Durante los primeros cuatro meses de 2014 habían aumentado los secuestros virtuales en Mar del Plata. Por esos días, efectivos policiales especializados en el tema investigaban la totalidad de los hechos para dar con sus autores: las víctimas formaban parte de al menos 30 familias distintas, a quienes los delincuentes les habían robado miles de dólares y pesos.

A fines de abril, una mujer se presentó en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y dijo que su hijo había modificado diametralmente su comportamiento. Según expresó, el joven ahora se juntaba con un grupo de personas de la comunidad zíngara vinculadas a casos de secuestros extorsivos y gastaba grandes cantidades de dinero, cuya procedencia no podía justificar.

"Ayúdenme, prefiero que esté preso a que lo maten", dijo, acompañada por su marido, con quien manifestó estar separada de hecho. Su marido era el defensor oficial Eduardo Carmona.

Los uniformados, a cargo de la oficial Paola Reynaldo, le dijeron que no podían tomarle declaración formal porque ninguna madre puede denunciar a su hijo, según figura en el artículo 234 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la mujer insistió y pidió que no fuera expuesta su verdadera identidad, por temor a represalias de los sospechosos. Luego, se dirigió a la Fiscalía de Andrea Gómez, quien decidió iniciar una causa en base a sus dichos pero sin exhibir su nombre, y ordenó la detención e imputación del joven, Ian Iglesias Hachmann.

Los secuestros en Mar del Plata mermaron un tiempo, aunque luego se reiniciaron por el accionar de otra banda. Iglesias Hachmann declaró ante la fiscal Gómez y contó cómo era la modalidad de las estafas y las extorsiones, y quedó detenido con prisión preventiva junto a un gitano que también estaba imputado en la causa.

Sin embargo, la madre de Hachmann reapareció en escena y se presentó ante la Justicia de Garantías, diciendo que ella había apuntado contra su hijo y pedía ahora una nueva oportunidad para que fuera liberado. La solicitud fue realizada por el defensor y padrastro del joven, Eduardo Carmona.

Al establecer que efectivamente la mujer había sido la precursora de la denuncia contra su propio hijo, la jueza Bustos declaró nulo el procedimiento y dictó el sobreseimiento de Hachmann.

La fiscal Gómez, acompañada por el fiscal general adjunto, Oscar Deniro, apeló el fallo y dijo que la magistrada "se hizo eco sólo de la fría letra del artículo 234 del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta el plexo normativo y argumental que debe aplicarse".

Finalmente, la Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de Hachmann y exhortó al Ministerio Público a investigar el accionar de la fiscal Andrea Gómez, del defensor oficial Eduardo Carmona, y de la policía Paola Reynaldo, en el marco de la causa que consideró viciada de nulidad.

El fallo

El fallo firmado por los jueces Marcelo Riquert, Javier Mendoza y Esteban Viñas le dio la razón a la jueza Bustos y sobreseyó a Iglesias Hachmann de los delitos de "asociación ilícita" y "extorsiones reiteradas" por considerar nulo el procedimiento de detención e imputación.

En el fallo al que tuvo acceso LA CAPITAL, los camaristas consideraron válido el argumento que utilizó la magistrada para dictar resolución. Para Bustos, existió una clara violación al artículo 234 del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la investigación de la fiscal Gómez se iniciara a raíz de la presentación de la madre de Hachmann en la Delegación Departamental de Investigaciones, donde la mujer pidió ayuda para que su hijo fuera "preso antes de que lo maten".

De acuerdo a la reconstrucción del caso, la policía interceptó a Hachmann a bordo de un automóvil marca Peugeot 207 cuyo costo rondaba los 230.000 pesos. En su interior, había dinero, teléfonos celulares y joyas que, presuntamente, pertenecían a al menos 23 damnificados por secuestros virtuales.

Dicho procedimiento, que permitió la detención de Hachmann, quedó nulo cuando se estableció que la causa se había iniciado por la denuncia encubierta de su madre. Ahora, la Cámara de Apelaciones fue más allá y apuntó contra la tarea de la fiscal Andrea Gómez, al considerar que puede haber incurrido en los delitos de "instigación a la falsedad ideológica de instrumento público, falsedad ideológica de instrumento público, en concurso ideal a su vez con el abuso de autoridad".

En tanto, a la policía Reynaldo le endilgaron la "posible comisión de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de autoridad".

Finalmente, solicitaron investigar también el rol que cumplió Eduardo Carmona, quien como defensor oficial tenía la obligación de denunciar a Hachmann, ya que además de su cargo no es el padre biológico del entonces acusado. Por eso, los camaristas consideraron que habría incurrido en los delitos de "prevaricato por defensa de intereses encontrados, en todos los casos con independencia de las irregularidades funcionales que en sede administrativa debieran investigarse".

Al dictarse el sobreseimiento de Hachmann -ahora defendido por la letrada Romina Merino- y del otro joven que estaba detenido, los abogados de los damnificados -uno de ellos sufrió un ACV tras los hechos- estudian apelar nuevamente el fallo ante la Cámara de Casación, lo cual sería acompañado (casi obligatoriamente) por el Ministerio Público Fiscal.