Por Sergio Salinas Porto

Fui administrador de la Unidad Turística Chapadmalal durante el gobierno de Alberto Fernández, con Matías Lammens al frente del Ministerio de Turismo y Deportes. Frente a las declaraciones de Guillermo Montenegro, no puedo quedarme callado. Tengo una responsabilidad con quienes trabajaron allí, con las familias que recibimos y con un patrimonio que pertenece a todos los argentinos y argentinas.

Montenegro afirma que “Durante años, el complejo sufrió el abandono y el deterioro”. Con esa frase pretende borrar una parte fundamental de su historia reciente: la recuperación de seis hoteles, la inversión pública, los servicios que funcionaban y los cientos de puestos de trabajo que sostenía el turismo social.

Los hoteles estaban abiertos y funcionando. El cierre vino después. Y ese orden de los hechos importa.

Durante nuestra gestión pusimos en valor seis de los nueve hoteles de Chapadmalal. Primero fueron los hoteles 1, 2 y 5; después, el 6 y el 7; finalmente, el Hotel 8, el último que entregamos recuperado. El Hotel 4 quedó al 80% de su obra y quedó abandonado por la actual gestión.

El Hotel 6 volvió a funcionar en julio de 2022, después de quince años cerrado, con una inversión de 185 millones de pesos de entonces. En enero de 2023 reabrimos el Hotel 7, con una inversión de 300 millones. Solamente esas dos reaperturas incorporaron 1.300 plazas.

Las intervenciones incluyeron instalaciones eléctricas y sanitarias, reparación de techos, carpintería, pintura, equipamiento y condiciones de accesibilidad. Hubo inversión, trabajo y una decisión política: recuperar la capacidad del Estado para garantizar el acceso a las vacaciones.

No eran hoteles preparados para una fotografía de inauguración. Los seis hoteles recuperados estaban en funcionamiento normal, con sus trabajadores y trabajadoras activos, recibiendo contingentes y prestando servicios.

Ese funcionamiento fue interrumpido por el cierre dispuesto durante la gestión de Javier Milei. El abandono que hoy Montenegro utiliza para justificar la concesión no describe cómo dejamos esos hoteles: describe lo que ocurrió después.

“Montenegro habla ahora de generar trabajo. Antes debería explicar qué hizo para defender el que ya existía.”

La responsabilidad de la administración nacional, con Daniel Scioli al frente de la política turística, debe quedar claramente establecida. También la responsabilidad política de Montenegro: su inacción frente al cierre, su falta de reclamo por la reapertura y su respaldo al rumbo que dejó a la Unidad Turística en las condiciones que hoy invoca.

No confundo las competencias. La administración del complejo corresponde al Estado nacional. Pero el intendente de General Pueyrredon tiene la responsabilidad de defender el trabajo, la actividad económica y los servicios de su distrito. Su posición frente a las decisiones nacionales también forma parte de su gestión.

Montenegro debe explicar por qué no defendió la continuidad de los hoteles cuando funcionaban y por qué ahora presenta su concesión como la salida al deterioro producido tras el cierre.

No puede acompañar una política que interrumpe el funcionamiento de Chapadmalal y después hablar del abandono como si no tuviera responsables.

Además, cuando hablamos de trabajo, sabemos de qué estamos hablando. La actividad de la Unidad Turística sostenía el empleo de sus aproximadamente 80 trabajadores y trabajadoras y de más de 400 personas contratadas por las empresas privadas que prestaban servicios en el complejo.

A eso se sumaba el movimiento comercial del barrio: compras, transporte, proveedores, ferias, emprendimientos y consumo de quienes llegaban a Chapadmalal. Cada contingente generaba actividad que se extendía más allá de los hoteles.

Detrás del cierre hubo salarios, familias y comercios afectados. Montenegro habla ahora de generar trabajo. Antes debería explicar qué hizo para defender el que ya existía.

