Por Guillermo Castello (*)

El gobierno nacional aprobó recientemente un proyecto de exploración sísmica en tres áreas de la denominada Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental Argentina, lo que ha generado una serie de impetuosas reacciones negativas, tanto a nivel social como político, que requieren algunas precisiones.

En primer lugar, lo que aprobó la reciente resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un plan de exploración sísmica y no de explotación petrolera, como falsamente se difundió inicialmente. La exploración sísmica, tiene como objetivo identificar posibles yacimientos de gas o petróleo para su eventual explotación, con lo cual, para empezar, podría ocurrir que no se encuentren, en cuyo caso no habrá explotación alguna (como cuando en 1996 Shell perforó el pozo Pejerrey a 180 kms de Mar del Plata y no obtuvo resultados), o que se encuentren, en cuyo caso se presentará oportunamente la posibilidad de formular las discusiones necesarias.

En todo caso, éstas exploraciones se realizan costa afuera en nuestro país al menos desde 1950, siendo la última, por ejemplo, la realizada en la Cuenca Malvinas Oeste entre fines del 2020 y principios del 2021.

En este caso, dicha exploración o relevamiento se llevará a cabo cabo en aguas federales, 307 km al sudeste y 400 km al sur de la costa marplatense, y estará a cargo de una empresa noruega, Equinor, fundada hace 50 años, con múltiples proyectos en el mundo, incluyendo ocho en nuestro país, en cuatro de los cuales está asociada a la mismísima YPF “nacional y popular”.

El proyecto de Equinor fue presentado dentro del marco jurídico diseñado por el Estado argentino para recibir propuestas de este tenor. Es decir, no es una empresa que aparece unilateralmente a “depredar” recursos locales sino una que responde a una iniciativa pública.

En el proceso de aprobación del proyecto de la empresa se realizaron audiencias públicas en las que participaron al menos 400 personas, incluyendo representantes sindicales, empresariales, científicos, ambientalistas y abogados especializados, hace ya más de seis meses, quienes pudieron expresar sus posiciones, todo lo cual fue cubierto por los principales medios de comunicación nacionales, a la vez que las opiniones de los participantes se encuentran fácilmente ubicables en la página del ministerio.

Hasta aquí es claro que: No hay “explotación” petrolera. No fue una decisión tomada “de un día para otro” o “de la noche a la mañana”. No habrá plataforma “en la costa” marplatense. Además, según estimaciones de la propia YPF, el proyecto requeriría inversiones aproximadas de US$ 6.000millones con unos 22.000 puestos de trabajo directos, a los que habrá que sumar los empleos indirectos y el fuerte impacto positivo para múltiples pymes locales.

A caballo de los más trillados e infantiles lugares comunes (las empresas extranjeras son malas, a las petroleras solo les interesa saquear recursos y todo lo que hagan afecta el medio ambiente siempre, Greenpeace es buena y siempre dice la verdad) nuestros dirigentes han asumido posiciones políticas irresponsables, abdicando de su deber de informar e ilustrar a la comunidad y acurrucándose en la siempre calentita corrección política.

Desde el intendente Montenegro, que anunció irreflexivamente acciones judiciales contra un proceso que nunca objetó y en el cual nunca intervino a pesar de haber sido público en todo momento, hasta los demagogos que proponen una consulta popular, como hacen siempre cuando una decisión no les gusta y no saben como frenarla.

A riesgo de recibir la ridícula acusación de ser lobbista de empresas petroleras, y a pesar de las oceánicas diferencias que me separan de los gobiernos kirchneristas, estoy convencido de que no puede haber grieta ni tratamiento emocional cuando se trata de acciones de progreso que desarrollan todos los países serios del mundo y que conllevan múltiples beneficios para las comunidades.

(* ) Diputado provincial avanza República