Por Gabriel Matarazzo (*)

El proyecto del gobierno de modificar el impuesto a las ganancias tendría un fuerte impacto en el poder adquisitivo de los salarios, que ya se encuentra bastante deteriorado por la elevada inflación. La idea de fijar el mínimo no imponible en una remuneración de $1.200.000 hará que alrededor de 1.500.000 trabajadores vuelvan a pagar el impuesto que el propio presidente aceptó eliminar en la campaña electoral.

Otra modificación que incluye el proyecto oficial es que se computen los ingresos por motivos que no están gravados. Por lo que el dinero que reciban los trabajadores en concepto de horas extras, bonos por productividad, fallo de caja y sueldo anual complementario se tendrán en cuenta a la hora de cobrar el impuesto.

También se incluyen las remuneraciones percibidas por servicios prestados en días feriados, las guardias obligatorias del personal de salud, los gastos de representación y cualquier otro concepto que aumente el salario del empleado. Esta inclusión, a grandes rasgos, desincentiva todo tipo de aumento de productividad.

Curiosamente, la medida sería para aumentar la recaudación, pero su coletazo al consumo podría mermar los ingresos estatales en concepto de IVA. Es decir, el tiro podría salirles por la culata. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya advirtió que con la modificación del impuesto a las ganancias “van a reducir más el consumo de un sector como la clase media y media alta que hoy es fundamental que se pueda mantener”.

Los gobernadores patagónicos se mostraron en contra del proyecto y adelantaron que no acompañarán la medida. En las provincias del sur del país los ingresos son más altos que el promedio nacional y la aplicación del impuesto se hará sentir en la región.

En vez de volver a aplicar el tributo, algunas propuestas alternativas hablan de coparticipar el impuesto al cheque o devolver a las provincias lo que aportan al Tesoro Nacional en concepto de impuestos con asignación específica como el tributo a los combustibles.

Es válido el objetivo del gobierno de llegar al equilibrio fiscal pero afectar el salario de los trabajadores no es el camino correcto. En un momento en el que vemos como se desvanece el poder adquisitivo y las empresas sufren una significativa caída de las ventas, fijar el mínimo no imponible en un piso tan bajo no hará más que intensificar el desplome del consumo.

El proyecto del gobierno también resulta inoportuno. Los empleados en relación de dependencia ven cómo día a día su sueldo rinde cada vez menos producto de la inflación. En definitiva, tampoco es justo que quienes lucharon tanto por sacarse este tributo injusto que ahuyenta el empleo de calidad, vuelvan a ser víctimas de la política.

Regularizar las cuentas fiscales para terminar con el déficit requiere de medidas que tengan en cuenta el bienestar de la población y el buen funcionamiento de la economía. El gobierno debe encontrar otras formas de aumentar la recaudación que no impacten negativamente en el bolsillo de los trabajadores. De evolucionar este proyecto, sin lugar a dudas, en el ámbito del petróleo y gas, es probable que terminemos en un desabastecimiento peor que el de los tiempos de Sergio Massa.

(*) Tesorero de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio)