El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata manifestó su “profunda preocupación” por las declaraciones del intendente Guillermo Montenegro contra la jueza Mariana Irianni, que en la previa de las elecciones determinó que el transporte público fuera gratuito para permitir que los electores se desplazaran para votar.

“El estado de derecho requiere del respeto a la división de poderes y, en particular, a la independencia judicial”, señaló la entidad a través de un comunicado. “Para el diálogo institucional fecundo de los poderes del Estado es indispensable el apego a ultranza de los principios republicanos que emanan de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, las que establecen los mecanismos revisores pertinentes en caso de disconformidad”, agregó.

Montenegro había dicho que “una jueza penal de Menores, que debería estar ocupada en no soltar delincuentes” decidió que en Mar del Plata el transporte público “lo paguen los vecinos”.

El intendente apuntó que esa determinación obligaba al municipio a adherir a una resolución del Gobierno bonaerense que les iba a costar a los vecinos “$300 millones”.

“Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis. Los argentinos ya lo prendimos: cuando algo es gratis alguien lo termina pagando”, añadió.