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08-10-2015

Condenan a psicóloga por alterar prueba que inició causa por abuso

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Tandil condenó a la psicóloga Daniela Lezcano por ?falso testimonio agravado y falsificación de documento privado en concurso real?, a la pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y seis años para ejercer su profesión.

Los jueces Guillermo Arecha, Carlos Alberto Pocorena y Gustavo Echeverría resolvieron condenar por unanimidad a la psicóloga Daniela Lezcano, por considerarla culpable de haber alterado un dibujo efectuado por una nena a la que atendió y a partir del cual se inició una investigación por presunto abuso sexual contra el padre de la niña.

Lezcano recibió una pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y seis años para ejercer su profesión.

El fiscal Marcos Eguzquiza había solicitado una condena de tres años de prisión condicional, seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos y ocho para desempeñar su profesión; mientras que el defensor, Carlos Alberto Zimerman, había pedido la absolución y anticipó que apelará el fallo.

La psicóloga siempre proclamó su inocencia respecto de los cargos que se le imputaron y aunque reconoce que los dibujos fueron alterados, afirma que ella no lo hizo y pidió que se investigue la autoría real de esa falsificación, considerándose perjudicada por el hecho.

Días atrás, en el marco de un raid mediático mientras se desarrollaba el proceso, Lezcano argumentó que ?este juicio es una bisagra para que no se repita la persecución judicial a ningún otro profesional que trabaje en la visibilización del delito de abuso sexual infantil con el fin de acallarlo?. Lezcano contó con adhesiones y apoyos de algunos sectores que atacan la teoría del Síndrome de Alienación Parental (SAP), como una herramienta para encubrir abusos.

La psicóloga incluso tuvo dos Amicus Curiae en adhesión a su persona y labor en pos de los derechos de los niños vulnerados por el delito de abuso sexual. Ambas presentaciones fueron realizadas por el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casadicn) y el Colectivo Nacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.

De todas maneras, Daniela Lezcano fue inhabilitada por el Colegio de Psicólogos al que pertenece, e incluso no cuenta con demasiado apoyo de sus pares del ámbito local.

El caso

En 2010 una menor, después de un año y medio de terapia, llegó a su sesión semanal con un hematoma a la altura de la cadera y le relató a la profesional que se había golpeado en una situación de forcejeo.

?Me cuenta que su padre la había querido abusar. Le informé a la madre de la situación, le entregué los dibujos que su hija había hecho en terapia y ella los llevó a la Comisaría de la Mujer, donde realizó la denuncia. El equipo técnico del Juzgado de Familia evaluó a la nena, establecieron que había indicadores de abuso sexual y le impusieron una restricción de contacto al padre?, repasó Lezcano en diálogo con distintos medios de comunicación durante estos días.

En 2011 el fiscal Eguzquiza le notificó que era investigada por falso testimonio y falsificación de instrumento privado.

?La acusación radica en que yo tergiversé o toqué los dibujos. Uno de ellos estaba completo: había caras tristes y una casa, que la criatura no había hecho porque sus trazos eran mucho más básicos. Pero yo tampoco lo hice?, señaló la profesional.

Ante la posibilidad de que Lezcano hubiera inducido a la menor a denunciar a su padre, el caso fue elevado a juicio y el fiscal solicitó una condena de ejecución condicional y la inhabilitación para ejercer como psicóloga.

?Hay que fijarse bien en qué manos estuvieron los dibujos, ya que pasaron un año y medio sin cadena de custodia en la Comisaría de la Mujer?, indicó.

Actualmente, Lezcano continúa trabajando a pesar de que en 2012 el Colegio de Psicólogos del Distrito Ocho, al cual pertenece, le impuso como sanción administrativa el bloqueo de su matrícula y la inhabilitación para ejercer por dos años.