El gobierno bonaerense puso en funciones este martes a Marcelo López como interventor del Consejo Escolar en reemplazo de Roberto Angrisani, que fue designado consejero general de Educación.

López, dirigente radical que presidió Obras Sanitarias durante el gobierno de Elio Aprile, llega al cargo luego de que la semana pasada la Dirección General de Cultura y Educación diera a conocer un informe según el cual en lo que va de la intervención –comenzó a mediados de abril– “se realizaron trabajos en 180 establecimientos educativos de la ciudad, se licitó el sistema de transporte y se ordenó el sistema alimentario”.

Según ese relevamiento, en abril se llevaron a cabo obras en en 76 escuelas y se realizaron más de 92 reparaciones, de las cuales en su mayoría eran urgente, mientras que en mayo se trabajó en 104 establecimientos educativos y se hicieron 190 reparaciones.

“Los rubros que requirieron mayor atención fueron los de sanitarios, plomería, cubiertas, desratización, desinfección, electricidad y calefacción”, agregó.

El informe fue difundido luego de que la oposición criticara la intervención y de que Angrisani rehusara concurrir a la comisión de Educación del Concejo Deliberante a dar precisiones sobre su actuación.

Antes, la Provincia había avanzado en una denuncia penal contra empresas de transporte por los presuntos delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita”.

Se auditaron 31 recorridos, que por contrato se debían realizar con 43 vehículos para transportar 1.304 alumnos, pero “solamente se efectuaban 15 recorridos con 17 vehículos, transportando 689 alumnos”.

Después de esa presentación judicial, el subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, anticipó a LA CAPITAL que esa no sería la única denuncia, sino que se estaba preparando otra por irregularidades en infraestructura.

La intervención del Consejo Escolar tiene un plazo de 180 días. En ese plazo, que comenzó a regir el 16 de abril, se deberán realizar las acciones necesarias para lograr la normalización del funcionamiento del órgano, en el que durante una auditoría se detectaron irregularidades administrativas.