A pesar de haber reconocido avances en los últimos meses, no hubo acuerdo entre la Provincia y el Municipio por el conflicto de Punta Mogotes y ahora el juez Simón Isacch deberá decidir si da lugar a la cautelar que busca frenar el proceso de licitación de los 24 balnearios.  

En la cuarta y última audiencia de conciliación celebrada el 31 de agosto –las anteriores reuniones se habían llevado a cabo el 30 de junio y el 4 y 18 del mes pasado-, las partes habían solicitado un nuevo plazo para “continuar con las tratativas” y “cerrar un acuerdo”. En virtud de ello, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 otorgó 72 horas, pero finalmente no se arribó a un entendimiento.

“Agotadas las instancias de negociación, ahora estamos esperando que defina el juez”, coincidieron fuentes de la Provincia y del Municipio consultadas por LA CAPITAL.

De esta manera, Isacch reanudó los plazos procesales y se aguarda próximamente una resolución respecto a la cautelar que presentó el Municipio a mediados de este año para detener el proceso de licitación de los balnearios de Punta Mogotes anunciado por la Provincia.

También queda pendiente una decisión sobre la demanda principal, con la cual la comuna busca cancelar la deuda con la Administración Punta Mogotes (APM) para avanzar así con el traspaso del complejo turístico a la órbita local.

El conflicto

Punta Mogotes está a cargo de la APM hace más de cuatro décadas. El ente está conformado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por la comuna.

El Municipio inició un reclamo en agosto de 2024 para recuperar el control de los balnearios, situación que fue rechazada por la Provincia y motivó una demanda judicial.

En mayo de este año, el gobierno a cargo de Axel Kicillof anunció el inicio de un proceso que, en principio, culminaría con el traspaso del complejo Punta Mogotes de la órbita bonaerense a General Pueyrredon.

A su vez, la administración provincial confirmó la prórroga de las concesiones hasta abril de 2027, reveló la apertura de una licitación pública para ejecutar “obras de modernización integral” y anticipó que el Municipio recibirá el complejo una vez que concluyan las intervenciones previstas en el nuevo esquema licitatorio.

Sin embargo, la gestión local rechazó la propuesta y presentó ante la Justicia un recurso para que se frene la compulsa y cualquier innovación sobre el predio hasta que se resuelva la cuestión de fondo en sede judicial.