El empresario a cargo del emprendimiento salió a fijar posición y cuestionó la medida cautelar que mantiene paralizadas las obras.
En medio de la controversia por la instalación de un bar con destilería artesanal en un predio lindero al Faro de la Memoria, el empresario a cargo del emprendimiento salió a fijar posición y cuestionó la medida cautelar que mantiene paralizadas las obras. Se trata de Franco Regalini, presidente de la sociedad Burbarrel S.A. y uno de los impulsores del proyecto, quien sostuvo que la decisión judicial genera consecuencias económicas y sociales “concretas” y defendió la legalidad de la iniciativa.
Actualmente, la obra se encuentra detenida por una cautelar de 60 días hábiles que vence el próximo 31 de marzo. Tal como se informó, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur bonaerense —querellante en la causa— prevé solicitar una prórroga para incorporar nuevas pruebas vinculadas al valor histórico del predio.
Desde la empresa, sin embargo, aseguran que la paralización resulta injustificada. “Hoy tenemos una obra totalmente frenada a pesar de tener todos los cánones y obligaciones al día”, señaló Regalini. En ese sentido, afirmó que la medida ya impactó en el empleo: “Había 15 trabajadores en la obra todos los días que hoy no están trabajando, y unas 60 personas que tenían empleo asegurado para esta temporada”.
El empresario también planteó que el proyecto contemplaba una serie de intervenciones que quedaron en suspenso, entre ellas un plan de reforestación con 200 árboles, la apertura de un espacio de uso público, mejoras en la iluminación de la bajada a la playa y la realización de ferias para emprendedores de la zona sur. “Hoy tenemos que sostener costos incluso para cuidar un predio en el que no podemos avanzar. Es una situación difícil de explicar”, agregó.
Uno de los ejes centrales del descargo apunta a la discusión legal sobre el terreno. Regalini remarcó que el lote en cuestión no está identificado en la normativa nacional como un sitio donde hayan funcionado centros clandestinos de detención. “El predio es lindero al Faro de la Memoria, pero la ley es clara: no incluye este lote dentro de los espacios donde hubo centros clandestinos”, afirmó. Y agregó: “No estamos en contra de la memoria. Al contrario, creemos que se puede recuperar un lugar abandonado y generar trabajo al mismo tiempo”, sentenció.
La postura contrasta con la de la querella, que sostiene que el área debe entenderse como una unidad histórica vinculada al funcionamiento de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) durante la última dictadura, más allá de las divisiones catastrales actuales. En esa línea, busca reforzar su planteo con nuevas pruebas, testimonios y estudios técnicos —como relevamientos con georradar— para preservar el terreno ante la posibilidad de que existan elementos probatorios vinculados a causas por violaciones a los derechos humanos.
El conflicto, cabe recordarlo, también tiene un antecedente político. En agosto de 2024, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una ordenanza que autorizó el uso precario del predio para la instalación del emprendimiento gastronómico con destilería artesanal, bajo el argumento de que se trata de una parcela distinta a la del sitio histórico. Para la querella, en cambio, esa interpretación es errónea y reduce el debate a una cuestión formal.
Con la cautelar próxima a vencer, el expediente judicial atraviesa un momento clave. La definición sobre una eventual prórroga será determinante para el futuro inmediato del proyecto y para un debate más amplio que combina memoria, uso del suelo y desarrollo urbano en una zona sensible de la ciudad.