El intendente Carlos Arroyo esperó el reinicio de la feria judicial para plantear en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires nuevos hechos vinculados a la bonificación docente.

Según trascendió de altas fuentes municipales, el jefe comunal puntualizó que el Concejo Deliberante no consideró el pago de ese beneficio ni estableció un mecanismo de financiación para su liquidación.

El cálculo de gastos y recursos de 2019 fue aprobado por mayoría recién el 18 de julio. Pero el cuerpo todavía no sancionó las ordenanzas fiscal e impositiva. La semana pasada, el intendente señaló en una entrevista que el cuerpo deliberativo no había contemplado la bonificación docente. Y esa es la advertencia que habría trasladado a la Corte.

La nueva presentación, en el marco de la causa por presunto conflicto de poderes, ampliaría el informe del contador municipal, Guillermo Costanzo, con la documentación que demostraría que, a los fines presupuestarios, nunca se consideró que la bonificación debía liquidarse por 35 horas semanales.

El Ejecutivo argumenta que, a partir del decreto 2272/18, reguló el pago de la bonificación a la cantidad de horas trabajadas por el personal docente y dejó de lado una práctica irregular por la que se abonaban siete horas cuando trabajaban cinco.

También sostiene que el Concejo pretendió retrotraer el decreto a través de una ordenanza, pero que “pagar la bonificación por horas no trabajadas” implicaba “afectar el presupuesto municipal”, señalaron las fuentes.

También recordaron que antes los incrementos salariales docentes “eran afrontados con fondos nacionales y provinciales y mediante el uso de fondos afectados”, situación que “fue remediada” por el decreto del intendente.