Tras la difusión de los datos provisorios de 2022, el intendente Guillermo Montenegro solicitó a la Justicia Federal nuevas medidas de prueba en la causa que investiga la posible adulteración del Censo 2010 de La Matanza.

El jefe comunal consideró en el escrito presentado la semana pasada que debería requerirse un informe al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) “a fin de corroborar cada una de las cifras” del distrito el Gran Buenos Aires.

“En fecha reciente, han tomado estado público los resultados provisorios del Censo Nacional 2022, de los que se desprende que el municipio de La Matanza –mayor distrito de la Provincia de Buenos Aires– ha tenido en doce años un crecimiento muy inferior al del resto de los municipios y sensiblemente menor al proyectado oportunamente”, señala el intendente.

“De los datos proporcionados por el Indec surge que la cantidad de habitantes de ese distrito al año 2010 era de 1.775.816, en tanto en el año 2022 es de 1.837.774, lo que significa un incremento de solo 61.958 personas”, agrega.

Montenegro menciona que la cifra de habitantes proyectada para el año pasado era de 2.374.149, es decir, más de 500 mil habitantes por encima del que dio el último censo.

Según el intendente, estos números confirman la hipótesis de investigación, que es “la posible adulteración de los registros recabados por el Indec durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, con el consecuente impacto en la distribución de la coparticipación secundaria entre la Provincia de Buenos Aires y los municipios que la conforman”.

En ese sentido, “se impone la continuidad” del proceso judicial y “la producción de las medidas de prueba sugeridas” por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, indicó Montenegro.

La causa, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11, se inició en abril de 2022, cuando Valenzuela presentó la denuncia.

El jefe comunal de Tres de Febrero subrayó que se detectaban “distorsiones inexplicables” si a los datos de población de La Matanza se los contrastaba con otros registros, también de carácter público y confeccionados por otros organismos oficiales, como la población vacunada según el Ministerio de Salud o los electores habilitados a emitir sufragio según la Cámara Nacional Electoral.

Luego, Montenegro se presentó como querellante al advertir que “el Municipio de General Pueyrredón podría ser damnificado por la indebida distribución de los fondos mencionados, dispuestos en beneficio de La Matanza y en detrimento de los demás que conforman la Provincia de Buenos Aires”.

“Sin demasiado esfuerzo se verifica que el Partido de La Matanza muestra una proporción inusualmente baja de la matrícula educativa en relación con su población total, sin existir una justificación objetiva que la sustente frente a la homogeneidad de los números de los restantes municipios”, había indicado Montenegro cuando se sumó a la denuncia de su colega del PRO.