La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó este lunes que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, que el Gobierno impulsa para ser tratado en sesiones extraordinarias del Congreso, “es una necesidad fundamental para la Argentina”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la funcionaria sostuvo que la iniciativa apunta a cubrir un vacío en la respuesta estatal frente a delitos cometidos por menores. “El proyecto va a permitir abordar estos hechos y definir cómo debe actuar el Estado”, señaló.

Monteoliva remarcó que la Argentina se encuentra entre los países de la región con la edad de imputabilidad más alta. “En América del Sur, la mayoría de los países la fija entre los 13 y los 14 años”, indicó, al explicar el contexto regional en el que se inscribe la propuesta oficial.

La ministra subrayó que el proyecto no busca equiparar el tratamiento penal de menores y adultos. “Se trata de promover la reeducación. No es llevarlos a los mismos lugares de detención que los mayores”, aclaró, y advirtió que ese enfoque exige infraestructura específica y coordinación con las provincias.

En ese sentido, sostuvo que el Estado debe contar con espacios adecuados para el alojamiento y seguimiento de los menores alcanzados por el régimen. “Eso implica una exigencia concreta de articulación con todas las jurisdicciones”, afirmó.

Monteoliva también vinculó la iniciativa con el accionar del crimen organizado. Dijo que los menores se han convertido en “el combustible” de esas estructuras y que el objetivo es desalentar su uso mediante sanciones claras. “Hay que inhibir el reclutamiento con la certeza de que va a haber una consecuencia”, explicó.

Por último, señaló que el proyecto distingue entre distintos tipos de delitos. “No es lo mismo matar o violar que robar una bicicleta”, afirmó, y precisó que la propuesta contempla penas alternativas y respuestas diferenciadas según la gravedad de cada hecho.