También conviene aclarar algo que su discurso deja afuera: en Chapadmalal ya había participación privada.

El Estado aportaba la infraestructura hotelera, la administración y la recepción, mientras que empresas privadas prestaban servicios como la alimentación y limpieza. Había una articulación concreta entre el sector público y el privado, organizada alrededor de una finalidad social.

Por eso resulta engañoso presentar la inversión privada como un descubrimiento que vendría a resolver todo. La discusión es quién conduce el sistema, con qué objetivos, bajo qué condiciones y quiénes pueden acceder a sus prestaciones.

La Unidad Turística Chapadmalal.

Nosotros sosteníamos un modelo que permitía a familias trabajadoras, personas jubiladas, estudiantes y sectores populares disfrutar de vacaciones con alojamiento, comida y servicios de calidad.

Lo sé porque lo administré y porque conocí el esfuerzo cotidiano de quienes lo hacían posible.

Chapadmalal ofrecía infraestructura deportiva, playas accesibles, recreación, un museo histórico, cinco teatros, espacios para ferias artesanales, cafés y restaurante. También contaba con atención sanitaria las veinticuatro horas y farmacia. Esa atención alcanzaba, además, a vecinos y vecinas de la zona sur, que encontraban allí una respuesta a sus necesidades.

Reducir todo eso a edificios deteriorados permite esconder lo que se perdió con el cierre: una política pública, una comunidad de trabajo y un motor de actividad para el barrio.

Montenegro dice que se discuten dos modelos. En eso tiene razón.

Nosotros defendemos un modelo en el que el Estado invierte, mantiene su patrimonio, genera empleo y garantiza derechos. Un modelo donde el acceso al descanso también alcanza a quienes no pueden pagar unas vacaciones a precio de mercado.

El modelo que Montenegro respalda debe responder qué lugar reserva a esas personas. Porque una concesión puede atraer inversiones, pero eso por sí solo no garantiza turismo social ni asegura que las familias que antes recibíamos puedan volver.

Hay una discusión más amplia que los vecinos y vecinas de Mar del Plata conocemos. Cuando vemos el deterioro de espacios públicos como la Plaza del Agua y escuchamos propuestas para entregarlos a la explotación privada, tenemos derecho a cuestionar las prioridades de la gestión municipal.

Para muestra basta un botón, decía mi abuela. La Plaza del Agua nos obliga a preguntar qué hace el municipio para conservar lo que administra y por qué la participación privada aparece tantas veces como respuesta a problemas de mantenimiento que el propio gobierno tiene la obligación de resolver.

Mi crítica es política y es clara: el deterioro de un bien público termina convertido en argumento para justificar su explotación privada. Ese rumbo favorece los negocios de unos pocos y reduce la discusión sobre lo público a quién puede obtener rentabilidad de él.

Si Montenegro quiere defender ese camino, que lo haga de frente. Que explique quiénes se benefician, qué se exige a cambio y cómo se protege el interés de la comunidad. Los vecinos tienen derecho a conocer las condiciones, los controles y los beneficiarios de cada decisión.

Chapadmalal necesita inversión, mantenimiento, trabajadores en actividad y un proyecto que recupere plenamente su función social. Durante nuestra gestión demostramos que se podían recuperar hoteles, articular con empresas privadas, generar empleo y recibir a miles de argentinos y argentinas. Después llegaron el cierre y el abandono de la gestión de Milei.

Frente a eso, Montenegro eligió acompañar políticamente ese rumbo en lugar de ponerse al frente del reclamo por la reapertura.

Montenegro: los hoteles estaban funcionando. Había trabajadores, turistas y movimiento económico en el barrio. Su relato necesita omitirlo para presentar la concesión como una salvación.

Recuperar Chapadmalal también significa devolverles a las familias trabajadoras la posibilidad de entrar, alojarse y disfrutarlo. Ese es el compromiso que usted debe explicar si está dispuesto a asumir.