segovia como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al encubrimiento de delitos, recaudación irregular y abuso de autoridad.
La acusación sostiene que la organización criminal, integrada por policías y civiles, protegía actividades financieras informales y cobraba “protección” a comerciantes y prestamistas. El caso se originó a partir de una investigación por un robo ocurrido en Cabo Corrientes en 2020, donde las intervenciones telefónicas permitieron descubrir el entramado de corrupción.
Además de José Luis Segovia, deberán enfrentar el juicio oral los imputados Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni y Cristian Gari. La resolución judicial también alcanza a Lautaro Resúa, cuyo pedido de sobreseimiento fue rechazado, y a los demás procesados en el expediente: Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa y Jorge Toletti.
Sin embargo, una fuerte versión en Tribunales asegura que en los próximos días podrían presentar los defensores de todos los acusados distintas propuestas para evitar el juicio y firmar acuerdos.