Familiares y organizaciones sociales realizaron hoy una acción de visibilización de las condiciones de detención de las Unidades Penales 15, 50 y 44. La acción consistió en un banderazo en el ingreso al edificio de Tribunales, en Brown 2046, con la lectura púbica de un petitorio.

El objetivo fue hacer visible el reclamo que vienen llevando a cabo desde hace tiempo vinculado al respeto de los derechos humanos de todas las personas detenidas y a la promoción de políticas públicas que den respuestas de forma integral a la compleja problemática del encierro en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Canela Bella, referenta del espacio señaló que “en virtud de la pandemia desatada por la circulación del covid-19 y el consecuente dictado del ASPO por parte del P.E.N advertimos que se han agravado las condiciones de detención a causa de las deficiencias estructurales, el hacinamiento y la imposibilidad de aplicar el distanciamiento social en los establecimientos carcelario”.

Además, Bella aseveró: “Estamos en la puerta de un masacre humanitaria, dentro de las cárceles” y destacó la importancia de que tanto el poder judicial, como el ejecutivo trabajen conjuntamente para dar solución a los puntos urgentes que detallaron en un petitorio.

El petitorio exige que se respeten los plazos procesales vinculados a los derechos de obtener arrestos domiciliarios, libertades asistidas, libertades condicionales, etc y se tenga especial celeridad en relación a los grupos de riesgo por COVID-19.

Demanda que se garantice el acceso al derecho a la salud, a la atención psicológica y psiquiátrica. Además, reclaman que se habilite el ingreso de indumentaria, frazadas y todo elemento necesario para hacer frente al invierno a las familiares de detenidos, toda vez que en virtud de los reglamentos dictados por el SPB a causa de la pandemia, únicamente se habilitan los depósitos de encomiendas de elementos de higiene y alimentos.

El espacio de liberados del Frente por la Igualdad del Movimiento Evita y Movimiento Evita Mar del Plata, acompañó la convocatoria efectuada por familiares de
personas privadas de la libertad.

Por su parte, Valeria Castaño, referenta de EVITA-UTEP remarcó: “Mientras esperamos que el estado pueda organizar una forma de garantizar el acceso a los derechos fundamentales en este marco de pandemia, entendemos que será la familia quien tape el bache en la medida de sus posibilidades y ponemos en conocimiento la circunstancia de que la mayoría de los familiares de detenidos no poseen los dispositivos tecnológicos adecuados para tramitar su permiso de circulación, lo que derivó en muchos casos en la realización de infracciones al art. 203 del C.P por parte de las fuerzas de seguridad. Como también, que el traslado hasta la Unidad Penitenciaria -en muchos casos insume varias horas de viaje en transporte público- expone a los familiares al virus y a largas colas a la intemperie a la espera de la recepción de la encomienda”.